Con la inscripción de las candidaturas presidenciales se conocieron sus programas de gobierno. A diferencia de elecciones anteriores, el actual contexto de estrechez fiscal -con la deuda pública rozando su límite y un bajo crecimiento económico- ha obligado a que las propuestas busquen financiamiento en recortes del gasto: algunas con el objetivo de reasignar recursos hacia nuevas prioridades y otras, sencillamente, para contener y reducir el tamaño del Estado.

El programa de José Antonio Kast propone un ajuste del gasto de US$ 6 mil millones en 18 meses, con la doble finalidad de financiar parte de sus compromisos y reducir la carga estatal. Evelyn Matthei, en cambio, plantea un recorte de gasto de US$ 2 mil millones, centrado en la eficiencia y en reasignaciones de gasto. Jeannette Jara, por su parte, estima un costo de US$ 3.500 millones para su programa, que financiaría principalmente con reasignaciones de gasto.

Esta disparidad ha generado un debate abierto entre los equipos programáticos. Desde el comando de Kast defienden la magnitud de su propuesta como condición necesaria para recuperar sostenibilidad fiscal. El de Matthei, en tanto, advierte que un recorte tan agresivo es poco realista y no solo arriesga con frenar la recuperación, sino que incluso podría dañar la “paz social”, presentando en cambio su propuesta acotada como “creíble y responsable”, sin reparar que esa crítica también le podría jugar en contra, porque si bien plantea recortes distintos a los de Kast, ello igual podría servir de pretexto para que sectores de izquierda busquen desestabilizar su eventual gobierno. La candidata del oficialismo, por su parte, critica ambos planteamientos por centrarse en la austeridad, sosteniendo que la verdadera solución pasa por reasignar gasto ineficiente sin imponer un ajuste que, a su juicio, tendría un alto costo social y podría inducir una recesión.

Entre medio de este debate de ajustes fiscales, el Ministerio de Hacienda convocó en mayo a la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, integrada por cinco expertos de distintas sensibilidades políticas y apoyada por la Dipres, con el mandato de realizar propuestas que permitan recuperar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Este trabajo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por más de una década de déficits fiscales persistentes y una deuda pública en ascenso, tendencia que la pandemia del Covid-19 no hizo más que profundizar. De ahí que la consolidación fiscal, expresada en la convergencia hacia un balance que estabilice la deuda como porcentaje del PIB, se haya transformado en una de las prioridades centrales de todas las candidaturas a la Presidencia.

La comisión entregó 34 recomendaciones, organizadas en siete áreas —educación, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y temas transversales—, clasificadas por horizonte temporal (corto, mediano y largo plazo) y por naturaleza (administrativa o legislativa). Se trata de medidas que apuntan tanto a reducir el gasto como a contener su aumento, concebidas como complementarias y no necesariamente acumulativas.

El informe recomienda 16 acciones concretas capaces de reducir el gasto en US$ 2 mil millones de forma permanente, además de 18 medidas de contención por US$ 2.500 millones. Un aspecto no menor: solo una fracción puede implementarse por vía administrativa; la mayoría exige tramitación legislativa, lo que anticipa un arduo desafío político.

Entre las medidas destacan la eliminación de 124 programas sociales, por su bajo desempeño y escasa cobertura, que totalizan un gasto de US$ 2 mil millones. El informe incluye un listado detallado de cada uno de estos programas y advierte que, de mantenerse, deberían ser reestructurados en profundidad. En el frente del empleo público, se plantea una reforma al Estatuto Administrativo junto con el congelamiento de la dotación y los salarios como instrumentos de contención. También se subraya la necesidad de controlar el creciente costo de la gratuidad universitaria y de cerrar espacios al denominado “fraude social”, que permite a personas no elegibles acceder a beneficios estatales. A ello se suma la propuesta de reducir la burocracia mediante el cierre de algunos servicios públicos y la fusión de ministerios, con el objetivo de racionalizar la estructura estatal.

En un escenario donde los candidatos compiten con promesas de recortes fiscales de distinto calibre, este informe representa un punto de referencia importante para aterrizar las propuestas, particularmente porque las candidaturas hasta aquí solo han entregado lineamientos muy genéricos de cómo pretenden lograr estos objetivos fiscales; incluso Kast insólitamente se ha negado a transparentar el mecanismo de financiamiento que propone para terminar con el préstamo de los afiliados al Estado en el contexto de la reforma previsional.

El marco técnico que brinda este informe puede ayudar a reducir la brecha entre lo que se promete y lo que realmente es factible. Si los programas presidenciales incorporan estas recomendaciones, fruto del consenso de expertos de diversas sensibilidades políticas, el debate podría dejar atrás las cifras voluntaristas y transformarse en una discusión realista sobre el financiamiento de las propuestas de campaña.