La decisión de la Tesorería General de la República (TGR) en orden a embargar las cuentas de unas 1.500 personas para cobrar saldos adeudados por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una serie de cuestionamientos en el mundo político, especialmente en sectores de oposición, que han denunciado la injusticia y falta de “humanidad” de la medida. Asimismo, han circulado testimonios de quienes alegan que sin aviso previo sus cuentas fueron “vaciadas” por la Tesorería, en tanto que otros se han quejado de que los segmentos que fueron indicados por la propia autoridad -en orden a que los cobros en esta primera etapa se harían a personas con ingresos superiores a los $5 millones mensuales- no fueron respetados.

De acuerdo con lo informado por la TGR, la mayoría de los deudores que han sido objeto de procedimiento de embargo corresponde a personas con ingresos superiores a $3 millones mensuales, lo que de ser efectivo constituiría un cambio de criterio respecto de lo que originalmente se habría informado; también hay voces que han representado sus dudas respecto de este procedimiento de cobro para deudores CAE, toda vez que ello se asimila a procedimientos para impuestos adeudados, lo que no sería el caso aquí, por tratarse de un crédito, si bien es la propia ley la que da a Tesorería amplias facultades de cobro, no solo en el caso de tributos. Es una materia que en caso de divergencias podrá ser discutida en tribunales, pero de lo que no puede haber duda es que existe una obligación que está morosa, y que producto del impago ha sido absorbida por el Estado. Son finalmente recursos de todos los chilenos que en la medida que dejen de cobrarse restan a su vez capacidad al Estado para financiar otros beneficios sociales.

Los montos del CAE que están en mora son cuantiosos: superan los 4 billones de pesos, existiendo del orden de 550 mil personas morosas. Si es que ha sido necesario activar procedimientos especiales de embargo es porque estas obligaciones se dejaron de pagar a pesar de que el sistema contempla alternativas para repactar dichas deudas en condiciones favorables, de modo que la principal responsabilidad por lo que está sucediendo recae en los propios deudores. Ya en abril la TGR anunció que comenzaría a cobrar el CAE, y fue así como más de 32 mil personas alcanzaron convenios de pago, de modo que el argumento de que no hubo ningún aviso previo resulta improcedente, y aun si no hubiese mediado ninguna advertencia, la obligación de cada deudor de estar al día en sus compromisos no se extingue. Por ello el anuncio de sectores de oposición de impulsar un improvisado proyecto de “sueldos protegidos” solo responde a pulsiones populistas, que insiste en alentar la cultura del no pago.

Es un hecho que muchas personas se acostumbraron a la idea de que incumplir sus obligaciones con el CAE no tenía consecuencias, lo que fue potenciado ante el anuncio del gobierno anterior de que condonaría las deudas en virtud de este crédito, disparando la tasa de incumplimiento. Más allá de que este proceso pudo haberse hecho de una manera más prolija, el hecho de que la autoridad ahora tenga la voluntad de hacer cumplir la ley no puede ser reprochado, y ante la sola señal de ello es posible que muchos deudores se acerquen a buscar soluciones, lo que sería una ganancia para el país.