El empresario Alejandro Correa fue asesinado a manos de un sicario en mayo de 2020, luego de que denunciara a un sujeto que ilegalmente había loteado terrenos de su propiedad, ubicados en el sector de Pompeya Sur, comuna de Quilpué. Y aunque penalmente los responsables de este crimen fueron condenados, insólitamente después de cinco años los terrenos continúan bajo usurpación.

Fue la hija del empresario quien por estos días denunció en una carta a “El Mercurio” que a punto de cumplirse un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso -conociendo de un recurso de protección- ordenó de manera perentoria a la Seremi de Vivienda cumplir con su propia resolución exenta dictada en junio de 2021 -donde instruía paralizar en dichos terrenos todas las construcciones y proceder a su demolición-, la orden judicial sigue sin cumplirse.

Las razones que ha esgrimido la Seremi para dilatar lo que ella misma instruyó son desde luego muy discutibles, asemejándose más bien a maniobras dilatorias. En su defensa ante la Corte de Apelaciones, la entidad señaló que la principal razón para no haber procedido a notificar a las partes -trámite indispensable para proceder a demoler- es que previamente los ocupantes de los terrenos deben ser adecuadamente desalojados, algo que corresponde a los propietarios mediante las acciones que otorga el ordenamiento jurídico. La Corte desestimó por completo los argumentos de la Seremi, instruyéndole seguir adelante con su resolución exenta. Las notificaciones finalmente se llevaron a cabo, pero los asentamientos siguen aún en pie.

Resulta por lo mismo inexplicable que a través del Serviu se haya respondido el emplazamiento formulado por la familia Correa señalando que, conforme estipula el protocolo de derechos humanos establecido por la Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual debe ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado, argumentos que ya fueron conocidos por la Corte de Valparaíso en su momento.

Naturalmente resulta un total despropósito hacer recaer sobre las familias usurpadas la acción de desalojo, pues de qué otra manera podría hacerse ello si no es a través de las respectivas instituciones del Estado, las que al estar al tanto de hechos ilegales y de la violación flagrante de derechos fundamentales deben procurar todas las acciones -incluido el auxilio de la fuerza pública-para proceder al desalojo.

No cabe duda de que los caprichosos criterios establecidos por la Tercera Sala de la Corte Suprema para ejecutar desalojos -instruyendo que las autoridades deben velar por los derechos de los desalojados, incluida su reubicación- dilatan la acción de la justicia y envían una equívoca señal en cuanto a que el cumplimiento de la ley podría quedar supeditado a consideraciones de carácter social. Pero más allá de eso, tal predicamento no puede ser un pretexto para eludir el pronto restablecimiento del Estado de Derecho y en todo caso debe ser responsabilidad de las autoridades cumplir con lo instruido por el máximo tribunal, carga que en ningún caso puede ser trasladada a los propietarios. Insistir en debilitar los fallos judiciales o relativizar los legítimos derechos de propiedad solo lleva a que las usurpaciones sigan aumentando.