Fiscalía de Perú abre cuarta investigación contra el presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias

Presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto: Reuters

Según el Ministerio Público, el mandatario peruano habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., por lo que se le acusa de delito contra la administración pública y tráfico de influencias. Castillo manifestó que sus detractores hasta este momento no han podido encontrar una prueba de las acusaciones.


La Fiscalía de Perú anunció este viernes la apertura de una cuarta investigación contra el presidente peruano, Pedro Castillo, después de dejar sin efecto la suspensión que estableció un juez para iniciar las diligencias contra el mandatario por presuntos delitos por la compra de biodiésel en Petroperú.

“La Fiscalía de la Nación ha dispuesto dejar sin efecto la Disposición Número 1 del 4 de enero de 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial”, detalló el Ministerio Público en un comunicado en Twitter.

Según el Ministerio Público, Castillo habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., por lo que se le acusa de delito contra la administración pública y tráfico de influencias, informó el diario “El Comercio”.

Esta es la cuarta investigación vigente contra el presidente Pedro Castillo en el despacho de la Fiscalía de Perú.

Las primeras dos investigaciones versan sobre una presunta mafia que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -Caso Puente Tarata- y por supuestas injerencias en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva, que actualmente se encuentra prófugo.

En la organización criminal también habrían participado funcionaros de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, todos con el fin de favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Asimismo, el Ministerio Público peruano acusa al presidente peruano de liderar una presunta organización criminal dedicada al ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afines al mandatario.

Según la hipótesis del fiscal que lleva el caso, el exasesor de Castillo, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa Walter Ayala “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo”, gracias al que, junto al presidente, se habrían beneficiado económicamente.

La tercera investigación, que data desde el pasado 21 de julio, se ha abierto después de que el exministro del Interior Mariano González -que estuvo en el cargo hasta el 20 de julio-, acusara a Castillo de intentar obstaculizar el trabajo de los Servicios de Inteligencia del país para que no dieran con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente.

Sin pruebas

El presidente de Perú ha pedido al Congreso que deje de lado la “confrontación inútil”, y reiteró que desde el Gobierno “siempre respetarán la independencia de poderes” en el proceso de elección de la nueva mesa directiva.

“Hago un llamado al Congreso de la República para que, de una vez por todas, dejemos esta confrontación inútil que no le hace bien al país”, aseveró Castillo.

“Un año de gestión en este Gobierno y los detractores hasta este momento no han podido encontrar una prueba porque su misión es otra, su perfil que viene el día de hoy como políticos es otro. Nosotros estamos por la voluntad de este país”, manifestó, haciendo un llamamiento a la ciudadanía que “no se distraiga con noticias falsas”.

Asimismo, el mandatario peruano aseguró que su Gobierno es democrático, respeta los derechos constitucionales del pueblo y que ha llegado por la voluntad del pueblo.

“Hago un llamado para decirles que el Gobierno no se va a entrometer en el trabajo que viene, porque tenemos que ser respetuosos de los poderes del Estado. No habrá ninguna intromisión”, comentó en alusión a la elección de la próxima Mesa Directiva que el Poder Legislativo realizará el 26 de julio.

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