Ignacio Briones asumió como ministro el 28 de octubre de 2019, apenas diez días después del estallido antisocial. Antes de Briones, habían ocurrido más de 1.156 eventos de violencia graves; 600 funcionarios de Carabineros y las FFAA heridos; 350 civiles lesionados; 400 vehículos policiales atacados y casi 8.000 personas detenidas. En apenas 10 días.

“En Chile hubo violaciones a los derechos humanos post estallido, si las hubo. Así lo reconoció el Gobierno, así lo dicen los informes internacionales”, afirmó el ahora candidato Briones al presentar su plan de derechos humanos, proponiendo una comisión de reparación y garantizando el acceso expedito a la justicia a las víctimas de estos hechos.

La llamativa y tardía confesión –o confusión– de Briones, no dejó a nadie indiferente. Durante los 400 días que ejerció como ministro, jamás hizo referencia a la supuesta violación de derechos humanos que habría ocurrido en los días previos a que él asumiera. Tampoco en entrevista o trascendido alguno se hizo conocida una postura donde cuestionara al gobierno por el manejo de seguridad durante la crisis o alzara la voz respecto de las víctimas de la eventual represión estatal.

Mal que mal, como encargado de la billetera fiscal, Briones era parte integrante del comité político y tenía acceso privilegiado al Presidente de la República a quien, una vez enterado de las supuestas infracciones por rumores o a través de los informes internacionales que hoy valida, pudo haber exigido explicaciones o la implementación de medidas para sancionar las flagrantes violaciones a los derechos humanos que ahora denuncia. De la misma forma, Briones como compañero de gabinete y de partido político de Gonzalo Blumel, entonces Ministro del Interior, tenía en él una contraparte directa de información y decisión que podría haber intervenido en exponer e investigar los hechos que se denuncian.

Pero Briones no hizo nada de eso. Peor aún, se mantuvo silente durante los 400 días de su gestión, período en el cual hubo más de 1.828 eventos de violencia graves; más de 4.600 funcionarios de Carabineros y las FFAA heridos; más de 1.200 civiles lesionados; 1.100 vehículos policiales atacados y casi 240.000 personas detenidas. En apenas 400 días.

En el fragor de la campaña electoral, siempre hay espacio para argumentos encendidos, reconocimientos grandilocuentes y promesas exageradas. Pero también hay ciertos límites. No tengo por qué dudar de la vocación democrática de Ignacio Briones ni de su interés profundo por la defensa de los derechos humanos. Pero su tardía, inexacta e irresponsable afirmación sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos, más que de convicciones democráticas, habla de deslealtad e incoherencia.

Hasta la fecha, no hay una sola sentencia ejecutoriada que haya dictaminado que en Chile se violaron los derechos humanos y quien afirma lo contrario tiene el deber de demostrarlo. Especialmente, cuando se trata de una ex autoridad del gobierno quien acusa, por acción u omisión, de tolerar esos graves hechos. No estamos en Venezuela ni en Nicaragua, sino en Chile, donde generalmente hay estado de derecho, separación de poderes y un poder judicial legítimo.

Antes de acusar a otros de violación y de condenar anticipadamente a cientos de Carabineros y miembros de las FFAA que arriesgaron sus vidas para defenderlo, sería bueno que el candidato Briones se cuestione qué responsabilidad le cabe como ministro en la demora de las soluciones al conflicto social y la pasividad que mostró frente a esa supuesta violencia cuando era miembro del gabinete.