El Congreso acaba de renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, constituyendo la segunda vez que ello tiene lugar bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, pese a que la medida encontró amplio respaldo, esta vez las voces críticas se multiplicaron más que en otras oportunidades. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, el Frente Amplio se abstuvo, en tanto que algunos diputados oficialistas fueron especialmente duros con el gobierno, enrostrando que esta medida sigue siendo insuficiente; a su vez, parlamentarios del Partido de la Gente señalaron que sería la última vez que votarían a favor, en la medida que no haya una hoja de ruta más clara del gobierno.

Si bien el Ejecutivo ha expresado su voluntad de mantener por ahora esta medida de excepción -que facilita el despliegue de fuerzas militares en la zona, para apoyar la labor que realiza Carabineros-, el ministro de Defensa también ha indicado que el estado de excepción -que lleva aplicándose de manera ininterrumpida desde mayo de 2022- no puede volverse una medida permanente -que además desvía a las Fuerzas Armadas de su rol central-, y que la idea es ir desescalando para que la seguridad sea asumida íntegramente por las vías tradicionales. Parece haber confianza en el gobierno que la disminución de hechos violentos en la Macrozona Sur permite visualizar un escenario donde si bien la violencia sigue estando presente, esta podría ser abordada mediante la presencia policial y una persecución penal robustecida, lo que en principio es una buena señal.

Aun cuando es razonable plantearse como objetivo que el país debe ir normalizándose y que los estados de excepción previstos en la Constitución no se naturalicen, es un hecho que la decisión de retirar los militares será previsiblemente más compleja de lo que han previsto las autoridades. La propia población de las zonas bajo estado de excepción siente más seguridad con la presencia militar, y distintos gremios empresariales han hecho planteamientos en la misma dirección. Solo hace unos días se registraron graves incidentes en Ercilla y Collipulli, con el robo de maquinaria y quemas, lo que ha sido un recordatorio de que la violencia de carácter terrorista sigue latente.

La siguiente oportunidad que corresponda solicitar la prórroga del estado de excepción se estarán cumpliendo cuatro años consecutivos de esta medida, de modo que si el Ejecutivo sigue manteniendo la convicción de que lo que corresponde es ir desescalando, lo razonable es que para entonces ya exista algún plan bien estructurado que permita iniciar este debate en el país, y evaluar si están las condiciones para ello. Fundamental será, entre otros aspectos, que se precise con claridad si aumentará la dotación policial en la zona, y cómo se compensará a aquellas regiones que vean disminuidos el número de carabineros para reforzar la Macrozona Sur.

También parece necesario que se clarifique qué autoridades serán las encargadas de llevar adelante este proceso. La voz predominante parece ser de momento la de Defensa, cuando lo razonable sería que quedara en manos de Seguridad e Interior.