El lunes, el directorio de la ANFP enterró la última ilusión que tenían Unión Española y Deportes Iquique para mantenerse en Primera División. Reunida telemáticamente, la mesa que preside Pablo Milad terminó por ratificar la convicción a la que había llegado después de recibir un informe jurídico encargado a abogados externos: que no había argumentos reglamentarios para rebatir la pérdida de categoría, como sostenían ambos clubes, en virtud de la presunta incompatibilidad entre las bases del Campeonato Nacional y el reglamento de la ANFP.

“El Directorio de la ANFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el Artículo 88 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025, el que fue aprobado por el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de los clubes Unión Española y Deportes Iquique antes del inicio de la temporada”, sentenció el ente rector del fútbol chileno, mediante un comunicado.

Segovia va con todo: Unión Española e Iquique recurren a connotado abogado tras portazo de la ANFP que los mandó a la B

Los hispanos y los Dragones Celestes tienen una interpretación distinta y, por cierto, se aferran a ella. Hay dos motivaciones igualmente potentes para no bajar los brazos: una es la deportiva. La otra: la radical diferencia en los ingresos que se perciben por estar en una división o en la otra. Aunque el mazazo que les proporcionaron en Quilín se sintió fuertemente, en ambos clubes aseguran que no los derribó.

El de Independencia ha asumido el rol más activo, aunque los nortinos se cuadrarán con la estrategia que definan. En esa línea, la entidad que encabeza Jorge Segovia realiza una apuesta clave: pone su defensa en manos del abogado Cristóbal Osorio, según información recabada por El Deportivo. El profesional es altamente connotado en la materia. Defendió en el procedimiento de remoción a la jueza Ángela Vivanco en la arista de la Corte Suprema, por citar alguno de sus casos más mediáticos. También fue jefe de gabinete del ministro Álvaro Elizalde y evitó la remoción del fiscal Emiliano Arias. Osorio se tituló en la Universidad de Chile y coincidió en la escuela con el Presidente Gabriel Boric.

El jurista ya analiza las variables del caso, tras la respuesta que entregó la ANFP. Iquique se plegará a la postura hispana, por lo que en la práctica Osorio se transformará en el representante de los intereses de ambos clubes. Las próximas horas serán claves, pues este lunes los clubes conocerán un informe relativo a la factibilidad de que la gestión prospere. La idea es presentar el escrito el martes 6, considerando 30 días desde se materializó el descenso por la vía deportiva.

Sin cuestionamientos

En la práctica, ambos clubes esperaban un dictamen desfavorable de parte de la mesa que dirige al fútbol nacional. Fundamentalmente, porque una actuación en sentido contrario habría validado eventuales inconsistencias en la labor de regular adecuadamente la actividad. Cuando menos, habría significado admitir descuido al no ajustar plenamente la normativa. La que antepuso la ANFP, las bases del Campeonato Nacional, había sido aprobada por ambos clubes. En Quilín, de hecho, se encargaron de resaltarlo.

Segovia, quien encabeza la estrategia de la salvación administrativa, sin cuestionamiento por la estrategia, había sido suficientemente claro. “Si recibimos, como usted dice, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", había explicado en una entrevista con El Deportivo. “Si se dice que Unión se salvó por secretaria, no sería el primer caso que ocurre y por tanto no nos ofende”, complementó.

También recordó la forma en que perdió la presidencia de la ANFP. “Efectivamente, eso me sucedió. Usaron un reglamento obsoleto para desconocer una elección democrática, nada menos que de la presidencia de la ANFP. En este caso, en que el reglamento no es obsoleto, sino del 2024, con más motivo deben cumplirlo”, sostuvo.

La estrategia

Hay una razón de fondo en la idea de no acudir al máximo tribunal deportivo del mundo: la entidad que tiene base en Lausana, Suiza, suele zanjar discrepancias surgidas en dictámenes emitidos por órganos jurisdiccionales. La que relega a rojos y celestes proviene del directorio.

En Independencia ni en la Tierra de Campeones le temen a la eventual molestia de la FIFA ante la decisión de llevar el caso a los tribunales ordinarios ni menos al fantasma de sanciones amplias sobre el fútbol chileno por seguir ese camino. En principio, porque lo que más irrita al ente rector del fútbol mundial es la intromisión de instancias ajenas al balompié en la designación de autoridades del fútbol y, luego, porque existe suficiente jurisprudencia relativa a casos que se han dirimido en la justicia convencional.

Detrás de la determinación de hispanos y nortinos hay un peligro concreto para el calendario 2026: el de la interposición de recursos de protección con órdenes de no innovar que involucren la alteración en las fechas de inicio de la temporada, mientras los tribunales adoptan las respectivas resoluciones.