Quién es Eugenio Campos, el nuevo zar anticorrupción del Ministerio Público

El viernes 20 de enero pasado, la Fiscalía Nacional confirmó que el cargo que hasta ese momento era ocupado por la abogada Marta Herrera a la cabeza de la unidad especializada en Anticorrupción, había sido declarado vacante. Esto, luego de que la profesional declinara presentar su renuncia voluntaria tras la solicitud que hiciera el nuevo máximo persecutor. En ese momento, se nombró como suplente interina a Claudia Ortega, pero tras una serie de análisis y búsqueda del perfil que el sucesor de Jorge Abbott quería para esa repartición, se oficializó que la responsabilidad recaería sobre los hombros del hasta ahora fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos (48).

Como pudo constatar La Tercera PM, luego de 52 días de revisión de antecedentes, Valencia comunicó al Consejo de Fiscales su determinación, pues además, él ya había definido una reestructuración de dicha instancia. Bajo su administración, la mencionada unidad pasaría de estar enfocada en actos de corrupción, a también tener que velar por la probidad y abocarse en lo referente a delitos de lavado de activos.

En ese sentido, como aseguran fuentes del Ministerio Público, las credencias de Campos -que ha tenido a su cargo la investigación del fraude en Carabineros- lo convertían en el profesional más idóneo para reemplazar a Herrera. Según lo estipulado, asumirá el próximo lunes 20 de marzo y es probable que para definir quién lo reemplazará en Magallanes se abra concurso público.

“El fiscal Campos tiene, sin duda, los conocimientos, capacidad y experiencia suficientes para asumir la dirección de esta unidad que juega un papel relevante en la asesoría a fiscales que dirigen causas de corrupción”, comentó ante la noticia Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales.

Como agregó el persecutor, el nuevo zar anticorrupción tendrá como principal desafío “establecer una política de persecución que garantice que no habrá distingos de ninguna naturaleza. Estos delitos deben ser perseguidos siempre hasta el final”.

Eugenio Campos tiene 48 años, es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bernardo O’Higgins y se tituló como abogado en el año 1998. Es magíster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Universidad de Jaen de España y cuenta con diversos diplomados en Derecho. Integró la Fiscalía Militar hasta 2002, año en que decidió postular al Ministerio Público, donde ingresó como fiscal adjunto. En el ámbito académico, es profesor titular de Litigación Oral y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Magallanes.

Quienes lo conocen y han trabajado con él, lo destacan como “un especialista” en temas relacionados con faltas a la probidad y hechos de corrupción. De hecho, las mismas fuentes recuerdan que su equipo investigativo fue reconocido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) como “El mejor caso investigativo de lavado de dinero en Latinoamérica año 2022″.

La mayor parte de su carrera ha mantenido un perfil más bien bajo, sin embargo, el ser designado como instructor de las indagaciones por el desfalco en la policía uniformada y por la tragedia del Hércules C-130, le ha implicado amplia exposición pública.

Al comentar su nuevo desafío, Campos aseguró: “Este nombramiento lo recibí como un reconocimiento al trabajo desplegado día tras días desde hace más de seis años, en investigaciones que atentan contra la probidad pública, aunque no solo yo, sino todo el equipo que trabaja conmigo y al equipo de la Fiscalía Regional. El Ministerio Público está en una etapa de grandes desafíos. Esta invitación del fiscal nacional, incluye una directriz bastante clara, cual es la lucha directa contra la corrupción a todo nivel, en particular la municipal y la que atenta contra la función pública, además del lavado de activos que de ello se pueda desprender”.

El año pasado fue uno de los postulantes al cargo de fiscal nacional, sin embargo, no tuvo mayor éxito, ya que no alcanzó a ser incluido en las quinas definidas por los ministros de la Corte Suprema.

En su ponencia ante los jueces, destacó que el Ministerio Público gozaba de una mala evaluación por parte de la ciudadanía, debido a supuestas faltas de resultados y mala atención a las víctimas. Por lo mismo, como expuso ese día, hacía falta hacer cambios que permitieran aumentar la “credibilidad” del organismo. Se había comprometido con mayores coordinaciones con instituciones que son parte del sistema de penal, revisiones para mejor distribución de los recursos y con lo necesario para “reencantar a la comunidad”.

Asimismo, fue firme en expresar que, de llegar al cargo, aplicaría una política de “tolerancia cero con cualquier acto de corrupción o que pueda implicar vulneración de derechos”.

Lo que podría jugar en su contra, comentan en la Fiscalía, es que en sus antecedentes se advierten dos sumarios por los cuales fue sancionado con una Amonestación Privada (2006) y con Censura por Escrito (2009).

En el caso de la causa de 2006, se le sancionó por haber incurrido en “omisiones que constituyen infracción a deberes genéricos de eficiencia, al no haber hecho las gestiones necesarias para darle un debido diligenciamiento, seguimiento, control y cumplimiento a una instrucción clara y directa que le fuere impartida por su superior jerárquico”.

Y en la de 2009, por faltas cometidas en medio de una investigación que él llevaba por supuesto tráfico de drogas y contrabando. Como se advierte de la imputación que le realizó un fiscal adjunto que lo acusó, hubo irregularidades en la incorporación de audios de escuchas telefónicas y no registró de manera adecuada copia de un informe policial expuesto.