Reviste un hecho de la máxima relevancia el operativo que la PDI, en conjunto con Carabineros y personal del Ejército llevaron a cabo en horas de la madrugada en la localidad de Temucuicui (Región de La Araucanía), donde se logró la detención del “vocero” Jorge Huenchullán y su pareja. El comunero estaba prófugo de la justicia desde 2021, sobre quien pesaban órdenes de detención por los cargos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, entre otros. La llamada “Operación Tridente” -que fue liderada por la Fiscalía de La Araucanía- desde luego reviste un éxito por la impecable forma en que se llevó a cabo, donde a pesar de la peligrosidad que implicaba ningún funcionario resultó herido, y gracias a un trabajo de inteligencia fue posible establecer el punto exacto donde se encontraba Huenchullán, logrando ser extraído en un helicóptero del Ejército. Pero ante todo reviste una potente señal para el país, pues va quedando atrás la imagen de un espacio del territorio que por largo tiempo logró operar al margen del estado de derecho.

Temucuicui había sido reivindicado por algunos sectores como un bastión de resistencia frente a la acción de empresas forestales, así como a la presencia del propio Estado. Ese manto de protección fue brindado a pesar de la evidencia de que en su interior se cobijaba crimen organizado, con enorme poder de fuego, tal como quedó a la vista en el operativo policial de 2021, donde un funcionario de la PDI resultó muerto producto de nutridos disparos. A pesar de que en dicho operativo se descubrieron extensas plantaciones de marihuana, las instituciones del Estado aparecieron impotentes frente al poder que exhibía este enclave. La amenaza de sus líderes en cuanto a que “nadie entra a Temucuicui” quedó nuevamente a la vista cuando la exministra del Interior Izkia Siches fue impedida de entrar a punta de disparos.

No cabe duda de que el cuadro aparece hoy diametralmente opuesto: no solo se trata del tercer operativo que se lleva a cabo en Temucuicui solo en lo que va de este mes, sino que en esta oportunidad las voces de apoyo a esta localidad son aisladas, y las recientes acciones de la policía han encontrado reconocimiento en forma transversal. Es una señal alentadora de que grupos que por años se ampararon en la causa indigenista para de esa forma encubrir actividades delictuales estén perdiendo adhesión, ante lo que cabe esperar que estemos frente a un punto de inflexión, con cabal comprensión de la enorme irresponsabilidad que implicó haber avalado la violencia y consentir políticas indigenistas que terminaron distorsionando por completo las legítimas reivindicaciones que puedan tener los pueblos originarios.

Cabe destacar el rol que ha jugado la Fiscalía de La Araucanía, que en el último tiempo se ha anotado varios éxitos desarticulando a peligrosos grupos que operan en la zona, logrando además la detención de varios de sus líderes. Y aunque estos operativos son de responsabilidad de instancias judiciales y policiales, no cabe duda de que el respaldo político que el gobierno ha brindado a las instituciones policiales también ha jugado un rol muy importante para legitimar estos operativos, lo que también se refleja en el apoyo que han brindado las Fuerzas Armadas por medio del estado de excepción.