En un hecho inédito, el Presidente de la República hizo presente sus “discrepancias” respecto de las conclusiones a las que arribó el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), específicamente al cuantificar los impactos negativos que medidas legislativas como las 40 horas o el alza del salario mínimo han tenido sobre el mercado laboral. “Yo estoy orgulloso de que en nuestro gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de $350 mil y ahora está en el orden de $510 mil” (…) He visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos”, estimando que el alza en el sueldo mínimo “genera un incentivo a la formalización”, planteó el Mandatario.

Sus palabras fueron seguidas por declaraciones de la vocera de gobierno, quien señaló que el alza del salario mínimo y la implementación gradual de las 40 horas son “transformaciones históricas”, y que lejos de afectar negativamente el mercado laboral, han mostrado resultados, con salarios reales que se han recuperado o estabilidad en la actividad económica. Los ministros de Economía y Hacienda también salieron al paso; este último, por ejemplo, señaló que si bien los salarios reales están subiendo, estos siguen por debajo de la actividad respecto de lo que era su situación entre 2014 y 2017.

Mucho más frontales fueron algunos parlamentarios del oficialismo, que denunciaron que con este informe se estaba buscando proteger intereses empresariales, o bien poniendo en duda la metodología empleada por el Central; otros reivindicaron que las políticas busquen ante todo mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Ciertamente nunca se había visto una ofensiva tan coordinada desde el mundo político hacia un informe del instituto emisor, todo con el evidente propósito de blindar dos reformas -salario mínimo y 40 horas- que esta administración siente como parte de sus grandes legados, pese a que las cifras muestran que están resultando muy controvertidos. Resulta inescapable que esta forma de arremeter sin siquiera entregar cifras que permitan un contraste con las conclusiones del Central conlleva complejas implicancias, fundamentalmente porque se está desacreditando gratuitamente el rol técnico del instituto emisor, cuya obligación es examinar y alertar pormenorizadamente sobre todos aquellos aspectos que puedan estar teniendo incidencia en la inflación, que es lo que de hecho está sucediendo con los desajustes que se han detectado en el mercado laboral.

Por más que algunos hayan buscado hacer el distingo de que estas discrepancias no pretenden invadir la esfera de autonomía del Banco Central, en los hechos esta inusitada arremetida sienta precedentes complejos, porque pareciera que en la medida que se toquen asuntos que un sector político perciba que ponen en peligro determinados intereses se buscará cuestionar el rol que juega el instituto emisor, lo que no es una forma razonable de honrar la independencia de una institucionalidad clave para el país.

Por supuesto que los informes del Banco Central constituyen un insumo del cual es posible discrepar, pero ello exige presentar evidencia que justifique los reparos, de modo de permitir que se abra un debate técnico en la sociedad. Por eso llama la atención que el Mandatario no haya entregado ninguna cifra para avalar sus discrepancias, sino más bien el voluntarismo de justificar estas reformas, al punto que ni siquiera resulta claro de qué exactamente está discrepando. En ese orden de cosas, cabría precisar si el jefe de Estado disiente de que el alza del salario mínimo ha tenido impacto en el empleo, y por supuesto sería interesante conocer si acaso posee cifras alternativas que avalen que, a pesar del alza de los costos laborales, aun así ello favorece la formalidad del empleo, en circunstancias que las elevadas y persistentes cifras de desocupación, así como las conclusiones del propio Central, sugieren lo contrario.

En su último IPoM, el instituto emisor señala que la inflación total ha evolucionado acorde con lo previsto, pero también advierte que detrás de esa trayectoria hay resultados dispares en sus componentes, destacando que la inflación subyacente ha superado lo esperado. Esta se ha dado en un contexto de mayor dinamismo del gasto interno, altas presiones salariales y un tipo de cambio más depreciado.

Al analizar en su informe lo que ocurre en el mercado laboral, se observa que el alza de los costos laborales está impactando negativamente el empleo, materia sobre la cual la entidad ya se ha referido en informes previos. Entre otras conclusiones, se indica que el comportamiento del mercado laboral responde a múltiples factores, entre los que se encuentran el impacto de medidas legislativas —como el salario mínimo y la ley de 40 horas— y la adaptación a procesos de cambio tecnológico que podrían haberse acelerado frente al aumento de los costos laborales. Indicó que en los registros administrativos —número de cotizantes de AFC— se observa que la tasa de creación neta de empleo formal ha sido mayormente negativa o cercana a cero desde 2023 a la fecha, entre otros hallazgos interesantes.

Estas conclusiones ciertamente relativizan las aseveraciones que hace algunas semanas formuló el actual ministro de Hacienda, quien señalaba que si el salario mínimo estuviera teniendo un rol fundamental en el desempleo, se debiese esperar un aumento en la informalidad, en circunstancias que esta ha disminuido. El informe del Central constituye un llamado de atención, pues está mostrando que el alza de costos laborales sí está teniendo efectos en el mercado laboral, particularmente en el empleo formal, y en tal sentido resulta extraño que el gobierno, y en particular el Ministerio de Hacienda, no hayan hecho esfuerzos para internalizar mejor las conclusiones de este informe.

También debe ser aleccionador para quienes porfiadamente insisten en poner el debate en términos binarios, tildando de insensibles a quienes fundadamente han hecho ver que el fuerte aumento del salario mínimo -este acumula un alza de 24,5% entre abril de 2023 y enero de 2025, contra el aumento acumulado del IPC de 7% en el período- y de los costos laborales en general tendrían impacto en el empleo, y en cambio presentan reformas de este tipo como grandes conquistas sociales, sin asumir sus implicancias e ignorando la evidencia en contra. Si en definitiva se quiere dejar un legado, este solo podría ser tal en la medida que sus beneficios sean claros para la población.