Fiscalía indaga apremios ilegítimos de funcionarios PDI en control a la hija de Camilo Catrillanca en Temucuicui

El 7 de enero recién pasado, 850 detectives ingresaron a la comunidad Temucuicui en busca de cuatro mil plantas de marihuana. La PDI ejecutó una orden de entrada y registro, autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, sin embargo, el operativo terminó mal: se confiscó solo una parte de la droga, más de 11 personas resultaron prófugas y murió un detective. Además, un hecho externo empañó aún más la diligencia.

En paralelo al operativo, la PDI se vio envuelta en un caso que preocupa en el gobierno y en la policía: el control a la hija de siete años de Camilo Catrillanca, en medio de una protesta en Ercilla, en las afueras del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. La foto de un funcionario policial sosteniendo a la menor en el suelo dio la vuelta al mundo y fue duramente cuestionada por los organismos de derechos humanos (DD.HH.).

El 9 de febrero la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), concluyendo que “el personal de la Policía de Investigaciones de Chile que procedió a la detención de la menor sindicada actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima y, aun sin ella, vulneró los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, con infracción de la Constitución Política de la República y de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Y el caso también también abrió una arista con sede penal, que es lo que tiene pendientes al gobierno y la PDI, según distintas fuentes consultadas. La Fiscalía Regional de La Araucanía indaga a los funcionarios policiales involucrados en el procedimiento con la menor, a través de distintas grabaciones donde se evidencia cómo actuaron los detectives.

El Ministerio Público investiga el presunto delito de apremios ilegítimos, donde están a la espera de distintos peritajes para avanzar en la formalización de los policías involucrados.

El caso es indagado por el fiscal Carlos Cornejo, en compañía de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, quienes están estudiando el catastro de los policías que estuvieron en el lugar el día de los hechos, y, especialmente, de quienes participaron en el control de la menor.

El fiscal Cornejo sostuvo que “estamos investigando dos delitos que podrían haberse consumado: uno es apremio ilegítimo y otro es la detención ilegal. Estamos recabando los antecedentes, junto a la Brigada de DD.HH. de la PDI, donde estamos a la espera de información como cámaras que portaban los funcionarios investigados y la toma de declaración a algunos testigos”.

El persecutor agregó un dato no menor: “El caso más conocido es el de esta menor, pero también estamos investigando lo ocurrido con otras menores que habrían sido objeto de un control policial similar ese día. Estamos recabando esa información y más para establecer la identidad de los funcionarios que participaron del operativo”.

Es esto, justamente, lo que urge en el Ejecutivo: nuevamente un caso de violencia que involucre a las policías podría activar nuevas manifestaciones en el sur y poner en jaque, otra vez, al orden público. El gobierno apunta al reciente caso del carabinero que disparó a un malabarista, el 5 de febrero, en el centro de Panguipulli, cuyos coletazos recién están decantando El hecho generó distintos focos de violencia, incluidos desmanes en la Región Metropolitana. Además, en La Moneda ya han analizado que cada vez que ocurre un proceso penal de envergadura en la zona, se suceden altercados en parte de la Macrozona Sur (donde están las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos).

También, el ente persecutor trabaja en la detención de los autores de los disparos que causaron la muerte del policía lesionado en el operativo, el subinspector Luis Morales Balcazar. Por ahora, la fiscalía y la PDI ya lograron determinar el calibre de la bala que mató al investigador: se trata de una munición calibre 7,62. Es decir, un proyectil de grueso calibre que podría tener su origen en una escopeta o una pistola adaptada.

En la PDI descartan un caso de agresión contra la menor. Así lo hicieron ver a la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de que el INDH interpusiera el recurso de amparo contra la institución que fue acogido por la Suprema la semana pasada.

La policía de civil entregó un informe de carácter reservado al tribunal de alzada, el 25 de enero, donde relata punto por punto cómo ocurrieron los hechos ese 7 de enero, recordando el allanamiento, las protestas y el traslado de la hija Camilo Catrillanca a una unidad de Carabineros.

La Tercera accedió al documento, donde se señala que en relación al allanamiento a Temucuicui el objetivo eran 30 casas que albergaban plantas de marihuana. La PDI llevó a 850 detectives en 250 carros policiales: “Al hacer ingreso fueron subrepticiamente emboscados por sujetos ocultos en la vegetación de sectores boscosos y/o apostados estratégicamente en altura, utilizando diferentes tipos de armas de fuego, incluso con cadencia de disparo automático, haciendo frente ilegítimamente al personal policial, de manera continua, incluso en el desarrollo del procedimiento en el interior de la comunidad. En ese contexto, resultaron lesionados 11 oficiales policiales. Por su parte, mientras se realizaba la salida de los vehículos con personas detenidas, droga, armas y productos del delito, resultó fallecido, en el cumplimiento del deber, el subinspector Luis Alberto Morales Belcazar”, dice el escrito.

Los detectives, en el documento, explican que fue después de esto cuando ocurre lo de la hija de Catrillanca, en medio de una protesta fuera del Cesfam de Ercilla, donde fueron trasladados los detectives heridos. “Los funcionarios policiales observaron un vehículo que era parte de los disturbios, desconociendo la cantidad e identidad de sus ocupantes; dicho vehículo, ante la presencia policial, intentó darse a la fuga, lo que fue impedido por el carro lanzagua de Carabineros de Chile, el que logró impedir su paso. Lo anterior permitió que los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile solicitaran a sus ocupantes que descendieran del vehículo, petición a la cual se negaron, lo que motivó por parte de un policía la fractura del vidrio del copiloto, con el objeto de que las personas descendieran del automóvil”, señalaron.

Enseguida relataron que “una vez que los ocupantes del vehículo descendieron de él, y fueron reducidos conforme la práctica común policial, los funcionarios que participaron del procedimiento, recién en ese momento, advirtieron la presencia de la menor mencionada. Por ello, la comisaria Ingrid Ibáñez Matus apartó a la menor con el objeto de resguardar su integridad, trasladándose con ella hasta una plaza que se encontraba a pocos metros del lugar, donde la funcionaria policial la contuvo emocionalmente e incluso le dio para beber agua de su propia botella”.

Ya en el cuartel policial, según la PDI, la intención era resguardar a la menor. “Fue trasladada en el menor tiempo posible hasta la Subcomisaría de Ercilla, haciendo su ingreso al cuartel de Carabineros alrededor de las 15.30 horas, sólo para efectos de reunirla con su madre, manteniéndola en todo momento en el estacionamiento del citado recinto al lado de sus familiares, facilitándosele toallas húmedas, galletas y agua”, señalaron los detectives en el escrito. La menor, luego, fue retirada por sus familiares.