Hoy la innovación no se mide por ideas en papel, sino por cuántas de ellas se pueden patentar para, algún día, convertirse en un nuevo descubrimiento que haga crecer al país. Por eso, una patente es mucho más que un trámite: es una confirmación de que en Chile se produce conocimiento.

Bajo esa premisa, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) conmemoró la semana pasada el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2026, en una ceremonia en la que se reconoció a las instituciones y empresas que lideran el uso de este sistema en Chile.

En el ranking de patentes, las tres primeras posiciones fueron ocupadas exclusivamente por instituciones de educación superior, lo que confirma una tendencia: a nivel nacional, buena parte del conocimiento patentable nace en los laboratorios docentes y se proyecta como un motor de transferencia tecnológica.

La lista es liderada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que el año pasado contribuyó con 24 solicitudes, nueve de carácter nacional y 17 internacionales vía “PCT”, lo que quiere decir que el proyecto solicitó ser protegido no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino también en varios países simultáneamente.

El segundo lugar, en tanto, fue compartido por la Universidad Andrés Bello y la Universidad del Bío-Bío, quienes contribuyeron cada una con 13 solicitudes, 12 nacionales y una vía PCT.

Por último, el tercer lugar recayó en la Universidad de Concepción, que solicitó durante 2025 la inscripción de 11 solicitudes, 9 nacionales y dos vía PCT.

Las universidades como motor de innovación

Entre los principales mensajes de la jornada se destacó el protagonismo del mundo universitario en el desarrollo de la propiedad intelectual.

“Las patentes permiten que el conocimiento salga del laboratorio y llegue a hospitales, escuelas, industrias y territorios. Son una herramienta clave para que la investigación universitaria genere impacto real en la vida de las personas”, destacó Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica.

En el caso de la Universidad Andrés Bello, su contribución está a cargo de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), que desde 2014 articula la política de propiedad intelectual de la institución, acompaña a los investigadores en el proceso de patentamiento y busca recurrentemente licenciatarios para tecnologías desarrolladas.

El resultado de esta política es que la universidad saltó de cinco patentes registradas en 2021 a 26 acumuladas a 2025.

“Este es un reconocimiento al trabajo investigativo que se hace cada día en las distintas sedes de la Universidad, y a la mirada que se ha puesto en generar investigación como herramienta de innovación y de desarrollo para el país”, reflexionó Ximena Sepúlveda, directora de Propiedad Intelectual de la institución.

Por su parte, la doctora Claudia Muñoz, Sanguinetti, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Universidad del Bío-Bío, relevó la importancia de la propiedad intelectual como herramienta estratégica para transformar el conocimiento en valor para la sociedad.

“Este logro demuestra que desde regiones estamos contribuyendo de manera concreta al desarrollo del ecosistema de innovación del país”.

En el caso de la Universidad de Concepción (UdeC), su vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Andrea Rodríguez, atribuyó el éxito de esta iniciativa a la creación de una Unidad de Propiedad Intelectual, “la que ha sido diferenciadora respecto a otras instituciones, junto con las acciones de concursos internos para la generación de patentes y el reconocimiento en evaluaciones académicas a autores de propiedad intelectual concedidas”.

Uno de los ejemplos destacados durante la ceremonia fue el de Carolina Parodi, investigadora de la Universidad de Tarapacá, que desarrolló y patentó un dispositivo capaz de detectar metales pesados en suelos en tiempo real, como una solución que hoy protege la salud de 240 mil personas en Arica y que busca protección en mercados como China, España y Australia.

“No estamos aquí simplemente para gestionar expedientes administrativos o custodiar una base de datos”, propuso Figueroa. “Existimos para que una idea nacida en un laboratorio, en una pyme, en un taller, encuentre el resguardo legal necesario para convertirse en una solución real y se proyecte al mundo”, aseguró.

Sin patentes no hay progreso

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual contó con la presencia del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y del director nacional de INAPI, Esteban Figueroa, además de representantes del ecosistema de innovación y emprendimiento del país.

En su intervención, el secretario de Estado destacó la centralidad de la propiedad industrial en el proyecto económico del gobierno. “La propiedad industrial es, en esencia, propiedad privada… Es el derecho legítimo de un creador, de una universidad o una pyme a ser dueño del grito de su intelecto”, dijo Mas. “Sin esa certeza no hay incentivo para innovar, no hay inversión de largo plazo y, en última instancia, no hay progreso”, añadió.

Además, el ministro anunció el impulso a una Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, dirigida a dar certezas jurídicas al talento local y a convertir la innovación en un motor de generación de empleo de calidad. “Queremos que la innovación sea el motor que nos permita superar el estancamiento y crear los empleos de calidad que las familias chilenas necesitan”, apuntó.

Por otra parte, Esteban Figueroa, de INAPI, presentó la cuenta de gestión 2025, marcada por cifras que posicionan a la oficina local en un alto rango competitivo a nivel internacional.

En patentes, el tiempo promedio de tramitación se redujo a 2,3 años, en una marca que supera a la oficina norteamericana (24-26 meses), a la europea (25 meses) y a la canadiense (31 meses), dejando muy atrás a otros pares regionales como Brasil (4 a 6 años) y Argentina (5 a 7 años). En marcas, el 97% de las solicitudes se resuelven en menos de 7 meses.