El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó al gobierno en agosto de 2022 con la promesa de concretar la “Paz Total”, un compromiso que buscaba seguir la línea de lo avanzado con los Acuerdos de Paz de 2016 con las Farc. Sin embargo, a cuatro años de ese momento el país no solo está lejos de alcanzar la anhelada pacificación, sino que parece estar viviendo una preocupante regresión a tiempos que se creían superados. El 11 de agosto pasado, por ejemplo, falleció el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras no lograr superar las consecuencias del atentado del que fue víctima dos meses antes y días después una serie de atentados en Cali y en la región de Antioquia sacudieron al país. Ello no solo da cuenta del complejo momento que vive Colombia sino también de sus dificultades para dejar definitivamente atrás una historia de violencia.

Responsabilizar solo al actual gobierno del dramático panorama que vive el país sería injusto porque ello soslaya hechos anteriores al inicio de su gestión que han contribuido sin duda al escenario actual. Los problemas, por ejemplo, en la implementación de los Acuerdos de Paz, muchos de cuyos plazos y compromisos no se cumplieron, y el descuelgue de grupos disidentes de las Farc, que volvieron a tomar las armas, fueron alimentando el fracaso. De igual forma no es posible desconocer que la expansión del crimen organizado por todo el continente, en especial del Tren de Aragua -que aprovechó, en gran parte, el dramático éxodo de migrantes venezolanos para extender sus redes- ha contribuido a elevar los niveles de violencia en toda la región. El caso de Ecuador es probablemente el más dramático.

Pero al margen de lo anterior, es indiscutible que el actual gobierno colombiano carga con una importante cuota de responsabilidad y que la aspiración de avanzar hacia la llamada Paz Total ha sido un completo fracaso. Esto porque la iniciativa del mandatario colombiano, que inició el diálogo con al menos ocho organizaciones criminales de distinta envergadura -desde el ELN hasta el Clan del Golfo y las Autodefensas de Sierra Nevada- adoleció no solo de voluntarismo, sino que entregó señales ambiguas y confusas frente a la violencia, restringiendo el actuar del Ejército, que fueron aprovechadas por los distintos grupos para reforzar sus posiciones. Hubo un grave error de juicio de las autoridades, que no consideraron los intereses y la verdadera voluntad de los grupos involucrados.

El asesinato de un candidato presidencial y los atentados en Cali son así la culminación de una preocupante escalada de violencia, que queda aún más en evidencia al revisar las cifras. No solo el ELN, el Cartel del Golfo y los grupos disidentes de las Farc han ampliado su presencia en el territorio -el ELN, por ejemplo, pasó de ocupar 149 municipios en 2019 a más de 230 hoy y el Cartel del Golfo, de 213 a 392- sino que, además, volvieron las extorsiones y los secuestrados a niveles que parecían superados. La Cruz Roja Internacional incluso alertó que en 2024 la crisis humanitaria en el país es la peor en ocho años, con un fuerte incremento en el número de desplazados, de desapariciones y en el reclutamiento de menores. Un panorama desolador frente al cual el presidente Petro no parece estar respondiendo con la necesaria urgencia.