“Ya hemos denunciado y se investiga en fiscalía las injurias y violencias recibidas. Ninguna amenaza impedirá el mandato de los pueblos para escribir una Nueva Constitución paritaria, plurinacional, e intercultural. Gracias pu lamgen por su solidaridad”.
De esta manera, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, anunció el jueves en sus redes sociales, el inicio de acciones legales para dar con los responsables de las amenazas que recibió durante la semana pasada. El caso, que hoy es investigado por la Fiscalía Centro Norte y la PDI, derivó en una análisis de riesgo que levantó Carabineros para evaluar la designación de una escolta especial para la doctora en Literatura.
Así, incluso, lo señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el sábado. “La mesa de la convención nos ha oficiado, al gobierno, para poder darle una protección especial (a Loncon). Eso lo estamos analizando durante esta jornada. Hay que levantar un perfil de riesgo, como cualquier autoridad. En caso de ser necesario, por su puesto que lo vamos a otorgar”, sostuvo.
El estudio de Carabineros finalmente determinó la necesidad de disponer de dos funcionarios del departamento de Protección a Personas Importantes (PPI) de Carabineros. Estos, ya están trabajando en la seguridad de Loncón, por lo que ya acompañan a la presidenta de la Convención durante todo el día.
Su labor, explicaron fuentes policiales, es recoger a Loncón muy temprano en la mañana, acompañarla al exCongreso, estar presentes en sus traslados, y finalmente dejarla en su casa. Todo, monitoreado, además, por un equipo de seguridad de la unidad de PPI. Este servicio es el mismo que utilizan ministros, jueces y todo tipo de autoridades que tiene un nivel de riesgo.
La nueva “cápsula” de seguridad de Loncón está integrada por dos mujeres. Se trata de dos funcionarias, una con el grado de sargento primero, y otra sargento segundo, de quienes, por motivos de seguridad, no se puede entregar el nombre.
Una de estas carabineras es de ascendencia mapuche, en su primer apellido, y cuenta con una importante experiencia en este tipo de tareas. Entre 2014 y 2018 fue parte de la Oficina de Operaciones de La Moneda, trabajando en el equipo policial que monitoreaba la seguridad de la Presidenta Michelle Bachelet.
En paralelo, en tanto, el Ministerio Público y un equipo de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, trabaja en la investigación para determinar de dónde surgieron las amenazas. Para eso, ya se dispusieron una serie de diligencias, como la toma de declaraciones y la revisión de las direcciones IP de dónde surgieron los hostigamientos.
Las amenazas a las autoridades es un tema que preocupa en el Ejecutivo. Por lo mismo, la semana pasada el Presidente Piñera anunció el envió de un proyecto de ley para sancionar con mayor severidad a quienes sean condenados por estos delitos.
El Mandatario sostuvo que “en los últimos días y semanas muchas autoridades han sido víctimas de amenazas que han afectado a miembros del TC, del Senado, de la Cámara, de la Fiscalía, incluso de la Convención Constitucional. Y es muy importante constatar que en Chile los tipos penales de amenaza y coacción no han sufrido cambios significativos desde 1874 cuando se promulgó el código penal y no se han adecuado a la realidad de los tiempos modernos. Y que, además, el delito de hostigamiento, no existe hoy en nuestra legislación”.