Iván Cepeda, senador colombiano y contraparte del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe: “Ningún ciudadano puede escapar al imperio de la Justicia”

Foto: Daniel Muñoz / AFP.

La causa, que hoy tiene al exmandatario de Colombia con arresto domiciliario, se originó tras una acusación de Uribe contra Cepeda, su principal contendor político, que dio un giro en 180 grados.




En la causa judicial por la que el martes decretó arresto domiciliario para el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno de testigos, todos los caminos llegan al senador Iván Cepeda. El opositor de Uribe, del partido Polo Democrático y miembro del Grupo de Puebla -movimiento formado por Marco Enríquez-Ominami-, ha sido la contraparte de esta batalla judicial que por primera vez en Colombia deja a un exmandatario con esta medida de aseguramiento. Cepeda detalla a La Tercera que todo comenzó hace ocho años con una acusación del exjefe de Estado en contra de él por supuestamente haber ido a las cárceles a sobornar a delincuentes para que testificaran contra Uribe. Pero esta denuncia ha dado un giro en 180 grados y quien terminó bajo la lupa de la Justicia fue el propio Uribe por supuesta manipulación de testigos. “Como era de esperarse, salió la verdad, que no había tal actividad mía de soborno y que, por el contrario, había elementos que indicaban la responsabilidad de Uribe”, sostiene.

El expresidente Uribe es el primer exmandatario de Colombia en enfrentar una medida de aseguramiento. ¿Qué significa esto para la historia política colombiana?

Sin lugar a dudas un hecho saludable, en términos de que Colombia hasta el día de ayer (martes) era prácticamente un axioma en que no se podía nunca llevar ante los estrados de la justicia a un líder político que hubiera ocupado la jefatura del Estado. Bueno, la Corte Suprema ha derrumbado ese mito y ha mostrado que cuando la Justicia encuentre razones, no hay ningún ciudadano que pueda escapar al imperio de la Justicia. Esa es una lección democrática fundamental para Colombia.

Todo comenzó con una denuncia en su contra de ir a cárceles ofreciendo dádivas a cambio de testimonios contra Uribe. ¿De dónde nacen estas acusaciones?

En 2011 fui elegido como representante a la Cámara y fui vicepresidente de la Comisión de DD.HH., donde encontré archivos de solicitudes de los presos. Y en una de esas visitas a la cárcel fui contactado por dos reclusos que habían sido paramilitares y que querían que yo hiciera llegar una denuncia a la Fiscal General de la Nación. A raíz de eso comenzó toda una historia de persecuciones y yo hice un debate en el Congreso dando cuenta de esa situación. En febrero de 2012, Uribe procedió a denunciarme penalmente por supuestamente haberlo calumniado y haber ido a las cárceles con el propósito de sobornar delincuentes para que testificaran en su contra. Ese episodio se fue complejizando. Uribe llevó 22 testigos falsos en mi contra. Mi defensa y yo los desmontamos uno por uno. En 2014, cuando Uribe se convirtió en senador, yo cité a un debate para pasar revista a un muy extenso dossier de relaciones de Uribe con personajes que han sido condenados y que está probado han sido dirigentes de organizaciones paramilitares. Después de ese debate, que excepcionalmente fue toda una epopeya realizar, uno de los resultados fue que Uribe fue a la Corte Suprema a llevar nuevos testigos en contra mía. Y en 2018, la Corte Suprema dictaminó que yo no tenía ninguna responsabilidad y comenzó una investigación a Uribe.

¿Cómo terminó esto apuntando al propio Álvaro Uribe?

Vino una especie de producción industrial de testigos en mi contra, aparecieron paramilitares que decían que yo los había visitado, ofreciéndoles sumas de dinero, beneficios judiciales. En algunos casos yo efectivamente había practicado visitas, en otros eran visitas ficticias. Y por supuesto yo demostré que esas visitas no tenían el propósito de buscar sobornar a nadie. Lo que hizo la Corte Suprema fue desarrollar una actividad investigativa para ver quién era el que estaba mintiendo. Y como era de esperarse salió la verdad, que en primer lugar no había tal actividad mía de soborno y que, por el contrario, había elementos que indicaban muy fuertemente la responsabilidad de Uribe.

Usted testificó que Uribe ha buscado testigos para deslegitimarlo. ¿Cómo ha podido comprobar aquello?

El trabajo que hemos hecho con mis abogados es desmontar todas y cada una de esas declaraciones. Pero además le agrego esto: el argumento central de Uribe es que yo había hecho unas visitas muy asiduas a las cárceles para encontrar a esos testigos, pero resulta que en el expediente, que lleva ya ocho años, mis abogados y yo no hemos aportado un solo testigo de esos paramilitares cuyos testimonios están en discusión en la Corte. Todos los testigos han sido aportados por Uribe.

Uribe es el mentor político del Presidente Iván Duque, quien le brindó su apoyo en este proceso. ¿Cómo esta indagatoria afecta al mandatario y a la derecha colombiana?

El problema aquí es que la estructura política del partido, y en general de la forma en que hace Uribe su labor política, es la de caudillo. Entonces el centro gravitacional de su partido en el propio gobierno gira en torno a lo que quiere, piensa, decide de manera personal el jefe, y por supuesto que si el jefe está cuestionado de manera innegable ante la justicia, pues toda esa estructura sufre una convulsión muy seria. Ahora, ese rol que ha asumido el Presidente lo hemos criticado severamente, porque el Presidente tiene sus abogados y sus abogados actúan ante la Corte, el Presidente no tiene por qué ser un abogado de oficio de su mentor político. Él es el Jefe del Estado colombiano, debe garantizar un principio fundamental, que es el de la independencia y la estabilidad de los poderes públicos, y esas salidas a los medios y esas constantes declaraciones en las que él manifiesta cómo quisiera que actúe la Justicia y en qué sentido deben ser sus decisiones, es una intromisión grosera en la esfera del Poder Judicial.

A dos años de la posesión de Duque, ¿cómo evalúa su gestión?

Ha sido una gestión francamente pobre y en algunos aspectos muy negativa. Le menciono el proyecto y la obligación de cumplir con el acuerdo de paz. Ha sido un gobierno muy ambiguo. También la gestión económica. Inclusive antes de la pandemia, era un saldo en rojo, ahora con todo esto el país está sumido en una crisis profunda. En ese sentido, bien haría el Presidente Duque dejar de preocuparse tanto por lo que hace o no hace la Corte Suprema con relación a su mentor político, y ocuparse seriamente de todos estos problemas.

Comenta