Dos veces ha postergado el gobierno y el equipo que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la entrega del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre.

Originalmente estaba fijado para el 12 de mayo, luego esa fecha se corrió para el 20 de este mes y ahora su publicación quedó para este lunes 25 de mayo.

Desde Hacienda explicaron que la nueva postergación de la fecha se debe a que “a ajustes de agenda institucional y coordinación de actividades”.

Asimismo, otras fuentes precisan que se debe también a que se topa con la votación de la megarreforma que se tramita en la Cámara de Diputados.

En este informe, que está a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ejecutivo traza la trayectoria que prevé de ingresos, gastos y el balance fiscal, lo que permite conocer el estado de las finanzas públicas y lo que se espera para los próximos años.

Asimismo, permite a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal que debe presentar con fecha máxima el próximo 9 de junio, en cuanto a la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural que fijará Hacienda para todo el mandato de José Antonio Kast.

Precisamente, una de las metas que la campaña presidencial de Kast anunció de manera reiterada y que se ha mantenido vigente ya estando en La Moneda, desde el 11 de marzo, es la necesidad de llegar a un balance estructural de 0% al 2030.

Sin embargo, el propio ministro de Hacienda matizó por primera vez ese objetivo hace unas semanas, abriendo la puerta a revisarla y a eventualmente no eliminar en su totalidad el déficit al fin del periodo presidencial.

“Todavía no dictamos el decreto fiscal. Lo vamos a dar a conocer oportunamente. Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento”, respondió el titular de las finanzas públicas al ser consultado por Pulso en una conferencia de prensa hace unas semanas.

El decreto fiscal es un instrumento oficial emitido por el Ministerio de Hacienda, que establece las metas de balance estructural y los compromisos de gasto público para una administración. Basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, define el marco para gestionar la deuda y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

La crítica técnica

Para los economistas, las sucesivas modificaciones de la fecha de publicación del IFP es un elemento que puede dañar la institucionalidad fiscal, sobre todo considerando que es el primer informe de este gobierno y que tiene la ambiciosa meta de llegar a un balance fiscal estructural.

Uno de los críticos por esta decisión es el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien a través de la red social X escribió: “AM posteé esto. Luego de postergación por una semana, mañana la @DipresChile publicará el esperado Informe de Finanzas Públicas del 1er trimestre 2026. Este contiene valiosa información sobre las proyecciones fiscales 2026 y en adelante, insumo clave para el mercado y el debate nacional”, pero por la tarde, una vez conocida el cambio de fecha volvió a escribir en X. “Sorprende que @DipresChile vuelva a postergar -ahora para el 25- el IFP previsto para mañana con sus proyecciones fiscales. Información esperada por el mercado y que también habría sido valiosa para el debate de un PDL con implicancias fiscales que se vota mañana (miércoles)“.

Misma visión entrega el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, quien afirmó que “el nuevo cambio de la fecha de publicación del IFP en medio de la convulsa discusión del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y su incidencia fiscal, no es positivo. Este informe es un insumo clave a la luz del proyecto emblemático del gobierno. Por lo tanto, es una señal poco auspiciosa volver a modificar la fecha de presentación, lo cual hace suponer que el escenario macroeconómico y fiscal está sujeto a ajustes de último momento”.

En ese sentido, añadió que “este cambio a último momento, no ayuda a recuperar a cabalidad la credibilidad que ha estado en cuestionamiento desde hace años, específicamente para la Dipres”.

Luis Eduardo Escobar, economista y exasesor de la candidatura presidencial de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, aseveró que “siempre es malo, institucionalmente, tener que postergar fechas que se anuncian. Tal vez lo que habría que haber hecho desde el principio era que dada la complejidad de lo que se estaba viendo, haberse dado un plazo más largo y publicar a fines de mayo, por ejemplo”.

Hernán Frigolett, exdirector del SII y exembajador de la OCDE del gobierno de Gabriel Boric, subrayó que “sí afecta la institucionalidad, porque es parte de la responsabilidad fiscal. Es como si el Banco Central dejara de cumplir y postergara la publicación del Ipom”.

Una posición distinta y más matizada entregó la economista de LyD, Macarena García. “No creo que afecte la institucionalidad, ya que no hay una obligación legal para publicar el IFP en alguna fecha determinada. De hecho, la fecha de publicación ha variado en los distintos años, para los distintos IFP”.

No obstante, añadió que “sin duda que el contenido del IFP es información importante y necesaria, y el gobierno se ha comprometido a publicarlo. Lo que sí afectaría la institucionalidad sería justamente no publicarlo, ya que solo se leería como un intento por ocultar información”.

Sobre los números que podría traer este informe, sobre todo en materia del límite de deuda, García sostuvo que “eso dependerá de las metas que se autoimponga la actual administración. Sin embargo, sería deseable que mantenga la meta de 45% del PIB hacia el final de su gobierno, ya que este nivel surgió de un par de estudios técnicos y alcanzó elevado acuerdo político”.

Frigolett, en tanto, apuntó que “en la medida que los ingresos fiscales no se estén comportando como se prevé, dado el menor crecimiento de la economía, sumado a la megarreforma que genera menores ingresos, todo hace pensar que podría superar el 45% del PIB”.