Ha transcurrido alrededor de un año y cuatro meses desde que la Contraloría General de la República dejó al descubierto graves irregularidades en materia de licencias médicas en el sector público, al detectar que más de 25 mil funcionarios viajaron al extranjero pese a estar con reposo, lo que generó un justificado escándalo y dio pie a la apertura de miles de sumarios, los que abarcaron una enorme cantidad de reparticiones públicas. Pese al impulso inicial, parece un hecho que dichos procesos han ido perdiendo fuerza o no han avanzado con la velocidad que se habría esperado, según se desprende de los propios reportes oficiales. De acuerdo con datos de la Dirección de Presupuestos, al cierre del primer semestre de este año se habían cursado poco más de 30 mil sumarios, de los cuales 3.200 estaban totalmente concluidos. De estos, 1.354 terminaron sin sanción, en tanto que 596 funcionarios fueron destituidos; los restantes se reparten entre multas, censuras y suspensiones.

Fue el propio Presidente José Antonio Kast quien en su cuenta pública comprometió medidas para agilizar estos procesos. Según dijo entonces, “lo que la gente espera, con toda razón, es que estos procesos terminen y que se apliquen sanciones efectivas para quienes abusaron de la confianza pública. Por eso asumimos un compromiso concreto: crear una Fuerza de Tarea Legal, con abogados dedicados exclusivamente a acelerar la tramitación y cierre de estos sumarios”. Pese a que fue un compromiso explícito del gobierno, hay dudas de si acaso dicho equipo fue efectivamente constituido, a la luz de la ambigua respuesta que Presidencia entregó a este medio ante la consulta sobre este punto en particular.

Los hechos que dieron origen a estas investigaciones son graves y dañaron gravemente la imagen del sector público, no solo al dar cuenta de escasos controles en el uso de licencias médicas, sino además porque dejaron al descubierto una práctica generalizada fruto del debilitamiento de los estándares de probidad. Por lo mismo, es muy relevante que el Estado dé señales concretas en cuanto a que la voluntad de perseguir y sancionar estos hechos continúa en pie, sin margen para la impunidad.

Es evidente que los sumarios deben seguir las reglas de un debido proceso, y considerando el volumen de casos era esperable que los resultados tomaran tiempo; con todo, no parece razonable que un porcentaje tan alto de casos siga pendiente de una resolución, ante lo cual resultaría pertinente que el gobierno aclare qué resguardos se han adoptado para supervisar la marcha de estos sumarios -de paso despejando si la Fuerza de Tarea Legal que comprometió el Presidente está operativa- y si se tomarán medidas adicionales para su agilización.

La oportuna fiscalización ha probado ser un mecanismo efectivo para desincentivar el mal uso de un instrumento como las licencias médicas -desde que la Contraloría dio a conocer su informe en mayo del año pasado, en un lapso de doce meses las emisiones disminuyeron en 1,4 millones-, pero el proceso estará incompleto en tanto ello no se traduzca en procesos sancionatorios creíbles ante la ciudadanía, todo ello sin perjuicio de que en materia de licencias médicas es necesario seguir avanzando en otras reformas legales para asegurar su uso correcto.