La investigación de la Fiscalía Oriente se inició tras una querella interpuesta el pasado 3 de febrero por el Servicio de Impuestos Internos (SII), ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal por presunto delito tributario -cuyo perjuicio fiscal, según el libelo, llegaría a los $ 255 millones- abrió la puerta para que el Ministerio Público iniciara una completa indagatoria contra Filomena Narváez Elgueta, fundadora y primera rectora de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit) y representante legal de la inmobiliaria Iberoamericana S.A, según la querella.

Si bien esta casa de estudios no formó parte de los planteles investigados en la arista lucro -que se apronta a llegar a su fin, por no estar tipificado como delito-, el SII estableció que utilizó mecanismos similares a otros 12 planteles indagados en esa causa para realizar traspasos de dinero, según aseguran fuentes de la fiscalía.

En dicho proceso, aclaran las mismas fuentes, el Ministerio Público investigó los pagos que universidades realizaban a empresas inmobiliarias -que en muchos casos dependen de los mismos dueños de las casas de estudios- por concepto de arriendo de instalaciones para ejercer sus labores educativas.

Fue este mismo hecho el que llevó al Servicio de Impuestos Internos a iniciar una indagatoria por supuesta evasión tributaria. Así, del análisis contable realizado a la Inmobiliaria Iberoamericana S.A., entre los años tributarios 2009, 2010 y 2011, se detectó que la empresa representada por Narváez Elgueta eventualmente "omitió maliciosamente la presentación de Formularios 22, sobre declaración de impuestos a la renta, no obstante que se encontraba obligada por ley a hacerlo".

Otro foco de análisis del SII fue lo ocurrido en el año tributario 2015, donde estableció que la empresa "presentó una declaración anual de Impuestos a la Renta maliciosamente incompleta".

Los delitos tributarios imputados por el organismo corresponden a presuntas y maliciosas declaraciones incompletas o falsas y la omisión de declaraciones exigidas por las leyes tributaria. Para el primer caso, la pena asociada comienza en 541 días y puede llegar a cinco años de cárcel. El segundo, aplica una multa que puede llegar al 300% del impuesto que se trató de eludir.

Perjuicio fiscal

Uno de los puntos que estudió Impuestos Internos fue el vínculo que mantenía la inmobiliaria con la Universidad Iberoamericana.

Hugo Cárdenas Narváez, socio de la Inmobiliaria Iberoamericana S.A., declaró ante el Departamento de Delitos Tributarios del SII el pasado 10 de febrero de 2015. Según detalla un informe del SII, el empresario dijo "que los inmuebles que son ocupados por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología para llevar a cabo sus clases, son de propiedad de Inmobiliaria Iberoamericana S.A., por lo que dicha universidad efectuó pagos y transferencias a aquellas".

En vista de este nuevo antecedente, el organismo requirió información relativa a los contratos celebrados entre la inmobiliaria y la casa de estudios. También "a los pagos efectuados durante los años tributarios objeto de la revisión, información en virtud de lo cual se determinó que entre los años tributarios 2009, 2010 y 2011, la contribuyente Inmobiliaria Iberoamericana S.A. percibió ingresos por la suma de $ 845.400.014 motivo por el cual se encontraba obligada (...) a presentar las correspondientes declaraciones de Impuestos a la Renta, obligación que fue incumplida deliberada y reiteradamente".

Según el SII, "las conductas señaladas han causado un perjuicio al interés fiscal, por concepto de Impuesto a la Renta, cuyo monto total actualizado a junio de 2015 asciende a la suma de $ 255.273.448". Estos antecedentes ya fueron enviados a la Fiscalía Oriente por parte del Cuarto Juzgado de Garantía.

Entre las diligencias que solicitó el SII al Ministerio Público, se encuentra la citación de la fundadora de la casa de estudios, Filomena Narváez Elgueta y el interrogatorio a los socios de Inmobiliaria Iberoamericana S.A.