Jesuitas: el mapa de las denuncias por abuso

La denuncia por abuso sexual contra Felipe Berríos sumó otro flanco más al largo historial de casos que lleva acumulando la orden religiosa desde 2005. Según un informe publicado por ellos mismos, son 11 sacerdotes a los que se les han acreditado los hechos por los que se les acusa, 64 las víctimas -34 de ellas menores de edad- y 31 a las que se les ha indemnizado económicamente. Aquí, una recopilación de algunas de esas historias, cómo fue cambiando la manera en que se abordaron y qué ocurrió con sus denunciantes después.




2005, las mediciones de Juan Miguel Leturia

Juan Miguel Leturia

En septiembre de 2005, una denuncia llegó a manos de Xavier Armendáriz, por entonces fiscal regional de la Metropolitana Oriente. Se trataba del primer caso de abuso sexual de un sacerdote de la Compañía de Jesús del que se tiene registro. Un exestudiante del Colegio San Mateo de Osorno acusaba a Juan Miguel Leturia, exrector del establecimiento, de diversas situaciones abusivas de connotación sexual mientras era menor de edad.

Apenas se abrió esa investigación en tribunales, más casos fueron apareciendo: a la fecha son cinco los menores de edad que entre los años 80 y 90 fueron víctimas de Leturia, tanto en la ciudad de Osorno como en Santiago. Entre las conductas que denunciaban estaba el que el sacerdote -no pocas veces- midió con huincha las partes íntimas de sus alumnos, argumentando que se trataba de un estudio biológico.

Armendáriz determinó que, considerando las fechas en las que ocurrieron los hechos, este era un caso que debía tramitarse por la justicia antigua y que le correspondía a esta indagar. Mientras eso ocurría, los jesuitas suspendieron a Leturia del ejercicio público sacerdotal. Así lo notificaron a la prensa de ese tiempo, según recuerda el periodista y autor del libro Rebaño, Óscar Contardo: “Fue el propio Renato Poblete quien dijo que Leturia había sido marginado del trabajo con jóvenes porque había recibido denuncias de forma reiterada”.

Quienes conocieron de cerca el caso aseguran que este fue el primero que reflejó una manera de enfrentar las cosas: que conociendo con anterioridad los hechos, los jesuitas evitaron hacerse cargo. “El modus operandi era taparlos con tierra hasta que llegara una denuncia formal”, recuerda un abogado involucrado en las causas.

Fue en noviembre de ese mismo año que la Corte de Apelaciones determinó el sobreseimiento del sacerdote por falta de méritos. Aunque la Iglesia sí decidió condenarlo: como sanción canónica quedó con la prohibición de por vida del ejercicio sacerdotal, además de la restricción total del contacto con menores. Así estuvo hasta 2011, cuando a sus 65 años Leturia falleció.

2010, Eugenio Valenzuela y sus novicios

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Es uno de los sacerdotes investigados que más había golpeado la interna jesuita hasta Renato Poblete. El “Keno” Valenzuela se dedicaba a formar seminaristas. Alcanzó a ser maestro de 29 novicios entre 1998 y 2008. La mayoría de las denuncias por abuso ocurrieron ahí y llegaron a la congregación a finales del 2010. Por ese tiempo, el propio Valenzuela era provincial general, quien dirigía a nivel nacional a todos los jesuitas, por lo que recaía en él mismo la decisión de abrir una investigación preliminar en su contra.

La directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la orden, María de los Ángeles Solar, cuenta que en esa época el protocolo para abordar este tipo de casos era, en un plazo máximo de tres meses, poner a un sacerdote jesuita a realizar una investigación previa. Eso no se hizo hasta dos años después.

Los primeros relatos de los denunciantes -todos hombres adultos- detallaron que Valenzuela generaba una dependencia emocional y abuso de conciencia. Ellos aseguraban en sus testimonios que no fueron pocas las veces que hubo “tocaciones sobre y bajo la ropa, acostados en la cama”. Sin embargo, el caso no salió a la luz sino hasta el año 2014. Por ese entonces ya había aparecido otro caso más, el año anterior, interpuesto ante la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en Roma. Ninguna de estas acusaciones llegó a ser investigada por la justicia chilena, y aunque sí lo hicieron desde la congregación, en 2015 la CDF informó que no se abriría un proceso canónico al respecto, pero dejaba a juicio del superior general de los jesuitas tomar medidas “conforme a las faltas existentes”.

En 2019 volvió a ocurrir: otro testimonio salió a la luz, sumado a una redeclaración de un denunciante existente. En total, según el Informe 2021 del Centro de Prevención de Abusos y Reparación, son seis mayores de edad las víctimas de “transgresiones en las esferas de la sexualidad y manipulación de conciencia” propiciadas por Valenzuela. Las sanciones canónicas fueron, en simple, suspenderlo de todo. Solo que en noviembre de 2019, en paralelo a que la orden jesuita acreditara y reconociera de manera oficial que estos abusos existieron, Valenzuela abandonó el sacerdocio antes de que culminara el proceso.

2010, las fotografías de Jaime Guzmán

Jaime Guzman

Todos los martes, el cura del Colegio San Ignacio El Bosque, Jaime Guzmán Astaburuaga, publicaba las fotos en un mural. Se trataba de imágenes de sus alumnos desnudos, justo después de haberse lanzado a una piscina en los retiros de Guayacán que el sacerdote organizaba en el Cajón del Maipo. Los hechos ocurrieron desde fines de la década de los 60 hasta los 90, pero recién se dieron a conocer en la orden en el año 2010. Jaime Guzmán es, hasta ahora, el sacerdote que más abusos sexuales ha cometido contra menores de edad. En total, son 15 los menores de edad que, ya adultos, decidieron denunciarlo, acusando situaciones abusivas de connotación sexual. “Por el número de casos de los que se tiene registro, estamos frente a un personaje que era un depredador sexual de menores. Él se aprovechó de la vulneración de los niños, pero además estuvo en Chillán, Puerto Montt y Santiago, y así fue dejando la estela”, dice el historiador de la Iglesia Católica Marcial Sánchez. Según el informe de abusos que realizó la orden jesuita, son exactamente esos mismos lugares donde ocurrieron los hechos, sumado a otro caso en el extranjero.

En 2012 se dictaminó la primera sanción canónica: Guzmán quedó con restricción total del contacto con menores de edad y suspendido de su actividad sacerdotal. Solo que esta se renovó en 2017.

A nivel nacional, nada de esto se supo hasta enero de 2018, cuando el día que aterrizó el Papa Francisco en Santiago, el caso fue mencionado por Contardo en el programa T13 Radio. Dos semanas después, un extenso artículo publicado en La Tercera dio a conocer los detalles del caso. Fue por este y otros sacerdotes denunciados, como Leonel Ibacache y Raúl González, que ese mismo año la orden decidió cambiar la manera de hacer las cosas. “Con el tiempo comprendimos la necesidad de externalizar las investigaciones, para dar más y mejores garantías de imparcialidad a la hora de investigar estos hechos graves”, dice María de los Ángeles Solar.

Por eso, ese mismo año se creó una comisión de estudios sobre abuso sexual, prevención y reparación, que integraron figuras como la psicóloga Elizabeth Lira, Carlos Schickendantz, el exsenador Patricio Walker, Joanna Heskia, Ana María Aron, Jorge Murillo y Paulina Pérez. “Una de las recomendaciones importantes de esta comisión el 2018 fue justamente la de crear una instancia compuesta por profesionales laicos externos que pudiera recibir las denuncias en contra de jesuitas, acompañar a las víctimas y denunciantes en sus procesos de reparación, además de orientar y capacitar a las obras de la Compañía de Jesús en materia de prevención de abusos”, añade Solar.

Mientras eso ocurría, en 2020 cuatro exalumnos del Colegio San Ignacio de El Bosque presentaron una demanda de indemnización de perjuicios por los abusos cometidos por Guzmán. Pedían $ 120 millones para cada uno. Desde el 2019 que habían estado intentando negociar una reparación económica y simbólica con la orden, pero esta no había prosperado.

Guzmán, en tanto, fue expulsado por el Vaticano del sacerdocio en febrero del año pasado y al día de hoy, según el informe realizado por los jesuitas, cumple con un plan de supervisión que incluye -entre otras medidas restrictivas- la prohibición total del contacto con menores.

2012, el último respiro de Leonel Ibacache

La primera vez que Helmut Kramer, exalumno del Colegio San Luis de Antofagasta, intentó denunciar los hechos, le cerraron la puerta. Lo hizo cuando el sacerdote Eugenio Valenzuela estaba de provincial de los jesuitas en Chile. En 2012, se acercó para decirle que Leonel Ibacache abusó de él en 1983, mientras era menor de edad, en el proceso de preparación de su Primera Comunión. Cuando lo habló con Valenzuela, quien, a su vez, también estaba siendo acusado, la situación no prosperó y en octubre de 2018 el caso salió a la luz pública: Kramer, a sus 47 años, quería que se hiciera justicia antes de que Ibacache falleciera. “En 2007 tenía un sueño, era muy simple: eran las manos del cura tocándome. Despertaba sudando entero, algunas veces me ponía a llorar”, decía el relato que publicó Óscar Contardo en su cuenta de Facebook.

Hasta ahora, según el informe jesuita, son seis menores de edad las víctimas de diversas situaciones abusivas de connotación sexual que ocurrieron entre finales de los 60 y hasta los 90 en Santiago, Puerto Montt, Valparaíso y Antofagasta. “Ibacache estaba viviendo en una casa en Valparaíso en 1999 cuando sale el caso de Raúl González. En un momento ellos dos y Jaime Guzmán estuvieron viviendo en ese mismo lugar, solo que nadie sabía que habían sido denunciados”, cuenta Contardo.

Prueba de ello fue que recién en 2018 se le prohibiera el ejercicio del sacerdocio y se le restringiera el contacto con menores. El 2019, la Compañía de Jesús lo expulsó. Kramer, en tanto, se convirtió en uno de los iniciadores de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, y pese a que logró que se hiciera justicia -canónica, al menos- sobre su caso, la condena no alcanzó a durar mucho. Un año después, el 15 de septiembre de 2020, Leonel Ibacache falleció a sus 97 años.

2019, el secretismo de Renato Poblete

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“No era de andar haciéndoles cariño a los niños sin hogar, ni de detenerse en conversaciones de pasillo. Poblete -o “Pobrete”- iba apurado por la vida. Tan eficaz como el más rápido, reconciliaba a parejas a punto de divorciarse, abuenaba a empresarios disgustados, daba entrevistas a un matinal o entraba resuelto a la oficina de un alto ejecutivo para asegurar la donación anual al Hogar de Cristo”. Así se describe, en un artículo de La Tercera, a quien fuera la figura más emblemática de la Compañía de Jesús.

Las denuncias de abuso que aparecieron en 2019 contra Renato Poblete, fallecido en febrero de 2010, marcaron un golpe profundo en la orden. Tanto fue el impacto, que incluso ellos mismos quisieron investigar los hechos. Y así se hizo: tras la llegada de una carta a la congregación de los jesuitas, en la que una mujer declaraba “delitos y situaciones abusivas, entre 1985 y 1993, de carácter grave en el ámbito sexual, de poder y de conciencia”, se inició una indagatoria inicial el 12 de enero de 2019. Cinco días después, el caso se hizo público y por primera vez los jesuitas nombraron públicamente a un laico a cargo del caso. A través de un comunicado, anunciaron que se abriría una investigación oficial a cargo del abogado Waldo Bown. En eso apareció el primer testimonio. Se trataba de la teóloga Marcela Aranda, que en El Mercurio dio a conocer su relato: “(Poblete) Destruyó mi vida afectiva hasta el día de hoy. Nunca pude armar una relación con nadie. Mi capacidad de entablar relaciones personales, de sentir cariño y de sentirse querido quedó totalmente destruida”, dijo el 27 de enero de 2019. Más tarde volvería a entregar detalles, contando que entre las cosas que hacía Poblete había violaciones grupales, golpes y abortos propiciados por él.

El informe que llegó después fue devastador: eran más de 100 testigos y 22 denuncias de mujeres en total, que entre 1960 y los 2000 fueron víctimas de Poblete tanto en Santiago como en Valparaíso. Cuatro de ellas eran menores de edad, por lo que los antecedentes se enviaron a la fiscalía.

A nivel judicial, la situación era especialmente compleja con casi todos los sacerdotes jesuitas acusados, por dos cosas: algunas denuncias consistían en abusos contra mayores de edad, o los que eran contra menores, estaban prescritos. Sin embargo, el caso de Poblete era el único con el que la nueva ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad podría haber cobrado valor. El tema es que el imputado estaba muerto.

Lo único que quedaba, entonces, era una compensación: en junio de 2020, Marcela Aranda llegó a un acuerdo económico con los jesuitas. Sin entrar en detalles del monto, aseguró que hace tiempo que lo estaba pidiendo. Sobre todo para cubrir gastos médicos y atenciones que necesitó por los costos del trauma. Junto con ello, también interpuso una querella en contra de quienes hayan sido cómplices de los abusos cometidos por Poblete. Pero aún así, no se sintió satisfecha con el resultado. Esto dijo en entrevista con La Tercera: “El dinero no te repara la vida, por muy importante que sea la cifra, porque la sensación que tienes es: ‘Mira, yo te doy esto, ya no molestes más’”.

2022, Felipe Berríos: el último bastión

La denuncia entró el 29 de abril a la congregación, pero lo cierto es que la denunciante desde hace siete meses venía trabajando con la Fundación para la Confianza para tratar su situación. Quienes conocen el caso, aseguran que llegó con dudas. Lo que se sabe hasta ahora es que sería exalumna de uno de los colegios de mujeres del sector oriente de Santiago, en los que el sacerdote trabajó durante la década de los 90 y 2000. Los hechos fueron más de uno y habrían ocurrido entre 1998 y 2003, cuando la denunciante tenía entre 12 y 17 años. Eso sí, no habría sido en contexto escolar sino que en uno familiar, en donde Berríos, a raíz de una tragedia, se habría convertido en el guía espiritual de ella y su familia.

El abogado de la Fundación para La Confianza, Juan Pablo Hermosilla, detalló a los medios que el relato era verosímil con la realidad.

La orden religiosa abrió una investigación canónica que llevará a cabo el Centro de Prevención de Abusos y Reparación, encabezada por la abogada María Elena Santibáñez. Sin embargo, aún no se ha tomado la opción de abrir una investigación judicial. “La norma de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad establece -entre otras cosas- que cuando la persona afectada cumple 18 años son delitos de previa instancia particular, es decir, que quien tiene el derecho de ejercer la acción (de denunciar en tribunales) es solamente esa persona. En este caso, la denunciante es una mujer mayor de edad. Sería ella quien tendría que hacer la denuncia en los tribunales ordinarios. En estos momentos entendemos que su voluntad es ejercer la acción ante la justicia canónica y no la ordinaria. Como CPR respetamos esa decisión”, explica la directora del centro, María de los Ángeles Solar.

Para Marcial Sánchez, este es un impacto directo al núcleo jesuita. Sobre todo, considerando que, al igual que Renato Poblete, Berríos es una figura que la orden enarboló. Con críticas a su estilo y manera de hacer las cosas, aún logró que parte de la sociedad lo pusiera en un pedestal y que, para muchos, “su figura fuera uno de los últimos bastiones creíbles de la Iglesia”, dice Sánchez. Pero así como se subió, argumenta él, también se cayó, y eso enluta la historia de este tipo de instituciones. Lo resume así: “Los hombres pasan y las instituciones quedan. El problema es cómo quedan”.

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