Recientemente la Subsecretaría de Telecomunicaciones puso en marcha una numeración especial -precedida del número 600 y 809- para que las personas reconozcan las llamadas comerciales masivas y de esa forma eviten los spam. Sin embargo, pese a las múltiples ventajas con que fue anunciada, es claro que no se previeron los efectos colaterales de esta medida, uno de los cuales es que bajó en forma considerable el contacto de los establecimientos de salud con los pacientes -esto tanto en el sector público como el privado-, ya que los usuarios asumen que son llamadas tipo spam y no contestan.

Sin embargo, también se ha reportado problemas en la recuperación de deuda morosa por parte de las empresas de cobranza, la cual ha caído en alrededor de 30%. De esta forma, se está afectando un canal de contacto que hasta ahora resultaba muy efectivo tanto para las empresas como para los deudores, tanto porque las llamadas logran en general un 80% de tasa de contacto efectivo, y a su vez se ha visto que es una vía útil para alcanzar fórmulas de pago que eviten procesos posteriores mucho más complejos.

Lo que ha ocurrido con la normativa sobre prefijos resulta aleccionador para efectos de tomar conciencia que soluciones que son presentadas como grandes beneficios para los consumidores, al final pueden terminar perjudicándolos, sin que nadie se haga responsable por ello. En el caso de la caída que se ha observado en las cobranzas por vía telefónica, si esta situación no logra ser revertida prontamente es claro que con ello el riesgo de no pago se verá incrementado, lo cual terminará siendo traspasado a costos o bien restringiendo el crédito. La experiencia muestra que el uso de canales alternativos para contactar a deudores morosos, como correos electrónicos o mensajería telefónica no tiene la misma efectividad de las llamadas, de modo que la solución no se advierte simple.

Son varios los ejemplos que podrían citarse de reformas que han sido introducidas en los últimos años bajo la promesa de que habrá importantes beneficios para los usuarios, pero que en la práctica han perjudicado o cuyos negativos efectos se podrían dejar sentir en el futuro en la medida que prosperen. Ha sido el caso de la ley antifraudes, mediante la cual se busca limitar la responsabilidad de los usuarios en caso de fraude, robo o extravío de medios de pago, estableciendo plazos perentorios para que los bancos restituyan los fondos. La forma en que fue diseñada la norma no solo terminó generando los incentivos para que se generara una industria del fraude -algo que fue advertido-, sino que ha llevado a que los bancos se hayan visto en la necesidad de demandar a sus propios clientes, lo que ha generado fuertes tensiones.

En la Cámara de Diputados se ha logrado frenar por ahora un proyecto de ley que busca prohibir el uso de la UF como mecanismo de reajustabilidad en contratos y prestaciones de largo plazo, cuyos promotores se niegan a reconocer el enorme daño que una medida así tendría sobre el mercado; en cambio sí logró aprobarse un proyecto -que ahora conoce el Senado- para prohibir que se informen de deudas hasta cierto monto contraídas durante el período del llamado estallido social, lo que de prosperar solo terminará incrementando los riesgos en las operaciones crediticias, denotando los enormes riesgos de legislar teniendo a la vista criterios populistas.