El último Informe de Política Monetaria del Banco Central introduce un cambio de tono que no puede ser ignorado. En pocas semanas, el escenario económico pasó de un optimismo incipiente a una realidad mucho más exigente: el crecimiento proyectado se reduce a un rango entre 1,5% y 2,5% para 2026, mientras la inflación vuelve a acelerarse en el corto plazo, acercándose al 4% hacia el segundo trimestre. Se ajustan también las proyecciones sobre la formación bruta de capital fijo (+4%) y el consumo total (1,8%).

No se trata solo de un ajuste técnico. Es, sobre todo, un recordatorio de la fragilidad acumulada de la economía chilena. Hace apenas semanas, las expectativas del sector privado reflejaban un cambio de ciclo, apoyado en mejores condiciones externas, una recuperación de la inversión y una percepción de mayor estabilidad. Ese optimismo se deshizo rápidamente frente a un shock externo -el alza del petróleo y la incertidumbre global- que encontró a Chile más expuesto de lo que estuvo en el pasado ante eventos disruptivos similares. En palabras del informe, “la guerra en Medio Oriente ha elevado considerablemente los precios externos de la energía y ha añadido un alto grado de incertidumbre a las perspectivas para la economía global y local, luego de que en el inicio del año se observara un mayor impulso externo”.

Durante más de una década, y con especial intensidad en los últimos años, la política fiscal se alejó de criterios de prudencia, debilitando los amortiguadores que históricamente distinguieron al país, lo que se sumó a un mercado de capitales más debilitado luego de los retiros previsionales. Además, nos embarcamos en un conjunto de malas políticas públicas -desde rigideces laborales hasta una creciente incertidumbre regulatoria- que han erosionado la capacidad de respuesta de la economía. El resultado es un país que reacciona con mayor volatilidad ante shocks externos, que antes habría absorbido con relativa mayor resiliencia.

El ajuste en curso será, por tanto, inevitablemente doloroso. La combinación de menor crecimiento y mayor inflación obliga a retomar una agenda que por demasiado tiempo fue postergada. Ello implica restablecer la responsabilidad en el uso de los recursos públicos como condición para recuperar previsibilidad, orden y focalización. Supone también devolver espacio al sector privado, cuya valorización ha sido sistemáticamente deteriorada, afectando la inversión y el empleo.

A esto se suma la urgencia de modernizar el mercado laboral, hoy tensionado por mayores costos y baja creación de empleo, y de poner la productividad en el centro de la estrategia de desarrollo. Sin avances en estos frentes, cualquier recuperación será necesariamente transitoria.

El desafío no es menor. Gobernar en un contexto de restricciones exige liderazgo y claridad estratégica. Pero también ofrece la oportunidad de corregir el rumbo y reconstruir las bases de un crecimiento sostenible. La alternativa es simplemente seguir administrando la fragilidad. Es de esperar que la oposición, además de ser consciente en la responsabilidad que le cabe por la vulnerabilidad actual de la economía chilena, deje de lado el cálculo político de corto plazo y permita retomar el camino al desarrollo económico y social.