Las menguadas cifras de actividad económica y desempleo al cierre del primer trimestre han dejado ciertamente un preocupante balance, que recuerda los enormes desafíos que aún enfrenta el país para poder transitar por la senda de la reactivación. El Imacec de marzo registró una disminución de 0,1% en 12 meses, la que se suma a las caídas de febrero (-0,3%) y enero (-0,5%), todo lo cual ha llevado a una caída de -0,3% en los primeros tres meses del año. El resultado de marzo tomó por sorpresa al mercado, en parte apostando al cambio de expectativas por la llegada del nuevo gobierno, lo que ya venía anticipándose desde el año pasado, con notables resultados en el mercado bursátil y cifras que en materia de inversión comenzaban a dar señales auspiciosas. El hecho de que 2025 cerrara con un crecimiento de 2,5%, una cifra aún baja, pero algo mejor que los años anteriores, también contribuyó a alimentar mejores perspectivas para este año, las que a la luz de estos resultados claramente comienzan a disiparse.

La crisis en el mercado del petróleo que ha generado la guerra entre Estados Unidos e Irán y los imprevisibles efectos que ello podría tener para la economía internacional ha sido un factor que complica aún más el escenario para nuestra economía. Un crecimiento de 2% para este año ya se observa más lejano, y las apuestas del mercado parecen situarse más cerca del 1,5%, lo que de terminar confirmándose llevarían a que sea otro año perdido en materia de actividad.

El cuadro de menor crecimiento inevitablemente ha deteriorado aún más las cifras de empleo. El último reporte del INE -que abarca el trimestre enero-marzo- indica que la tasa de desocupación escaló a 8,9%, completando 39 meses consecutivos con niveles de desempleo de 8% o más, graficando que en materia de empleo el país sí vive una suerte de emergencia que algunos sectores aún se niegan a reconocer. Se trata, además, de una realidad que sobre todo ha golpeado a las mujeres, pues el desempleo femenino llegó al 10%.

Todo este conjunto de cifras que hemos conocido el primer trimestre da cuenta del negativo legado que dejó el gobierno del Presidente Boric en materia económica -a ello se añade el fuerte deterioro de las cuentas fiscales-, y que reafirman la urgencia de poner al crecimiento económico como el eje de la discusión pública para este año. Las cifras del primer trimestre solo vienen a confirmar que el cambio de expectativas por sí solo no bastará para producir un punto de inflexión, lo que hace inevitable introducir desde ya reformas estructurales, porque mientras más se dilaten mayor será el tiempo que tomará revertir este sombrío escenario, y el costo de ello lo terminará pagando la propia población.

La propuesta para la reconstrucción nacional que ha hecho el gobierno del Presidente Kast es un paso en esa dirección, y aun cuando puede haber diversos aspectos que requerirán ser ajustados en el trámite legislativo, es lamentable observar que en sectores de la izquierda la principal preocupación parece estar en propinar una derrota política al gobierno -decidor es que diputados del PC hayan amenazado con “inundar” de indicaciones el proyecto, con el solo efecto de dilatarlo lo más posible-, antes que asumir una actitud proactiva coherente con el desafío que está en juego. También es criticable la actitud del PDG de aprovechar el debate para posicionarse políticamente. Quebrar la tendencia que ha venido mostrando la economía chilena en la última década -donde el crecimiento promedio apenas ha alcanzado un 2,1%, contrastando con lo observado en la década entre 2004 y 2013, con una tasa de crecimiento promedio del PIB real de 4,8%- es el gran reto que enfrenta hoy nuestra clase política.

El crecimiento económico ha sido la llave maestra para que millones de chilenos hayan salido más rápidamente de la pobreza. Estudios muestran que a la hora de explicar la disminución de la pobreza entre 1990 y 2022, el 58% es atribuido a un aumento de los ingresos del trabajo, lo que a su vez estuvo fuertemente impulsado por las vigorosas tasas de crecimiento en parte importante de dicho período, todo ello complementado con políticas sociales robustas y sobre todo focalizadas en los sectores más vulnerables.

Revertir las cifras de desempleo es también otro desafío que las fuerzas políticas no pueden seguir eludiendo, y en ello no solo es clave atender al crecimiento, sino también evitar seguir incrementando los costos laborales, que ha sido la tónica del último tiempo. Medidas como la disminución por ley de la jornada de trabajo, y el fuerte aumento que ha experimentado el salario mínimo, si bien pueden ser percibidos en la sociedad como grandes conquistas, en el debate público se han ocultado del todo las previsibles consecuencias que esto también ha tenido en materia de empleo, al encarecer la contratación, sobre todo en los segmentos de aquellos más jóvenes y mujeres. El salario mínimo -según datos de LyD- ha crecido 17% real en los últimos tres años, mientras que el crecimiento promedio de la productividad laboral entre 2018 y 2025 apenas llega al 1,4% anual, desalineamiento que indudablemente ha tenido repercusiones en el mercado laboral.

Son antecedentes que deberían tenerse presentes en la discusión que comenzará en el Congreso, donde se debatirá la propuesta de salario mínimo que formuló el gobierno, planteando un reajuste de 4% -en línea con las expectativas de inflación para este año-, muy alejado de lo que aspira la CUT, que propone un alza de 18%. Es claro que sigue habiendo importantes dosis de irresponsabilidad o falta de realismo en algunos sectores, pero los legisladores serán quienes tendrán en sus manos la tarea de dar con una fórmula razonable que evite seguir por la senda de destruir más empleo.