Para hoy y mañana está previsto que se lleve a cabo un nuevo paro docente, el que fue convocado por el Colegio de Profesores ante lo que considera una respuesta insatisfactoria del Ministerio de Educación al petitorio contenido en la llamada “agenda corta”. Entre los puntos el gremio solicita soluciones concretas a la estabilidad laboral del profesorado y el fin de la precarización contractual; en materia de carrera docente demandan procesos más transparentes en los procesos de evaluación; hacerse cargo del “agobio laboral”, el fortalecimiento de la función del profesor jefe y oficializar el día del profesor como una jornada sin clases ni estudiantes. En la medida que dichas demandas no sean atendidas, el Colegio de Profesores ha advertido que la movilización se podría tornar indefinida.

El ministro de Educación ha manifestado su frustración por este desenlace, reprochando que a pesar de que hay negociaciones en curso parece haber una agenda ya prestablecida de paros por parte del gremio, y afirmó que “también tenemos que ir haciéndonos el hábito de que no todo se resuelve con un paro”.

No cabe duda de que la forma en que el gremio está haciendo valer sus exigencias resulta muy cuestionable, porque de manera totalmente irresponsable se está afectando el derecho a la educación que tienen los alumnos, utilizándolos como forma de presión ante la autoridad. Resulta incomprensible que quienes mayor conciencia deberían tener sobre la importancia de salvaguardar la educación de los niños y jóvenes muestren en cambio tal grado de indiferencia, y reiteradamente recurran a la paralización de actividades en favor de sus propias agendas. El gremio ya ha dado muestras de su disposición para llevar a cabo paros muy extensos, tal como ocurrió en 2015, cuando se registró una paralización que se extendió por 57 días, algo que de acuerdo con un informe de Pivotes se convirtió en uno de los paros docentes más extensos a nivel mundial en los últimos años.

No se logra tomar conciencia que la pérdida de clases tiene efectos muy dañinos sobre los estudiantes -deteriorando los procesos de aprendizaje- y desde luego también sobre la imagen de la propia educación pública, profundizando la desafección con dicho sistema. Por supuesto que rara vez estas movilizaciones conllevan descuentos salariales, ya que los docentes se escudan en que las clases posteriormente se podrán recuperar, pero es un hecho que ello difícilmente podrá hacerse con la misma calidad, y tal forma de proceder finalmente alimenta paros ilegales que terminan sin ninguna sanción.

No cabe duda de que la profesión docente requiere mejorar las condiciones económicas en que realiza su fundamental tarea, y que debe reconocerse que los profesores deben cumplir con una serie de exigencias que muchas veces van más allá de sus posibilidades. Pero el camino elegido para buscar corregir estos problemas es el peor de todos.

Ineludible resulta interrogarse hasta dónde este afán de constante paralización representa al grueso del profesorado, o si más bien es una agenda política de sus principales dirigentes, tomando en cuenta lo difuso que resultan algunos puntos del petitorio. Sería interesante que otras voces alternativas dentro del profesorado pudieran hacer oír su voz y ser instancias de representación de sectores que no comparten esta forma de proceder.