Viaje al corazón de la propuesta constitucional: ¿Cómo quedó el sistema político?

Cuando se instaló la Comisión Experta, los integrantes de la subcomisión de Sistema Político -Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Natalia González (Ind.-UDI), Juan José Ossa (RN), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Francisco Soto (Ind.-PPD)- se sentaron a la mesa para trabajar en un diagnóstico común que orientara su trabajo. El resultado arrojó un consenso sobre la existencia de un Congreso fragmentado, poca disciplina, transfuguismo, discolaje, nulos incentivos para la cooperación entre el gobierno y el Poder Legislativo, y -por ello- un régimen presidencialista obstruido.

Hace varios meses, el comisionado Sebastián Soto solía usar una metáfora para referirse al trabajo de esta subcomisión: una caja de herramientas pensada para combatir cada uno de los problemas detectados. Esa caja tuvo un largo camino. Partió con muchas herramientas, luego los consejeros sacaron algunas y sumaron otras.

Este es el resultado de cómo quedó el corazón o la sala de máquinas de la propuesta de nueva Constitución, es decir, los engranajes pensados para fijar las reglas que regulen la elección de los parlamentarios, los partidos políticos y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

El Consejo modificó el sistema electoral, achicando la magnitud de los distritos y reduciendo los escaños de la Cámara. Los distritos ya no repartirán entre tres y ocho escaños, sino que distribuirán entre dos y seis. El Servel deberá redistritar el sistema electoral, pero con un tope máximo de diputados: 138. Es decir, se recortaron 17 escaños. Dicho redistritaje será tramitado en el Congreso en una comisión bicameral que, si no despacha el asunto en 18 meses a partir de la aprobación del nuevo texto, regirá la propuesta del Servel. El nuevo sistema tendría su debut en la elección parlamentaria de 2029.

“La propuesta es balanceada. Ni es una refundacional ni mantiene el statu quo. Es una reforma modesta, pero muy significativa. Habrá entre tres y cuatro grandes listas electorales. Al interior de ella, habrá una pluralidad de partidos. Se espera que esas listas electorales tiendan a mantenerse como alianzas políticas estables en el Parlamento, disminuyendo así la fragmentación efectiva”, afirma Arturo Fontaine.

Algo similar opina el director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Kenneth Bunker. Para el académico, la reforma electoral del Consejo “es moderada y razonable”. Bunker plantea que “si no hubiese un problema de fragmentación tan grave no estaría justificado un tipo de reforma electoral como esta”. En esa línea, añade: “Trabajar sobre la magnitud de los distritos y el tamaño de la asamblea me parece que es suficiente para disminuir en una proporción necesaria el número de partidos y no disminuirlo descabelladamente”.

La segunda herramienta principal es el umbral electoral de 5%. Los partidos deberán conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la repartición de escaños en una elección parlamentaria. Dicho umbral quedó lleno de excepciones. La barrera se puede conseguir con el 5% o sumando al menos ocho parlamentarios. Además, la regla se aplica gradualmente: en la primera elección el umbral será de 4% y la excepción de parlamentarios baja a cuatro. Además, se puso una nueva excepción que aplicará una sola vez: los partidos de un mismo pacto que no logren el 5% pueden fusionarse si la suma de sus votos los hace llegar al umbral exigido o, en su defecto, fusionarse con un partido de su mismo pacto que sí consiguió el umbral.

Sobre este tema, la politóloga de la Universidad Católica Julieta Suárez-Cao tiene una visión crítica: “Los cambios no son audaces, son conservadores. El umbral es cosmético, ya que hecha la ley, hecha la trampa. Se instalaron muchas válvulas de escape para no aplicar dicha regla”.

Para la académica, la reducción de parlamentarios ataca el problema equivocado. “Las medidas que se incluyeron son populistas o demagógicas, como reducir el tamaño de la Cámara y los distritos. Eso, en realidad, traerá una merma en la representación de la pluralidad de voces. Hay una excesiva confianza de que esto va a traer gobernabilidad, olvidándose de que el principal problema no es la gobernabilidad, sino que es la representación, por lo tanto, esa crisis se ahonda”, plantea Suárez-Cao.

La caja de herramientas sufrió la pérdida de un elemento importante. Los expertos habían aprobado trasladar la elección parlamentaria para que coincidiera con la segunda vuelta presidencial, pero el Consejo eliminó el artículo. Se quería seguir el ejemplo de Francia, para así conseguir coaliciones mayoritarias, pero los consejeros temieron dar ese paso. Otra herramienta que nunca vio la luz fue la idea de eliminar los pactos electorales y avanzar hacia listas electorales cerradas.

Respecto de la paridad, no habrá regla permanente. Se incluyó una norma transitoria que obliga a tramitar una ley para tener un equilibrio de género 60-40 en el Congreso que, de existir, solo durará dos ciclos electorales.

“Es contraintuitivo respecto de la dirección a la cual va encaminada la sociedad. Si bien viene incluido, solo se hace como algo transitorio. Las mujeres han avanzado en este tema, han conquistado sus derechos políticos y el tema pudo haber quedado de otra forma, de manera que no sea leído como un retroceso”, afirma la politóloga Pamela Figueroa.

El texto ofrece una serie de herramientas para fortalecer el sistema de partidos. Aquí una de las grandes novedades -que no está contemplada en la Constitución vigente- eran las órdenes de partido. El anteproyecto las dejó como algo excepcional, sin embargo, el Consejo las eliminó.

Otra herramienta relevante que sí quedó en el nuevo texto es la que establece que los parlamentarios que renuncien a su partido perderán su escaño en el Congreso. Los comisionados habían aprobado, adicionalmente, que esta sanción también aplicaba a los parlamentarios expulsados por su respectiva colectividad, pero el Consejo lo suprimió.

Para fomentar la disciplina parlamentaria, el texto mandata a la ley a establecer bases de una organización por bancadas, obligando a los parlamentarios independientes a incorporarse a una.

La propuesta avanza en controlar de mejor manera la democracia interna de los partidos. Para eso se establece que el Servel deberá administrar la elección de sus instancias directivas.

Los independientes no podrán competir en listas electorales y para inscribirse como candidatos requerirán del patrocinio de al menos el 1% de los que sufragaron en la última elección de su distrito o circunscripción.

Por otra parte, el texto propone que para acusar a un ministro de Estado, previamente dicha autoridad debe ser sometida a una interpelación. A su vez, se aumentó el número de firmas de diputados para ingresar la acusación, pasando de 10 a 15 firmas las requeridas. También se elevó el quórum para aprobar la acusación constitucional: en la Cámara se pasa de mayoría simple a mayoría absoluta y en el Senado se mantienen los 2/3 para aprobar la acusación contra el Presidente y se aumenta a 4/7 para el resto de las autoridades.

Una nueva herramienta que quedó en el texto es la agenda legislativa prioritaria del Presidente. En su cuenta pública anual, el Mandatario podrá escoger hasta tres proyectos de ley que deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación dentro de un año. Si los parlamentarios no cumplen, se establece que el proyecto será puesto en “votación en la sala correspondiente en su última versión, sin que sea posible que esta conozca o vote cualquier otro”.

Para que las urgencias legislativas dejen de ser de papel, se propone que el Presidente presente la urgencia, la que será calificada por la cámara respectiva. Si la urgencia no es respetada, se generarán sanciones definidas por ley, las cuales podrán ser pecuniarias.

El texto propone que las indicaciones sobre materias exclusivas del Presidente serán declaradas inadmisibles por la mesa directiva de la cámara respectiva o de quien ejerza la presidencia de la comisión. Esa declaración de inadmisibilidad podrá ser enmendada por 4/7 de la sala. La redacción final de esta norma será resuelta por la comisión mixta.

Para apoyar la labor técnica de los parlamentarios se creará una Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio para analizar el impacto financiero de las normas que se tramiten y la Ley de Presupuestos.

En el proceso también se hicieron modificaciones al tipo de leyes y el quórum necesario para aprobarlas. La Constitución será reformada por 3/5 y no habrá mecanismo de reemplazo. Las leyes interpretativas de la Constitución también tendrán quórum de 3/5. No habrá leyes orgánicas constitucionales, ya que pasarán a llamarse leyes institucionales que se aprobarán con quórum calificado, es decir, por mayoría absoluta. Existirá un solo tipo de normativas especiales -llamadas leyes electorales-, que se aprobarán por 4/7.