Los temores de parte de la sociedad colombiana de que el Presidente Iván Duque pueda modificar los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, han vuelto a asomarse. La campaña presidencial del uribismo el año pasado, siempre en contra de lo que se firmó en La Habana con la guerrilla, estuvo marcada por un inminente riesgo de que Duque como modificaría estos acuerdos. Y este domingo el mandatario colombiano dio algunas luces de que eso podría ocurrir. En un mensaje televisado, Duque anunció la objeción de seis de los 159 artículos que componen la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo encargado de juzgar especialmente a los actores del conflicto armado.

Esta Ley, considerada como la "columna vertebral" del sistema alternativo de justicia que surgió de los acuerdos de paz, ya había sido declarada "exequible" por la Corte Constitucional, sin embargo, el mandatario se opone a algunos artículos que considera "inconvenientes" para la nación. Entre estos artículos, se menciona el que regula la reparación a las víctimas del conflicto. Duque expresó que la norma no establece con claridad la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas con sus bienes y activos.

Un artículo referente al Alto Comisionado para la Paz fue objetado porque según el mandatario no determina el alcance de la competencia del Alto Comisionado para verificar las listas de quienes son reconocidos como miembros de grupos armados ilegales y que se sometan a un proceso de paz. Otros polémicos artículos objetados son, por una parte, el artículo 19 "que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad", dijo el Presidente colombiano. Según la politóloga de la Universidad Javeriana de Colombia, Diana Avellaneda, este tema resulta crítico para el partido FARC, con lo que "el clima político puede conllevar a generar una sensación de que las modificaciones se harán sobre artículos que resultan especialmente importantes para la FARC con el fin de articularlos a los intereses del uribismo".

El otro artículo que ya había causado polémica es el que se refiere a la "extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación: No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad". Duque se ha mostrado en contra de esta norma puesto que amplía el blindaje contra la extradición a terceros.

Además, anunció una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, que le da vida jurídica a la JEP, para que se incluyan tres puntos: "la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional", porque no hay ideología alguna que justifique las agresiones a la niñez, afirmó el mandatario; que exista una mayor claridad con respecto a quienes reincidan en actividades criminales para que pierdan todos los beneficios que contempla el Acuerdo de Paz; y en esa misma línea dejar claro que todas las actividades criminales que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán juzgados en la justicia ordinaria.

El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, señaló hoy que la decisión del mandatario aumentará la polarización política en el país. "La ruta propuesta por el Presidente de la República conduce lamentablemente a agudizar la fractura política a la que se enfrenta Colombia". En tanto, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el conjunto de objeciones no "compromete" el acuerdo firmado con las FARC.

La "inseguridad jurídica"

Para el subdirector de Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, una de las interpretaciones de la decisión del Presidente Duque es que habría tensiones dentro del gobierno, ya que "objetar la Ley Estatutaria es un procedimiento con vicios de ilegalidad muy altos porque la ley estatutaria la aprobó, la debatió ampliamente el Congreso, la Corte Constitucional, nuestro máximo tribunal, la declaró exequible. Es cierto que el Presidente tiene una facultad de objeción pero esa facultad es cuando no hay conveniencia para el país o cuando hay un riesgo muy alto, pero aquí no hay ningún riesgo alto", sostiene a La Tercera.

Una de las críticas que se ha tomado los portales colombianos a opinión de los expertos es que Colombia entregue una imagen a la comunidad internacional de un Estado que no cumple con los acuerdos. El diario El Espectador escribió que la decisión del Presidente "tendrá consecuencias negativas en los 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz. También tendrá efectos a nivel internacional. El mensaje será que el Estado colombiano incumple los acuerdos. Un mal precedente".

"No son objeciones de fondo pero sí causan una inseguridad jurídica muy grande de los exguerrilleros. Esto va a generar que los grupos post FARC o las famosas disidencias crezcan", expresa Ávila, quien añade que "yo a veces me pregunto si el objetivo del uribismo es volver a revivir a las FARC".

Diana Avellaneda comparte esta crítica y asegura que "esto pone en juego las garantías para quienes se acogieron y entorpece la implementación del proceso". El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) respondió rápidamente este lunes ante los anuncios del domingo: "Sean conscientes el Presidente Duque y su mandante Álvaro Uribe que con esta decisión que apuñala el corazón del Acuerdo de PAZ, Colombia se convierte en un país paria ante la Comunidad Internacional, un país sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones", escribió en un comunicado el Consejo Político Nacional FARC. Así, el partido anunció que solicitará la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU.

De todos modos, esta Ley volverá ahora al Congreso que podrá aceptar o rechazar las objeciones.