A pocas semanas de conmemorar el inicio y el final de la dictadura (el 11 de septiembre serán cuarenta y cinco años del golpe de Estado, y el 5 de octubre treinta del Plebiscito y el triunfo de la opción NO) seguimos debatiendo sobre violaciones a los derechos humanos. Un diálogo entre conversos y el fallo de la Corte Suprema a favor del indulto a siete ex uniformados, despertó un tema pendiente y muy sensible en relación a la interpretación de cuán evidentes nos parecen los derechos de los hombres y su protección.

En específico, el indulto hacia crímenes de lesa humanidad pone entre dicho la clemencia del Estado hacia sus propios agentes. Indultar, conmutar o perdonar penas, es una facultad que ejerce el Presidente de la República en forma discrecional pero no arbitrariamente, ya que su resolución debe estar sujeta al marco constitucional, así como a los compromisos internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado de Chile. En los últimos días la polémica se ha centrado en saber si los presos contaban con los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional: un buen comportamiento, el haber cumplido al menos con la mitad de la condena, y el arrepentimiento público. Al margen de la arista jurídica, el asunto sobre el uso del indulto vincula irremediablemente la idea de justicia con la condena moral que hace la sociedad de los crímenes de lesa humanidad contraponiendo, al otro lado del péndulo, el peligro de la impunidad.

Entre justicia e impunidad, probablemente, lo que más nos irrita es la 'banalidad del mal' demostrada por algunos de los indultados al no manifestar arrepentimiento por lo hecho. Recientes declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos matiza el arrepentimiento como condición para optar al indulto. Sin embargo, el concepto acuñado por Hannah Arendt durante el juicio a Adolph Eichmann en 1961 por su participación en el genocidio alemán, describe con notable agudeza el peligro de naturalizar el mal cuando los individuos son incapaces de tener un pensamiento crítico sobre sí mismos y sus acciones.  La irreflexión sobre las consecuencias de lo hecho ocurre, según Arendt, cuando un individuo está inmerso en un engranaje organizacional de tal magnitud y complejidad que las implicancias de su conducta están tan lejos y disociadas de él mismo, que termina cumpliendo órdenes sin cuestionar su resultado final.

El concepto es del todo pertinente para comprender que, tal como Eichmann, ninguno de los indultados es un malvado y cada uno de ellos merece un trato humanitario antes de su muerte. Sin embargo, René Cardemil, el primer indultado en Chile por crímenes de lesa humanidad, fue un ex coronel que fusiló a una mujer embarazada de seis meses, entre otros, y nunca pidió perdón en vida ni en sus escritos conocidos en forma póstuma. No se puede generalizar, pero informes psicológicos de los condenados sostienen la "insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado". Razones hay muchas para no mostrar arrepentimiento (personalidad, ideológicas, adoctrinamiento, el contexto y la historia, por nombrar algunas), pero probablemente la peor sea esta falta de conciencia de lo hecho. Por muy burocrático y jerárquico que haya sido el engranaje del régimen militar, nada exime de la responsabilidad de pensar por sí mismo y tener empatía con un otro valorado en su igualdad. Si hay clemencia, hoy al menos podríamos esperar arrepentimiento.