Ciudadanos empoderados vs. estándares obsoletos: INDH advierte alza de conflictos socioambientales

"La tendencia muestra que a medida de que la población toma conciencia de no querer ser sacrificada por el crecimiento, estos conflictos se van a mantener en la agenda. Y si está en discusión el SEIA, van a ser parte de la agenda política del próximo año", afirma el jefe de Estudios del INDH, Osvaldo Torres, a partir de las nuevas cifras sobre conflictos socioambientales en Chile.


Un alza en el número de conflictos socioambientales es lo que mostrará el próximo mapa sobre el tema que publicará el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la próxima semana. Este se conocerá en medio de la crisis en Quintero y Puchuncaví que se desató hace una semana a raíz de una nube tóxica que dejó a más de 30o personas intoxicadas, y que provocó que el Presidente Sebastián Piñera acudiera ayer a la zona en medio de manifestaciones en contra.

La última vez que se actualizó el mapa fue en 2015, año en el cual se contabilizaron un total de 102 conflictos socioambientales a lo largo del país. Según las nuevas cifras, en estos tres años estos aumentaron a 116, lo que implica un 13% más que en la última medición. Y, en palabras del jefe de Estudios del INDH, Osvaldo Torres, todo indica que el alza en la conflictividad será sostenida en el tiempo.

Según la definición del INDH, un conflicto socioambiental no corresponde necesariamente a una "zona de sacrificio" -concepto que ha circulado con fuerza en estos días a partir del episodio en Quintero. Se trata de casos en los que se cumplen simultáneamente cuatro condiciones: que haya una controversia pública respecto del acceso o uso de recursos naturales o con impacto social y ambiental de las actividades económicas en el territorio; que la disputa ocurra entre dos o más actores que se puedan identificar; el desarrollo de acciones por parte de los actores para hacer prevalecer sus intereses o posiciones; y que haya al menos un registro del conflicto en los medios de comunicación que constate su existencia.

Es así como en su registro de 2018, el INDH -del total de 116 casos contabilizados- establece que 63 conflictos están activos, 30 están latentes y 23 cerrados. De estos, 45 corresponden al sector minero, 56 al energético, 7 a la pesca y acuicultura, 4 al sector agropecuario y 5 al forestal.

Asimismo, respecto de sus causas, la mayoría -80 cas0s- radica en una controversia por el lugar de exploración o explotación del proyecto; 49 tienen en su origen la existencia de residuos, emisiones o inmisiones; y 17 el uso o contaminación de recursos naturales.

El alza de la conflictividad por razones socioambientales -afirma el jefe de estudios del INDH, Osvaldo Torres-, se explica por dos razones. "Uno podría hipotetizar que, por una parte, hay un mayor empoderamiento de las comunidades respecto de sus derechos en relación al uso de las tierras, al acceso a sus derechos de agua y a vivir en un medio libre de contaminación. Lo que lo permite, en alguna medida, es la ley de participación ciudadana en los sistemas de impacto ambiental, y los procesos de consulta indígena", dice.

Como segunda razón, esgrime que "los estándares respecto de los procesos de inversión requieren de adecuarse a las nuevas condiciones de conciencia medioambiental del país. Ahora hay un proyecto de ley sobre un nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que es una demostración de la necesidad de actualizar los criterios sobre los cuales se están aceptando las inversiones del país para ponerlos a tono con estándares internacionales y las exigencias de la población".

"La tendencia muestra que a medida de que la población toma conciencia de no querer ser sacrificada por el crecimiento, estos conflictos se van a mantener en la agenda. Y si está en discusión el SEIA, van a ser parte de la agenda política del próximo año", agrega Torres. Y advierte que "si las empresas estatales no reaccionan respecto de esa conciencia, la tolerancia de la población va a ser menor".

El INDH -cuyo consejo publicó hoy una declaración manifestando su "preocupación y solidaridad" con los habitantes de Quintero y pidió realizar las "investigaciones pertinentes"- se hará parte de la discusión en el Congreso tanto de la ley que reforma el SEIA como la del Código de Aguas.

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