Al filo de cumplirse el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo de la llamada “toma de San Antonio” –donde unas 10 mil personas se encuentran ocupando ilegalmente terrenos ubicados en el Cerro Centinela-, sorpresivamente el gobierno anunció la expropiación de parte del paño ocupado. Para esos efectos rápidamente dictó el decreto respectivo -el fisco se hará de 110 hectáreas, de un total de 215- y presentó un plan habitacional ante la Corte. El ministro de la Vivienda justificó este paso atendido el impacto social que tendría dejar súbitamente sin hogar a miles de personas -entre ellas 3 mil niños- y al hecho de que no fue posible alcanzar un acuerdo con los propietarios del predio para que las familias adquirieran dichos terrenos, atribuyéndolo al alto precio que pedían por hectárea, muy por encima de lo que indicaban las tasaciones encargadas por el Ministerio.

Así, frente a esta supuesta intransigencia, y para evitar una crisis social a gran escala -según explicó la autoridad, no hay otra toma en el país con las características que esta presenta- se determinó entonces que para este caso en particular el mejor camino era proceder con la expropiación, fórmula que de acuerdo con algunas estimaciones implicaría un desembolso de unos US$ 11 millones. Como argumento adicional para justificar este paso, el gobierno se amparó en que esta herramienta fue ampliamente utilizada por la administración anterior, sin ofrecer ningún contexto para esta afirmación.

Aun cuando el gobierno intenta presentar esta salida como un éxito, porque supuestamente se logró una solución dentro del marco institucional y en forma pacífica, lo cierto es que al examinar la dinámica de este proceso y sus resultados es claro que la institucionalidad del país ha salido gravemente resentida, por el cúmulo de precedentes que aquí se han sentado, en particular porque con la fórmula de la expropiación se ha terminado validando una toma como un mecanismo efectivo de presión, y que las órdenes judiciales pueden ser escabullidas.

Cabe recordar que fue en julio de 2023 cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de los propietarios y dictó orden de desalojo, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en marzo de 2024. El gobierno inició entonces un proceso de negociación con los dueños a fin de facilitar que las familias pudieran comprar los terrenos, constituyéndose para estos efectos en varias cooperativas. Ello era consistente con el criterio que el gobierno había fijado, y que el propio ministro Montes reiteró hace un año exacto, esto es, que no estaba en los planes del gobierno ni la compra ni la expropiación de los terrenos, ya que no existían recursos públicos suficientes para ofrecer una alternativa similar a los más de 1.400 campamentos identificados en el país.

Las negociaciones finalmente no llegaron a puerto, lo que fue reconocido a comienzos de septiembre pasado, y por tanto lo que quedaba era cumplir con la orden de desalojo dentro de los plazos fijados por el tribunal. Sin embargo, en vez de proceder con la instrucción judicial, se opta por el camino de la expropiación, para lo cual se utilizarán fondos provenientes de diversos planes no ejecutados en el programa de asentamientos precarios, que son parte del presupuesto 2025.

Se trata de un paso que no solo contradice las propias directrices que había fijado el gobierno con tanta claridad, sino que a través de este mecanismo se termina consolidando una medida de fuerza ilegítima, lo que indudablemente abre la puerta para que cientos de otros campamentos que están en toma a lo largo del país se sientan con el derecho a exigir que el Estado actúe de la misma forma y ofrezca una solución habitacional, para lo cual ya se dio la señal de que la clave es que mientras más grande sea el asentamiento, más probabilidades hay de que lo consigan, sin que Montes ni ninguna otra autoridad se estén haciendo cargo de estos efectos. Además de abrir un flanco sumamente complejo, el paso que ha dado la autoridad supone también una enorme injusticia para aquellas familias que durante años han ahorrado pacientemente para aspirar a la vivienda propia, que con perplejidad ven que la alternativa de “saltarse la fila” parece ahora un camino más efectivo.

No cabe duda de que desalojar a miles de personas reviste una situación muy compleja, pero el gobierno tuvo suficiente tiempo para haber organizado un plan alternativo en caso de que las conversaciones fracasaran, cuestión que evidentemente no hizo, como quedó en evidencia al constatar que apenas se habían organizado algunos albergues, algo del todo insuficiente.

Mediante la expropiación la autoridad logró escabullir la orden judicial y de esa forma erosionar la garantía que tienen las personas de exigir al Estado que cumpla con su obligación de resguardar los derechos que les han sido reconocidos por los tribunales, lo que naturalmente debilita la certeza jurídica y resiente nuestro Estado de Derecho. Es cierto que la Corte de Valparaíso, siguiendo los criterios establecidos por el máximo tribunal, fijó condiciones para el desalojo que podrían considerase una extralimitación -como sería el hecho de asegurar albergues para las familias afectadas- y que naturalmente dificultan que los terrenos puedan ser recuperados en forma expedita, pero ello no puede utilizarse como pretexto para que el Estado eluda sus responsabilidades.

La autoridad ha señalado que el desalojo se llevará a cabo a comienzos del próximo año, pero el plan que acaba de presentar ante la Corte de Valparaíso solo se refiere a quienes habitan en los terrenos que no serán expropiados, que son una minoría, lo que solo ratifica que en realidad la opción del desalojo nunca fue considerada seriamente por el gobierno.

Dada la masividad de las tomas y el hecho de que siguen existiendo asentamientos muy masivos, la forma como se resolviera el tema de San Antonio era observada con especial atención, porque marcaría un precedente respecto de la línea que se seguiría a futuro. Puesto que la solución ha terminado por consolidar una medida de presión ilegítima, poniendo en entredicho la alternativa del desalojo y que incumplir los fallos judiciales no reviste mayor costo, el gobierno deja sin duda un legado muy complejo a la siguiente administración.