“Vamos acá al lado”, dice con tono seguro el hombre, Coca Cola en mano, cerrando la maleta de su camioneta pick up, donde se ven las piernas de otro hombre.

-Oiga, ¿lo va a llevar ahí?- dice una mujer.

Él insiste, con pose altiva, que “va acá al lado”, como si la distancia justificara trasladar a un trabajador en esas condiciones inhumanas.

-¡Esto no se puede hacer!- replica la mujer.

Horas después, se abre una tienda de moda rápida en un mall. Las personas se agolpan para comprar, no respetando la distancia social. Además, se recibieron denuncias por anexos de cambios de domicilio y por reducción unilateral de remuneraciones. Se inició una investigación y clausuró la tienda. “No toleraremos ningún tipo de abuso”, dijo el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

En otro mall se encontraron trabajadores en situación similar. El alcalde Joaquín Lavín llegó rápido a fiscalizar. El intendente Felipe Guevara confirmó que en la multitienda “descubrimos 21 personas a las que pidieron esconderse en una bodega para evitar fiscalizaciones”. La Fiscalía Oriente inició una investigación de oficio por infracción al Artículo 318 ter.

El sindicato de trabajadoras de casa particular dice que siete de 10 de sus asociadas han perdido el trabajo, y que algunas, por no perderlo, están sometidas a situaciones irregulares. Algunos empleadores les han exigido quedarse puertas adentro (sin serlo), sin días de salida, encerradas, en la práctica, para que no se contagien. Muchas aceptan con tal de no perder su fuente laboral.

Son algunas inquietantes postales de la fase de transición que vivimos en algunas comunas de la Región Metropolitana.

Hay 1,8 millones de personas que han perdido su trabajo en Chile; 700 mil que están suspendidos. Son, entonces, millones las familias desesperadas por trabajo, pero con una probabilidad muy baja. Según un reciente informe (y encuesta) del Banco Central, el 42,8% de las empresas asegura que cree que reducirá su dotación en los próximos seis meses.

Esa vulnerabilidad no puede convertirse en abuso por parte de algunos empleadores. Es cierto que no son todos, y que también existen tanto empresas como personas naturales que, con gran esfuerzo, han seguido pagándoles íntegramente sus salarios a sus trabajadores en cuarentena y confinados. Que han cuidado su salud y su sustento. Pero, por lo mismo, las conductas distintas y abusivas deben evitarse a toda costa.

El miércoles, los líderes de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, y sus importantes gremios, se reunieron con el Presidente Piñera para definir cómo será el retorno laboral y cómo se pueden recuperar los millones de empleos perdidos por la pandemia. Es muy importante que, además de los planes y las inversiones, las autoridades gremiales se hagan cargo de estos hechos para diseñar e implementar códigos y acciones autorregulatorias preventivas de abusos laborales.

El rol del sector privado es fundamental para reactivar la economía, pero en la transición pospandemia no hay que olvidar que un sistema global de producción y consumo irresponsable y solo con mirada de corto plazo nos llevó a esta pandemia. Y un sistema que no se hace cargo de sus externalidades negativas, ambientales, sociales y laborales, no tiene futuro. Por eso, desde distintas tribunas, como el Foro Económico Mundial, se habla de este momento como la ventana de oportunidad para un gran “reseteo” empresarial y productivo, buscando desarrollar liderazgos responsables, alejados de la perspectiva de solo maximizar la ganancia del accionista, sin importar las consecuencias.

“Si intentamos una reconstrucción económica cuyo principio guía sea volver a “business as usual”, simplemente sustituiremos una crisis por otra”, aseguran Jefrey Sachs, Mariana Mazzucato, el premio Nobel Joseph Stiglitz, entre 100 prominentes economistas en una carta en The Guardian, en que llaman urgentemente a pensar la reactivación desde la perspectiva ambiental y social.

Además del papel de los empresarios y gobierno, es importante recalcar la importancia de la responsabilidad individual en esta etapa. Primero, en cumplir las normas de (auto) cuidado por el coronavirus. Pero también como empleadores y como parte de una sociedad en la cual no basta con reclamar contra las autoridades, si se replican, a escala personal, conductas abusivas. Justamente ese fue uno de los mayores dolores que reflejó el estallido social de octubre: la necesidad de un nuevo pacto, en que la igual dignidad de todos y todas sea reconocida.

Después de todo lo vivido desde octubre en Chile, ver postales como las de esta semana produce el temor de si habremos aprendido realmente la lección o volveremos atrás como si no hubiera pasado nada.

Para esa irresponsabilidad, como le dijo la mujer al hombre que tenía a su trabajador en la maleta, no hay derecho.