La crisis habitacional es un problema global que afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo. En nuestro caso, Chile enfrenta un déficit habitacional de más de 640 mil viviendas, situación que afecta a cientos de miles de familias y se traduce en un problema que se ha acrecentado en la última década por factores económicos, sociales y políticos.

Uno de los efectos más visibles de esta crisis es el aumento de campamentos en el país. Según los resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, elaborado por TECHO-Chile y cuyos resultados se dieron a conocer hace algunas semanas, en la actualidad existen 1.428 asentamientos a lo largo de todo el territorio, la cifra más alta desde 1996. Una situación que involucra y afecta a más de 120 mil familias.

2025, además, comenzó con la amenaza de desalojo de la toma del cerro Centinela en San Antonio, considerada la más grande de Chile, con 4 mil familias y 10 mil personas que, según dictamen judicial, deberían abandonar el lugar a más tardar en agosto de este año.

“¿Cómo resolvemos el déficit de vivienda con reglas claras y sin saltarse la fila?”, se pregunta Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD), de la Universidad Andrés Bello, entendiendo que nadie llega a vivir a estos espacios por gusto.

“Son ocupaciones de terreno de gente que no necesariamente quiere vivir en esas condiciones, pero lamentablemente una gran proporción de los campamentos están ubicados en zonas de riesgo”, dice la académica, para graficar la urgencia de dar una solución a este problema.

El caso del campamento de San Antonio, por ejemplo, no es un fenómeno aislado, sino “un síntoma de una crisis habitacional y urbana más profunda”, considera Matthias Casasco, jefe de la Red por la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero, quien advierte que en el último año ha crecido la informalidad en el acceso a la vivienda, expresada en formas menos visibles como el allegamiento o la vivienda cedida.

Frente a esto, Casasco plantea la necesidad de cuestionarse "por qué las soluciones institucionales y las soluciones formales, sea del Estado o del mercado, están perdiendo ventaja frente a las soluciones informales“.

Desde 2017, Chile ha experimentado un resurgimiento de tomas de terrenos, fenómeno que coincidió y se acrecentó con el estallido social y la pandemia. Para Sergio Baeriswyl, Premio Nacional de Urbanismo y académico de la Universidad del Bio Bio, esto responde a múltiples factores, entre ellos, la necesidad de muchas familias de escapar del hacinamiento y la precariedad económica. “Es un fenómeno que creíamos controlado, pero que hoy vuelve con una magnitud preocupante”, relata el urbanista.

Entendiendo que erradicar estos asentamientos es una tarea compleja y de largo plazo, el Ministerio de Vivienda expresa que se necesitaría un plazo de seis a ocho años para abordar la totalidad de los campamentos del país, lo que requeriría una inversión de aproximadamente 6 mil millones de dólares, además de la disponibilidad de terrenos, planificación urbana y la regularización de la situación de personas migrantes para que puedan acceder a subsidios.

El ministerio también aporta otros datos. Mientras que en las décadas de 1990 y los 2000 los asentamientos irregulares disminuyeron, a partir de 2010 el crecimiento ha sido exponencial. En 2011 había 657 campamentos, con alrededor de 27 mil hogares, y la cifra creció a 736 en 2019. Entre 2019 y 2022 el crecimiento fue de 355 nuevos campamentos, casi un 50% más, con 72 mil hogares. Este incremento está asociado a situaciones como el impacto migratorio, los efectos indirectos de la pandemia y el incremento del déficit habitacional.

Para poder lograr una solución, diferentes estudios señalan que Chile enfrenta un déficit de 630 mil viviendas, mientras que Sergio Baeriswyl considera que deberían construir al menos 100 mil casas anualmente para lograr responder a la creciente demanda.

Recordemos que durante la administración del Presidente Boric se presentó el Plan de Emergencia Habitacional, que busca construir 260 mil viviendas durante la gestión.

El Minvu señala que el eje de la política para enfrentar de manera estructural esta realidad es priorizar a las familias que postulan por las vías regulares del ministerio, a través de dicho Plan, abordando así el 40% del déficit.

Posibles caminos

Para Beatriz Mella de la UNAB, el acceso a la vivienda a través del modelo basado en subsidios estatales no está logrando reducir el déficit habitacional con la rapidez y cobertura necesarias. Aunque el Plan de Emergencia Habitacional ha puesto en el centro de la discusión la crisis de vivienda, considera que su ejecución ha sido lenta y “los subsidios no alcanzan para el precio que tienen las viviendas”. Ante esta situación, se vuelve fundamental diversificar las estrategias para garantizar el acceso a una vivienda digna.

“Hay que ser realista y al mismo tiempo innovador, en el sentido de poder contar con otras herramientas”, debate, pensando que este sistema no ofrece soluciones lo suficientemente rápidas ni flexibles.

Para enfrentar esta crisis, el urbanista Sergio Baeriswyl propone un modelo de densificación equilibrada. En lugar de seguir expandiendo las ciudades, ocupando más suelo y aumentando costos, plantea la necesidad de construir en altura con buena planificación.

“No al estilo de Estación Central, donde se densificó sin control, pero tampoco extendiendo ciudades sin planificación”, enfatiza.

El caso de los megaedificios en dicha comuna estigmatiza el concepto a ojos de Beatriz Mella, quien considera que se debiese considerar, respondiendo a necesidades y espacios.

“Un modelo de densificación adecuada con límites claros, o que permite una habitabilidad razonable para las personas, nos permite también generar alternativas de incorporación de vivienda en integración que estén bien ubicadas en zonas más centrales”, plantea, añadiendo que esto debe ir en medida que las infraestructuras del sistema completo de abasto.

Baeriswyl advierte que “seguir expandiendo las ciudades sin planificación es profundizar el problema en vez de solucionarlo”, enfatizando que la urbanización sin control aumenta la segregación social y encarece la provisión de infraestructura. Frente a este escenario, la densificación equilibrada permite que las ciudades crezcan hacia adentro, optimizando el uso del suelo y asegurando acceso a equipamiento urbano.

“No se trata solo de construir más viviendas, sino de hacerlo en lugares estratégicos, donde la gente pueda vivir bien, con acceso a transporte, trabajo y servicios”, considera. En ese sentido, es clave que las políticas habitacionales integren una mirada urbana sostenible, que combine soluciones de vivienda con un diseño territorial inclusivo y eficiente.

La clave, según Baeriswyl, está en encontrar un balance entre el acceso a la vivienda, la calidad de vida y la sostenibilidad urbana. Si no se toman medidas efectivas, la proliferación de tomas y la falta de planificación seguirán generando conflictos como el de San Antonio, con costos sociales y económicos cada vez más altos.

Otras de las opciones planteadas por Mella es la vivienda en concesión, un modelo que permitiría acceder a arriendos temporales con apoyo estatal, brindando una solución intermedia para quienes no pueden comprar una propiedad de inmediato.

Por su lado, Casasco de Déficit Cero señala que el Estado debe tener un rol importante para planificar con tiempo el desarrollo urbano y habitacional alrededor de estos ejes que se podrían desarrollar, y evitar así especulación en torno a los suelos. Sin embargo, considera otros modelos que puedan adaptarse a distintas etapas del ciclo de vida de las personas. Por ejemplo, el arriendo, que representa un 4% del presupuesto del Minvu en términos de soluciones habitacionales para 2025, es visto por Casasco como un punto a explorar sin dejar de lado el apoyo en el acceso a la propiedad.

Asimismo, la vivienda industrializada surge como otra posibilidad. “La construcción modular y prefabricada reduce costos y tiempos de edificación”, sugiere Mella, permitiendo aumentar la oferta habitacional en menor tiempo y con precios más accesibles.

Un aspecto clave es la mayor participación del sector privado. Actualmente, el Estado encarga la construcción de viviendas a empresas mediante licitaciones, pero este mecanismo sigue estando limitado por barreras burocráticas y administrativas. “No podemos dejar a los inmobiliarios o dejar al mercado fuera del problema de la crisis de vivienda y que sea solo resuelto por el Estado”, dice la académica de la UNAB. Para ello, se requiere un enfoque más abierto que incentive a los actores privados a invertir en proyectos habitacionales asequibles y promueva esquemas de financiamiento mixto que faciliten el acceso a créditos hipotecarios para sectores de ingresos medios.

Elecciones y vivienda

El futuro de la política habitacional será una de las tareas más importantes del próximo gobierno. “Esta falta de vivienda está afectando ya en una dimensión que es mucho mayor, que solamente las casas: tiene que ver con el acceso a los servicios, tiene que ver con los barrios”, vislumbra Beatriz Mella, dando cuenta que la incorporación de nuevos modelos de financiamiento y construcción podría marcar la diferencia en la posibilidad real de que más familias accedan a una vivienda digna.

El déficit habitacional como la proliferación de campamentos deben ser abordados como una política de Estado, comprometiendo a este y a los futuros gobiernos en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Ante un año de elecciones, Sergio Baeriswyl menciona que son una oportunidad clave para que los candidatos aborden temas estructurales de ciudad y vivienda, que muchas veces quedan relegados en el debate político. "Es fundamental que los candidatos entiendan que el déficit habitacional no es solo un problema de vivienda, sino un problema urbano, de acceso a servicios, conectividad y calidad de vida“. comenta.

En este sentido, espera que los programas y propuestas de campaña no se enfoquen solo en “la cantidad de viviendas a construir”, sino en cómo estas se insertan en la ciudad y qué soluciones ofrecen para la segregación y la precarización urbana.

Matthias Casasco destaca que las elecciones representan una oportunidad clave para avanzar hacia una política de vivienda que no sea de turno, sino una política de Estado con una planificación urbana a largo plazo.

Si bien el Plan de Emergencia Habitacional ha sido un avance positivo, el representante de Déficit Cero enfatiza que aún hay mucho camino por recorrer para lograr una gestión de suelo más efectiva y un sistema de acceso a la vivienda que articule mejor la oferta con la demanda. Además, considera importante discutir la necesidad de fortalecer el rol de los gobiernos locales en la planificación urbana, ya que “el 70% del déficit habitacional se concentra en 10 ciudades del país”, explica, argumentando que se necesitan estrategias focalizadas en estas áreas.

En la línea de pensar las soluciones desde lo local, Baeriswyl agrega la necesidad de revisar los modelos actuales de planificación y regulación, advirtiendo que “sin cambios en la forma en que se planifican las ciudades, seguiremos perpetuando los mismos problemas de acceso desigual y expansión descontrolada”, plateando que dichas soluciones deben considerar la realidad de las familias que hoy enfrentan dificultades para acceder a una vivienda formal, y que es imprescindible que el debate político incluya medidas concretas para hacer frente al déficit habitacional con una mirada integral.