El Presidente José Antonio Kast, en el marco de una entrevista que concedió a la Archi, reiteró que utilizará la actual facultad constitucional para otorgar indultos, aunque señaló que luego de ello va a impulsar una modificación a la actual normativa. Ahondando en el punto, el Mandatario indicó que, a su juicio, la institución del indulto “siempre tiene que ser una posibilidad que exista”, pero se manifestó a favor de que dicha facultad sea ejercida por una instancia distinta, concretamente por un órgano colegiado, un planteamiento que va en línea con lo que ha manifestado la presidenta de la Corte Suprema.

Desde luego no cabe cuestionar que el Presidente de la República ejerza una facultad que está expresamente consagrada en la Carta Fundamental, y que por lo demás desde 1990 ha sido utilizada por todos los mandatarios. Con todo, el uso de esta facultad no ha estado exento de críticas, considerando que en algunos casos el indulto ha sido utilizado con claras motivaciones ideológicas, beneficiando a personas con un nutrido prontuario. Fue el caso del expresidente Gabriel Boric, quien concedió el indulto a 13 personas vinculadas a condenas por delitos cometidos durante el llamado estallido social -una de las cuales posteriormente volvió a ser condenada por otros delitos-, lo que le trajo fuertes costos políticos, que incluso motivaron la salida de la entonces ministra de Justicia.

El Presidente Kast no ha entregado mayores detalles sobre cómo pretender ejercer esta facultad, pero ha recalcado que cada caso será evaluado en su propio mérito, y que la atención estará puesta “en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos”, según indicó en su entrevista radial. Aun cuando la intención del Mandatario parece centrarse en casos de uniformados que hayan sido condenados en el marco del estallido, sigue abierta la duda de si también incluirá a quienes hoy cumplen condena en el penal de Punta Peuco.

Más allá de quiénes resultarán finalmente beneficiados, los dichos del Mandatario dejan a la vista su clara intención de aprovechar el amplio margen discrecional que hoy permite la facultad del indulto y utilizarlo con motivaciones políticas, persistiendo en el mismo error en que incurrió la administración del Presidente Gabriel Boric, exponiéndose a abrir otro flanco para el gobierno. Todo esto lleva inevitablemente a concluir que la actual institucionalidad del indulto debe ser objeto de una profunda reformulación, de modo de impedir que esta herramienta constitucional termine utilizándose de una manera tan caprichosa.

Aun cuando el indulto no extingue una condena, en los hechos supone revivir procesos judiciales concluidos e intervenir en decisiones adoptadas por otro poder del Estado. Por ello, el ejercicio de esta facultad debería ser muy acotado y reservado para abordar casos esencialmente humanitarios. Trasladarla hacia un órgano colegiado parece un paso razonable, no solo como una forma de asegurar que no se desvíe de su sentido original, sino además porque no es adecuado depositar en la sola persona del Mandatario el enorme peso psicológico de tener que decidir sobre un indulto y lidiar con las presiones del caso.