Caso Intervalores: Justicia confirma millonarias multas a Gabriel Urenda y Sebastián González por entregar información falsa al mercado

INTERVALORES URENDA
Sebastián González y Gabriel Urenda, gerente comercial y gerente general del holding Intervalores.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó millonarias multas en contra de Gabriel Urenda y Sebastián González, gerente general y gerente comercial, respectivamente del holding Intervalores por haber entregado información falsa al mercado. Ambos hoy se encuentran bajo arresto domiciliario total y a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral que originalmente se había agendado para el 21 de septiembre, pero por la pandemia se postergó al día 8 de marzo de 2021.


El pasado 1 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra de Gabriel Urenda Salamanca y Sebastián González Chambers, gerente general y gerente comercial del Grupo Intervalores.

El fraude que afectó a 87 personas y generó un perjuicio cercano a los $11.500 millones aún sigue siendo investigado por el Ministerio Público y en sede penal está a la espera de la audiencia de juicio oral fijada para el día 8 de marzo de 2021.

Todo comenzó cuando el 15 de marzo de 2019, el regulador aplicó sanciones por un total de UF 18.000 ($523 millones) a Intervalores Corredores de Bolsa Limitada, pero también a su gerente general y socio principal, Gabriel Urenda y a su ex gerente comercial, Sebastián González por entregar información maliciosamente falsa sobre la situación patrimonial e índices financieros de la intermediaria.

En el proceso, Gabriel Urenda dijo que no tuvo participación en el envío de información “maliciosamente falsa”. Además, señaló que existía abundante prueba en la investigación administrativa en la que testigos que aseguraron que él no estaba enterado de la situación.

Sin embargo, para el tribunal de alzada “el desconocimiento que tenía el señor Urenda del mal estado de los negocios y en el envío de información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, lo que en su calidad de gerente general y socio mayoritario de la Corredora, resulta imposible de aceptar”.

En efecto, según el fallo Urenda “continuó emitiendo informes que faltaban a la verdad, para tranquilizar a la CMF, debiendo conocer la normativa que regía su actividad, en especial, no podía desconocer que la Corredora no cumplía los requerimientos regulatorios de patrimonio, liquidez y solvencia, que le autorizaban para mantener su registro en tal calidad”.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago afirmó que “con el mérito de los antecedentes valorados en la Resolución impugnada se encuentra acreditado que el reclamante tenía conocimiento del mal estado patrimonial y financiero de la Corredora, no solo por haber sido sancionado por hechos similares con anterioridad, según Resolución Exenta N° 605 de 3 de julio de 2017, sino también por el relato de los testigos que deponen en la investigación”. Por otro lado, según el fallo, estos hechos permiten establecer que Urenda sí tenia conocimiento del mal estado patrimonial de Intervalores Corredora de Bolsa Limitada.

Urenda “fue informado de los antecedentes falsos proporcionados a la entidad de control –índices diarios-, quedando igualmente probado que instruyó al encargado de preparar la información de la corredora, para cuadrar las cuentas y ajustar la contabilidad, la que reflejaba la imposibilidad de funcionamiento de ésta”, consignó el fallo.

Francisca Franzani, abogada de Carey & Cía y representante de Panor -querellante y una de las principales víctimas del caso Intervalores- señaló: “las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que mantuvieron las multas impuestas a Urenda y González, estas confirman el nivel de actuación premeditada y perjudicial de Urenda y González destinada a perjudicar a sus clientes, lo que ameritó que la Corte rechazara todos sus descargos y mantuviera la multa. A su vez, en estos procedimientos se ha replicado la estrategia utilizada por Gabriel Urenda y Sebastián González, quienes se responsabilizan mutuamente de sus actuaciones realizadas al alero de Intervalores. Finalmente, ambas resoluciones dan cuenta de que es posible la existencia de sanciones civiles, penales y administrativas, que sean impuestas de forma conjunta”.

Acusaciones cruzadas

En el proceso judicial, hubo posiciones divergentes entre González y Urenda. De hecho, este último sostuvo que desconocía el real estado de los negocios de Intervalores e inculpó a su gerente comercial. Mientras, Sebastián González aseguró que las maniobras que se le imputan, corresponden a conductas desplegadas en forma exclusiva por su ex jefe.

No obstante, la sentencia del tribunal consignó que en el proceso administrativo se logró acreditar que González conocía que la corredora incumplía los requerimientos regulatorios de patrimonio, liquidez y solvencia, que le autorizaban para mantener su registro.

“Es un hecho probado la participación del reclamante (Sebastián González) en la denominada cuadratura como un proceso diseñado y aceptado para un fin irregular, como se acredita con los elementos de convicción que se citan y analizan en la resolución”, acotó el fallo.

La sentencia del tribunal de alzada también confirmó “que la existencia de un proceso penal no impide que la CMF ejerza sus atribuciones para fiscalizar y sancionar las infracciones normativas de su competencia”.

La defensa de González originalmente estuvo en manos de Ignacio Ried y posteriormente siguió con Darío Silva, del estudio Montero, Silva & Valdés Abogados. En tanto, Urenda fue representado por el abogado Sergio Ibarra de Ibarra & Asociados. Mientras que en representación del Consejo de Defensa del Estado, actuó el abogado Alfredo Larreta de Cisternas y Cia.

A la fecha, Sebastián González y Gabriel Urenda se encuentran fuera del penal Capitán Yaber, cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional.

En el proceso, el Ministerio Púbico imputa a Urenda y Gonzalez los delitos de entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida en un esquema piramidal.

Según detalló el Ministerio Público en la audiencia de formalización de ambos imputados, Intervalores S.A. ofrecía a numerosas personas en Santiago, Concepción, Temuco y Valdivia inversiones con rentabilidades aseguradas del orden de 0,5% al 0,8% mensual por medio de instrumentos financieros de bajo riesgo.

Por medio de un contrato de tipo denominado “Mandato de Administración”, los inversionistas víctimas enviaron sus dineros con el objetivo de obtener las rentabilidades prometidas. Sin embargo, el fallido holding financiero habría utilizado dichos fondos para mantener su operación.

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