La economía ha sido, junto a la seguridad, uno de los ejes del relato sobre el gobierno de emergencia instalado por la nueva administración y el nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast, se ha encargado de dejarlo claro desde un comienzo. En su primer discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda, la noche del miércoles pasado, apuntó a que su gobierno recibe “un país en peores condiciones de las que podríamos imaginar”, donde “las finanzas públicas están debilitadas” y han avanzado “el crimen organizado y el narcotráfico”. Por eso insistió que se hace imperativo actuar con celeridad.

Es un hecho que el nuevo gobierno recibe un escenario fiscal y económico complejo. El déficit estructural heredado de la anterior administración llega al 3,6% del PIB, el nivel más alto para un periodo sin crisis, pero, además, el crecimiento promedio en los últimos cuatro años es de 1,9%, el segundo más bajo desde el retorno a la democracia y el PIB tendencial se ubica por debajo del 2%. Por eso, el nuevo ministro de Hacienda ha insistido que cumplir con el desafío de recuperar el crecimiento y ordenar las finanzas públicas pasa primero por “destrabar los obstáculos que impiden el progreso”.

En ese sentido y más allá del paquete de medidas que se alista para los próximos días y que incluye entre otros puntos una rebaja en el impuesto corporativo de 27% a 23% - reforma que entraría al Congreso el 1 de abril-, el miércoles se avanzó en uno de los principales obstáculos que enfrenta la actividad económica, la demora en la tramitación de los permisos para concretar inversiones. El tema, si bien motivó que el anterior gobierno impulsara una ley para simplificar y modernizar la tramitación de permisos sectoriales, fijando plazos máximos y fomentando la digitalización, se trató sólo de un avance parcial que no abordó, por ejemplo, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que afecta a las mayores inversiones y cuya reforma sigue pendiente.

El decreto anunciado por el actual Presidente en su primer día en el cargo apunta en parte a ese problema, al instruir que se resuelvan 51 recursos de reclamación pendientes en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por un monto total de US$ 16.300 millones, cuya demora se explicaría sólo por retrasos administrativos. En todos los casos se habría superado el plazo legal para que el SEIA se pronuncie, por lo que el decreto apunta agilizar esos procesos, lo que sería exclusivamente un problema de gestión y no de reforma legal. Ello no obsta, sin embargo, que se avance en la modernización de ese sistema, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos a la inversión.

Muchos de los problemas de la llamada “permisología” pasan por decisiones administrativas, que no requieren reformas legales, pero para ello es importante que la administración en su conjunto esté alineada con la importancia de agilizar los procesos, para no trabar innecesariamente los trámites requeridos para concretar inversiones. En la pasada administración, más allá de los anuncios a nivel del gobierno central sobre la disposición a corregir el problema, que se concretó con la presentación y posterior aprobación del proyecto sobre “permisología”, faltó un mayor compromiso en los niveles intermedios para lograr ese objetivo.

Pero si bien las señales entregadas por el actual gobierno en su primer día de gestión van en la dirección correcta, son sólo una parte del problema. Corregir las trabas que enfrentan los proyectos de mayor envergadura, reformando el SEIA y simplificando los procesos regulatorios, que en muchos casos se duplican y dilatan la inversión es fundamental, pero insuficiente. El problema debe ser abordado de manera integral, porque los obstáculos no sólo se generan a la altura de la administración central, sino también a nivel local. Es lo que sucede con las Direcciones de Obras Municipales (DOM).

La Contraloría General de la República, por ejemplo, detectó en septiembre del año pasado una serie de irregularidades por parte de los DOM, que incluyen demoras o rechazos a diversos proyectos inmobiliarios, “contraviniendo” en muchos casos las actuales “normas aplicables en la materia”. Según el informe, entre 2022 y 2024 se recibieron denuncias por dilaciones y rechazos de permisos en 81 comunas. Paralelamente, la Asociación de Municipalidades ha advertido no sólo de la existencia de una normativa compleja que debe ser corregida sino también la disparidad de criterio y discrecionalidad en muchos casos.

Frente a esto parece prioritario, como se ha planteado avanzar en la modernización y digitalización de las Direcciones de Obras Municipales, mejorando su gestión. Uno de los problemas que resulta prioritario abordar es la inamovilidad de sus directores, quienes permanecen por décadas en su puesto, sin procesos de evaluación, lo que conspira contra el necesario control y modernización del sistema. Ello requiere revisar y actualizar la normativa vigente, como parte del proceso general de reforma del sistema de regulaciones que están detrás de la llamada “permisología” y de los obstáculos a los que se refería el actual ministro de Hacienda.