Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este viernes a cinco años de cárcel al expresidente destituido Yoon Suk Yeol tras ser hallado culpable de varios de los delitos que se le imputaban en el marco del caso por la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.

Entre estos delitos se encuentran el de obstrucción a la justicia -unos cargos relacionados con el continuo bloqueo a su propia detención-, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos. Además, el fallo también incluye la “violación del derecho constitucional de los ministros”, a los que Yoon habría impedido “deliberar sobre la imposición de la citada ley”.

“Durante la investigación, el acusado utilizó a agentes del Servicio Secreto para obstruir la ejecución de una orden judicial en su contra por parte de la agencia investigadora”, ha sentenciado el Tribunal del Distrito Central de Seúl, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Asimismo, la corte ha asegurado que Yoon “convirtió a estos agentes, leales a la República de Corea, en soldados rasos utilizados para su propia seguridad y beneficio personal”, lo que constituye, según los jueces, un delito de abuso de poder.

Los jueces han aseverado que “la naturaleza de estos delitos es muy grave” y han aludido a “las circunstancias que condujeron a cometer estos delitos y los detalles específicos del mismo”. También han criticado que el acusado “inventara constantemente excusas difíciles de aceptar y no mostrara ningún atisbo de reflexionar sobre sus faltas”.

El tribunal ha subrayado que la ley marcial es una legislación de emergencia “extremadamente excepcional que solo puede invocarse cuando no hay otra manera de superar una crisis nacional”, y no para sacar rédito político o evitar investigaciones, tal y como se ha venido señalando en el caso del expresidente, cuyo equipo legal ha asegurado este mismo viernes que apelará el veredicto.

“El hecho de que la Constitución exija específicamente la deliberación sobre la declaración de la ley marcial busca prevenir el abuso de poder presidencial y controlar la toma de decisiones unilateral. Por lo tanto, el presidente debe, incluso más que en las reuniones ordinarias del Gabinete, escuchar atentamente las opiniones de todos sus miembros y actuar con gran cautela”, ha declarado el juez Baek Dae Hyun.

“Pero Yoon, de una manera sin precedentes, notificó solo a algunos miembros del Gabinete sobre la reunión para proclamar la ley, violando así la Constitución y vulnerando el derecho a deliberar de los miembros del Gabinete que no fueron notificados”.

Otros delitos

Sobre los cargos de obstrucción a la justicia, los jueces han concluido que “abusó de su inmensa influencia como presidente para bloquear la ejecución de la orden de detención en su contra, en su propio beneficio, por lo que convirtió el servicio de seguridad de la Presidencia en su guardia privada”.

“Sin embargo, el acusado sigue ofreciendo excusas inverosímiles sobre este aspecto”, ha lamentado Baek, que ha explicado que se ha dictaminado que Yoon manipuló documentos sobre la declaración de a ley para que “pareciera que se había proclamado legalmente el 3 de diciembre”. “Esto es una clara manipulación que busca el Estado de Derecho”, ha asegurado.

No obstante, la corte ha exonerado a Yoon de los cargos que se le imputaban por haber ordenado supuestamente a funcionarios de la Presidencia que divulgaran entre los medios de comunicación documentos con “falsas afirmaciones” que justificaban sus acciones.

Yoon afronta múltiples juicios derivados de la declaración de la ley marcial, si bien el más destacado es el caso de insurrección. El equipo de fiscales que se encuentra a cargo del caso ha pedido la pena de muerte para el exdirigente, en un proceso judicial cuyo fallo se prevé para el 19 de febrero.

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso impeachment.