SEÑOR DIRECTOR:

La decisión de aplicar descuentos obligatorios a las y los profesores que participaron en el reciente paro nacional ha generado legítima preocupación. Tal como expresó Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, se desconoce la disposición del gremio a recuperar las clases, algo que incluso ha sido reconocido por dictámenes anteriores de la propia Contraloría.

No me sorprende la actitud de la UDI y su presidente, Guillermo Ramírez, históricamente contraria a los derechos de las y los trabajadores, lo que sí inquieta son las señales que ha dado la Contraloría en el último tiempo, primero al eliminar el principio de confianza legítima para trabajadores a contrata, y ahora al exigir descuentos a profesores que se manifestaron legítimamente. Castigar la movilización social, mientras se invisibilizan sus causas, solo debilita la educación pública y la legitimidad de nuestras instituciones.

Boris Barrera M.

Diputado