TRAS UNA investigación sumaria, la Fiscalía Naval aludió al buque Mimosa, al capitán del remolcador, al práctico del puerto y a la empresa ENAP como responsables del derrame de petróleo que afectó a la bahía de Quintero en septiembre pasado. La mayor sanción establecida por la entidad recayó sobre la compañía estatal, la cual tendría que pagar $450 millones, mientras que los otros involucrados -con excepción del práctico- recibieron una multa de $360 millones. Además determinó que el vertimiento de petróleo al mar fue de 38 mil litros, casi el doble de lo que había informado la refinería.

Desde un principio ENAP ha negado su responsabilidad en lo ocurrido, sin embargo, la fiscalía sostiene que hubo fallas de procedimiento por parte de la empresa, como no cumplir con los protocolos definidos por la Armada para los procesos de descarga ni contemplar medidas específicas para evitar riesgos de contaminación en este tipo de maniobras. Si bien la compañía estatal  anunció que apelará a la resolución -lo cual está dentro de sus prerrogativas-, es importante que ésta se haga cargo de las deficiencias que señala el informe, extraiga las lecciones de lo sucedido y adopte todos los resguardos necesarios para que a futuro no se vuelva a repetir una situación similar.

Porque más allá de la cuota de responsabilidad que el organismo de la Armada haya asignado a cada una de las partes que participaron en este fallido procedimiento, lo fundamental ahora es que todas los involucrados concentren sus esfuerzos en solucionar el grave daño ambiental que provocó el derrame en esa zona, y que también se pueda mitigar el negativo impacto que ha tenido este episodio para los pescadores artesanales que allí trabajan. En este sentido, cabe consignar que el documento de la fiscalía reconoce que Enap actuó con rapidez para intentar morigerar los efectos del derrame de petróleo.