Nido de Águilas enfrenta Recurso de Protección en Tribunales por expulsión de estudiante en caso que involucra imágenes sexuales

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Katy Winter era alumna de noveno grado (primero medio) del Colegio Nido de Águilas.

El asunto escolar que se aborda hoy en tribunales, está siendo revisado en paralelo por la Superintendencia de Educación, donde se recibió a fines de mayo la denuncia por parte de los padres del adolescente desvinculado y de otro, G, que fue suspendido en este mismo caso. En un primer informe evacuado el 9 de julio, la entidad critica al recinto por la forma en que desarrolló la indagatoria interna, la aplicación fuera de protocolo de la ley Aula Segura y la inobservancia de medidas que regulen la convivencia escolar.




El 12 de julio de este año, una pareja de apoderados de Colegio Nido de Águilas presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en favor de su hijo B -su nombre se mantendrá en reserva- solicitando el reintegro del estudiante al establecimiento, luego de su expulsión en el marco de un cuestionado proceso de investigación de envío y almacenamiento de imágenes de carácter sexual, conocidos como packs, de compañeras de curso. Sobre esto, hay declaraciones, pero no evidencia física ya que no se ha constatado la existencia de los packs. Una semana después, el líbelo fue declarado admisible.

El asunto escolar que se aborda hoy en tribunales, está siendo revisado en paralelo por la Superintendencia de Educación, donde se recibió a fines de mayo la denuncia por parte de los padres del adolescente desvinculado y de otro, G, que fue suspendido en este mismo caso. En un primer informe evacuado el 9 de julio, la entidad critica al recinto por la forma en que desarrolló la indagatoria interna, la aplicación fuera de protocolo de la ley Aula Segura y la inobservancia de medidas que regulen la convivencia escolar, toda vez que el alumno que fue echado reveló situaciones de acoso en redes sociales hacia su persona que no fueron indagadas.

La causa, según fuentes consultadas, ha remecido al recinto particular que ha enfrentado, además, una sanción de 51 UTM aplicada por la entidad fiscalizadora en el marco del proceso desarrollado por el suicidio el 22 de mayo de 2018 de Katy Winter de 16 años tras haber sufrido ciberbullyng por parte de otros alumnos. Los temas se cruzan porque los menores implicados en este nuevo caso eran amigos de Winter y sus familias han recalcado este punto al criticar la forma en que se abordó la situación y la drasticidad de las medidas adoptadas.

Consultado por el tema, el abogado del Colegio, Ciro Colombara, aseveró que "habiendo involucrados menores, no haremos referencias específicas, pero efectivamente existen dos Recursos de Protección interpuestos por la familia de un alumno cuya matrícula fue cancelada por hechos que se consideraron graves para la convivencia escolar. La Corte de Apelaciones rechazó dos órdenes de no innovar y esperamos que rechace en definitiva los Recursos de Protección, porque la decisión del Colegio se ajusta a la normativa legal. Paralelamente, la Superintendencia avanzó en una etapa preliminar de un procedimiento administrativo y el Colegio seguirá entregando antecedentes ya que la decisión se ajustó a la normativa vigente. No existe una sanción de la Superintendencia".

El caso

El 28 de marzo de 2019, tres alumnas reportaron a una consejera una serie de hechos que, aseguraron, las estaban afectando. El particular, hacían referencia a la solicitud, envío, almacenamiento y difusión de imágenes privadas y de connotación sexual de integrantes de la comunidad escolar, sin consentimiento y un eventual hecho de tocaciones impropias por parte de B. El 29 de marzo, el Comité de Buena Convivencia Escolar del Colegio sesionó extraordinariamente y se ordenó a un grupo de docentes designados recabar los antecedentes respectivos.

Según información del colegio, se entrevistó a 40 personas, entre las cuales se determinó que existían 15 testimonios de eventuales víctimas y testigos que daban sustento a las imputaciones. El 5 de abril se realizó una reunión con B y G y el 8 de abril fueron citados sus apoderados y se les advirtió de medidas disciplinarias -ambos fueron suspendidos- y, de ser preciso, el envío de datos al Ministerio Público. A B se le acusó, entre otras cosas, de presionar a alumnas para que éstas le enviasen fotografías privadas y de connotación sexual y de recibir y guardar fotografías de contenido privado y de connotación sexual de alumnas del Colegio.

Tanto B como G negaron las imputaciones y B ofreció que su teléfono fuera periciado para respaldar sus dichos, lo que finalmente no se hizo.

Durante abril, los padres de los alumnos apartados pidieron copia del expediente, lo que fue negado en razón de mantener reserva sobre la identidad de las alumnas; y entrevistar a otros testigos, lo que fue concedido sólo en parte. También acusaron que existían rivalidad por parte de las denunciantes hacia los alumnos. Finalmente, B fue expulsado el 12 de junio del recinto.

Sus padres acusan en el recurso de protección que el Nido de Águilas ha incurrido en la vulneración al derecho a la integridad psíquica y del derecho a la honra de B, toda vez que el caso es conocido y comentado al interior del colegio; infracciones al principio de imparcialidad; infracciones al derecho a la defensa y debida intervención del letrado; y vulneración al debido proceso. Todas estas acusaciones son refutadas por el Colegio a través de su abogado, Ciro Colombara.

Dentro de las pruebas que acompañarán los padres de B en la causa, está el acta de la Superintendencia en que se consigna que en este caso, según los hallazgos encontrados, se "vulnera el debido proceso al aplicar la medida disciplinaria de expulsión al alumno B ejecutando procedimientos que no se encuentran normados en su reglamento interno, específicamente lo que respecta a la aplicación de medidas bajo el amparo de la Ley N° 21.128 (aula segura)".

En este mismo texto se detalla que el recinto "no aplica medidas disciplinarias en relación a las faltas evidenciadas, desestima las acusaciones de acoso escolar hacia el estudiante B y no ejecuta las acciones contenidas en su protocolo de actuación, debiendo investigar todas las situaciones denunciadas para determinar

responsabilidades y adoptar las medidas disciplinarias y de resguardo correspondientes. Por lo tanto, se observa una posible transgresión a la normativa educacional por parte del Establecimiento. Cabe señalar que, nuevamente se constata que el Colegio cuenta con un reglamento interno que no se ajusta a la normativa educacional vigente".

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