Migraciones: abogado responsable de suspensión de Thayer había sido desvinculado por otros errores y fue recontratado por el gobierno

El jefe del área judicial del Servicio Nacional de Migraciones, Antonio Henríquez, cuenta con un historial de errores que en la administración pasada le valió su despido, luego que se le pasaran plazos legales de presentación de escritos. Por eso causó extrañeza su retorno, y ascenso -llegó a liderar el equipo de litigio- en la repartición durante la presidencia de Gabriel Boric. La suspensión de Luis Thayer, producto de no responder un recurso de protección, ha generado una nueva crisis y desde la UDI piden su salida "por ineficiente".


Como una “grave negligencia” se califica en la oposición que nuevamente abogados vinculados al Ministerio del Interior incurran en errores que terminan dañando a la institución. Por que si bien anteriormente se habían detectado problemas en la división jurídica de la cartera que encabeza Izkia Siches, ahora se evidenciaron irregularidades en el equipo judicial del Servicio Nacional de Migraciones (SerMig). Esto último debido a que profesionales de la entidad respondieron tarde a un oficio en el marco de la tramitación de un recurso de protección, lo que derivó en que la Corte de Apelaciones de Concepción decretó la suspensión temporal del director nacional del servicio, Luis Thayer.

En la resolución del tribunal de alzada se lee que “se le solicitó al Servicio Nacional de Migraciones informar acerca del recurso de protección entablado el 24 de marzo de 2022″ en favor de una ciudadana cubana que se acogió al proceso extraordinario de regularización iniciado en abril de 2021, “sin obtener respuesta alguna”. Pidieron pronunciamiento en cuatro oportunidades -el 25 de abril, el 12 y 30 de mayo, y el 24 de junio- pero la respuesta simplemente no llegó, por lo que el 11 de julio los ministros hicieron efectiva la sanción.

Dos días después de eso los profesionales del servicio reaparecieron, evacuando el solicitado informe y recurriendo en contra de la determinación dictada. La firma del documento la puso Antonio Henríquez Beltrán, actual jefe del departamento judicial del SerMig y que en el pasado protagonizó otros episodios de olvidos de plazo que lo llevaron incluso a perder su trabajo. Por eso en la repartición causó extrañeza su retorno, cuando asumió el actual Gobierno, e -incluso- su ascenso, ya que llegó a cargo de un equipo de abogados y con una jefatura a cuestas.

De acuerdo con los datos disponibles en Transparencia Activa del organismo, Henríquez hoy se desempeña como jefe del departamento judicial del SerMig -el que se encarga de la tramitación de los recursos en contra de la entidad-, con una remuneración de 2.658.778.

Paz Ortúzar, otrora jefa del área judicial de la administración de Bellolio, comentó que si bien ellos tenían cargas de trabajo que eran similares a las que hoy tienen, nunca enfrentaron una situación como esta. “Teníamos mucha carga de trabajado, pero aplicábamos medidas de contingencia ante la alta cantidad de recursos judiciales y nunca llegamos al extremo de que se nos haya aplicado una sanción como la de suspensión de funciones a la autoridad”, dijo.

En el mismo sentido, respecto de la actual jefatura, señaló que “resulta extraño su retorno toda vez que fue desvinculado porque se le pasaron plazos en la tramitación de causas”.

Por su parte, Ricardo Bahamondes, exjefe del área jurídica del Servicio, agregó: “El equipo es bueno y muy capaz, pero se falló en la dirección y control. Jamás llegamos a ese extremo. Siempre hubo mucha carga de trabajo, pero cuando pasaba, como jefatura adoptábamos las medidas pertinentes o planes de contingencia para no llegar a este tipo de situaciones”.

Si bien desde la administración anterior no se niega que en el marco de sus labores hubo aplicación de multas por retrasos debido a alta carga, insisten en que se tomaron las medidas administrativas de contingencia. Incluso, comentan en privado, se gestionó la contratación de un software que les permitía dar total seguimiento a los procesos y que les generaba las alertas necesarias ante el gran volumen.

Las alertas que se ignoraron

Antes de que asumiera el gobierno de Gabriel Boric, desde el área judicial del SerMig se abocaron en la elaboración de un informe de gestión que posteriormente entregaron a las nuevas autoridades. Así, durante la primera quincena de marzo se entregaron antecedentes tendientes a la sobrecarga laboral que tenían los funcionarios, pues desde 2019 que los recursos contra la entidad comenzaron a aumentar.

Según se informó en ese momento, con una dotación similar a la que hoy tiene la entidad -pero con menos recursos- en 2021 debieron hacer frente a más de 6.300 acciones judiciales, por lo que que recomendaron que el equipo de abogados especialmente destinados a esta área fuera de al menos 20, pero hoy siguen siendo 13. Por que por lo demás, la proyección que en ese mismo entonces hicieron es que hacia fines de este año los recursos ingresados podrían superar los 10 mil.

En el mismo escrito, de hecho, se levanta “una alerta” en razón de que los retrasos podían derivar en “multas, reclusión y otras penas para la institución y el director del servicio.

Dados los antecedentes, desde la UDI y RN no tardaron en pedir que se tomen medidas, entre ellas, la salida de Thayer. “Cuando el servicio no es capaz de hacer su pega, nos enfrentamos a que hay impunidad, fronteras abiertas, incapacidad de frenar la migración irregular. Esperamos que dado este escenario, el Presidente Boric le pida al director Luis Thayer dar un paso al costado”, indicó el diputado Juan Antonio Coloma.

Asimismo, junto a su par Renzo Trisotti anunciaron la presentación de un proyecto de acuerdo para que se discuta en la sesión más próxima de la Cámara de Diputados el asunto, y puedan solicitarle formalmente al Presidente la renuncia del suspendido director, “como principal responsable del desorden e impunidad que actualmente existe en esta materia”.

“El Gobierno no sólo se ha dedicado a mirar al techo respecto a la crisis migratoria, permitiendo el ingreso masivo de extranjeros en forma ilegal durante los últimos meses, sino que tampoco han sido capaces de cumplir con la ley y dar respuesta a tiempo a las solicitudes de oficio. Ya son innumerables los errores no forzados que está cometiendo la actual administración y que terminan perjudicando directamente a la ciudadanía”, complementó Trisotti.

500 mil solicitudes pendientes

Al ser consultados por los nuevos antecedentes que se suman al caso, desde el Servicio de Migraciones declinaron referirse, a la espera de que la Corte Suprema resuelva la apelación de la suspensión.

En toda caso, por medio de un comunicado divulgado la noche de ayer jueves, hicieron presente que están viviendo una situación compleja, por cuanto recibieron “un Servicio con 500 mil solicitudes de residencias temporales y definitivas con uno, dos y hasta más años de retraso”.

De todas formas, el planteamiento fue calificado como “absurdo” por las antiguas autoridades de la entidad, ya que, por ejemplo, durante 2018 ellos tramitaron más de 440 mil solicitudes de residencias temporales, “con mucho menos recursos, porque en función de la creación del Servicio Nacional de Migraciones, el presupuesto se triplicó en comparación con lo que tenía el Departamento de Migraciones”, indicaron en privado fuentes cercanas a la exadministración.

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