"Hemos entregado antecedentes graves al Ministerio Público", destaca Mario Vargas, abogado de la empresa Cramick S.A, al referirse a la situación judicial de la compañía en el marco de la denuncia que realizó la Policía de Investigaciones ante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte por estafa y otras defraudaciones en la venta de chalecos antibalas. Según el profesional, los datos aportados dan cuenta de "una serie de irregularidades que se han suscitado en licitaciones de la PDI" y que han sido puestas en conocimiento también de instancias administrativas y políticas ya que podrían revestir, acusa, carácter de delito y develar "redes de protección al interior de la institución".

Ayer La Tercera PM dio cuenta de que la fiscal Ximena Chong estaba a cargo de una indagatoria que se origina luego de que 13 de febrero la PDI denunciara a Cramick S.A y Don Camarón S.A por anomalías en la adjudicación de una licitación pública para la adquisición de 776 chalecos antibalas corporativos publicada en octubre de 2016 con un valor de $213.368.999. Según el organismo policial, los productos no habrían cumplido con la calidad requerida y pese a ello, a través de una empresa de mariscos, se habría cobrado la factura correspondiente.

Desde Cramick, entidad que no pudo ser contactada para el reportaje publicado el jueves, aseguran hoy que "la denuncia realizada por la PDI a la Fiscalía, es una clara represalia en contra nuestra, por las constantes denuncias que hemos realizado en contra de la institución policial y sólo devela su intención de encubrir y proteger las actuaciones indebidas de funcionarios, hechos que nuestra compañía ha estado denunciando desde un principio".

Además insistieron en la calidad de sus productos, la que, insisten, ha sido acreditada por organismos calificados. De acuerdo a la acusación de la PDI, sin embargo, el Instituto de Investigación y Control del Ejército de Chile (IDIC) entregó una primera certificación acorde con los requisitos necesarios para presentarse a la licitación, pero posteriormente se habría pedido una segunda corroboración que habría llegado incompleta y no habría permitido garantizar la seguridad de los implementos.

Vargas, en cambio, plantea que "incluso trajimos un experto balístico búlgaro para calificar los chalecos y en dos ocasiones, de forma arbitraria, se negaron al peritaje".

Desde la PDI, en tanto, hubo disposición a responder los requerimientos de este medio durante la jornada.