Tercera PM
Presenta:

Amistades peligrosas II: La “vaquita” obligatoria para hacerle un sueldo a la alcaldesa de Quinta Normal

Autor: Ivonne Toro

Funcionarios del municipio relatan en la fiscalía que debían pasar dinero en efectivo para financiar a a la alcaldesa cuando estaba en campaña.



Fue durante el año 2012 cuando la actual alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, que en la época se desempeñaba como profesional de la Corporación Municipal, comenzó a recibir en su cuenta corriente “aportes” obligatorios de funcionarios de esta última entidad, que no fueron parte de su rendición de gastos, y que buscaban generarle un sueldo mientras se dedicada a su campaña por la elección para suceder a su padre, Manuel Fernández Araya.

Así lo declaran ex funcionarios en la carpeta de investigación por eventuales delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, falsedad y uso malicioso de documentos privados y estafa en contra de la Corpquin que sitúan a Fernández y al concejal Francisco Duarte como los líderes de una serie de maniobras que han esquilmado el patrimonio municipal. Se trata de una arista sobre platas políticas en una causa donde se ha detectado pagos abultados a un proveedor con dineros destinados a niños vulnerables y con capacidades diferentes, falsificación de documentos y hasta soborno para la recuperación de subvenciones escolares.

Del caso ha sido parte la recientemente designada subsecretaria del Delito por parte de Sebastián Piñera, Katherine Martorell. La exconcejal de la comuna presentó el año pasado una querella en contra de las actuales autoridades por apropiación indebida en contra de los trabajadores de la Corporación Comunal de Desarrollo a quienes les adeudan imposiciones, y sumó eventuales delitos en el proceso de licitación de varias obras como la obtención de los contenedores de basura, la construcción de las canchas Esparta y Estadio Bernardo O’Higgins, además de la licitación del recambio de luminarias. En paralelo, inició acciones por abandono de deberes en contra Fernández luego de que ésta en tres ocasiones no se presentara en 2015 a  declarar en juicio de Ideas & Proyectos S.A en el 28º juzgado Civil de Santiago. El proceso se perdió y el municipio fue condenado a pagar a la compañía $862 millones por daños emergentes y $100 millones por daño moral y otros.

En la indagatoria, tal como publicó La Tercera PM la semana pasada, se han establecido una serie de nexos entre quienes se repiten como conocedores o partícipes de las anomalías denunciadas. Así, por ejemplo, el concejal Francisco Duarte Díaz antes de ser autoridad electa se desempeñó como director de Educación entre los años 2004 y 2014 y durante su gestión se extraviaron $700 millones del Programa de Integración Escolar (PIE). Durante parte de ese periodo, su hermano David, pareja de la hija de la alcaldesa, ocupó el cargo de Administrador Municipal del padre de la actual jefa comunal. Otro hermano, Osvaldo, se desempeñó en la Gerencia de la Corporación Municipal de Deporte.

Los Duarte Díaz, según los testimonios recogidos en la carpeta de investigación, pusieron a gente de su confianza en cargos clave de la Corporación. En el departamento de Educación, por ejemplo, trabajó Penélope López Donaire, hija del otrora director de Finanzas de la Municipalidad, David López Sepúlveda; y en Administración y Finanzas de Gisella Mendoza, hija del director de Deportes, Óscar Mendoza. Este último, entre otras funciones, realizaba la “colecta” obligatoria entre funcionarios para la elección de la alcaldesa Fernández.

Entre quienes testifican en la causa que sigue el fiscal Marcelo Carrasco, que en las próximas semanas formalizaría a Fernández y Duarte, figura Marcelo Obreque Saavedra, contador que  en febrero de 2009 llegó a la Corporación a crear la dirección de Recursos Humanos. El personero señala que en 2010 asumió además la Dirección de administración y finanzas y detectó una serie de irregularidades como inexistencia de conciliaciones bancarias, desorden contable y déficit financiero. Además, detalla, que el ex Secretario General, Bernardo Córdova, le exigía entregar parte de su salario. Córdova refiere, a su vez, que el dinero era para Fernández.

“Bernardo Córdova (Secretario General) me exigía entregarle parte de mi sueldo, eran alrededor de 500 a 600 mil pesos mensuales. Cuando me lo exigió, le respondí que era injusto, porque yo estaba ganando lo mismo que el anterior Director de Finanzas. No tenía bonos, ni nada. Me respondió que debía pagar igual, y en efectivo. Por lo tanto, al recibir mi sueldo, debía sacar el dinero del cajero automático para entregárselo. Esto me significó problemas, porque me separé en ese tiempo y, para el pago de la pensión, se me calculó los ingresos respecto de mi sueldo neto. No podía reclamar que gran parte del sueldo debía entregarlo a Córdova”, plantea.

Al respecto, acota que “en julio (2012), comenzó la recolección de dinero para la campaña, que estuvo a cargo de Óscar Mendoza. Se exigió la entrega de dinero en efectivo para la campaña política de Carmen Gloria Fernández. Era dinero en efectivo, 100 mil pesos mensuales desde julio a octubre. Mendoza paraba por las oficinas cobrando el dinero No era voluntario, había que entregar ese dinero forzosamente. Todos los directivos debíamos pagar”, consigna.

El abogado Mario Gutiérrez Arredondo, que también trabajó en Corpquin, añade que “en algún momento, en la campaña de Carmen Gloria Fernández, el Secretario General Bernardo Córdova solicitó hacer una ‘vaquita’ para Carmen Gloria Fernández, debido a que durante su campaña ella estaría sin trabajo porque había renunciado a la Corpquin, y necesitaba dinero para sus gastos personales. Todos los directivos tuvimos que aportar, yo conversé con Estévez, Obreque, incluso con la secretaria Presacco. Todo tuvimos que poner dinero para la candidatura, no recuerdo cuánto. Luego de pagarme el sueldo, yo retiraba el dinero y se lo pasaba en efectivo a Bernardo, en la misma Corpquin. También se solicitó ayuda para participar en la campaña de Carmen Gloria Fernández, estábamos obligados a hacer puerta a puerta, entregar folletos, hacer caravanas. Si uno no colaboraba, era seguro que lo despedirían”.

Sobre el mismo punto, Córdova agrega que “es efectivo que se me pidió que juntara dinero para la campaña de Carmen Gloria Fernández. Para esto aporté con parte de mi sueldo, y le pedí también a Obreque que me entregara parte del suyo. Se suponía que el dinero se devolvería después, pero nunca ocurrió”. Recalca que “el dinero se lo entregaba por transferencia a Carmen Gloria Fernández. Por transferencia electrónica, alrededor de 600 mil mensuales, debe haber sido durante un año”. Posteriormente, además, se hizo una colecta entre el resto de los funcionarios con el mismo fin.

De hecho, en la indagatoria figuran transferencias de $630 mil mensuales de Córdova a Fernández desde julio de 2012 a abril de 2013, cuando ya había asumido su función como alcaldesa.

Según relata Gutiérrez Arredondo, la alcaldesa y Duarte Díaz persiguieron ser indemnizados al abandonar sus funciones en la Corpquin para asumir sus cargos de elección popular. Finalmente, sólo Duarte Díaz recibió una indemnización de $21 millones. “Puedo señalar que en una oportunidad Bernardo Córdova, me consultó si era procedente pagar alguna indemnización en el caso de Carmen Gloria Fernández y Francisco Duarte, debido a que ellos estaban renunciando para asumir sus cargos. Yo le contesté que era improcedente, y que incluso me parecía ilegal y antiético pagar alguna indemnización asociada. Se conversó la situación de que fuera por la causal de mutuo acuerdo, contesté que era la misma situación, que sería inmoral y antiético, y además adverso desde el punto de vista político porque los concejales lo harían valer en algún momento ante el Concejo. En lo que ocurrió posteriormente, no tuve ninguna incidencia. Esto fue decidido por Carmen Gloria Fernández, Francisco Duarte y Bernardo Córdova”.

Fernández y Duarte no contestaron los múltiples llamados de este medio.

Seguir leyendo