El pasado viernes el Senado argentino aprobó la reforma laboral de Javier Milei, que entre otras cosas abre la posibilidad a jornadas laborales de 12 horas, pero aún quedan etapas para que el texto se vuelva ley: este miércoles debería tener lugar en la Cámara Baja la discusión y votación de la propuesta, pero lo que más preocupa a La Libertad Avanza se escapa del Congreso.

Desde la Casa Rosada anticipan que, en caso de promulgarse la Ley de Modernización Laboral, una serie de reclamos judiciales podría terminar por tumbar la norma, tanto desde los gremios que se oponen a esta, como al mismo Poder Judicial, que ve sus funciones alteradas por esta. La Nación, una fuente cercana a Milei, aseguró: “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”.

En el Ejecutivo argentino planean desde hace meses una “estrategia secreta” para poder hacer pasar la reforma laboral, que además de una importante oposición en las calles, verá seguramente objeciones que podrían llevarla a la Corte Suprema.

Las fuentes consultadas por La Nación, al interior de la Casa Rosada, aseguran que una fuente de problemas segura serán las objeciones de la justicia laboral nacional, ya que la reforma incluye un traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron para el medio.

Los reclamos provenientes del Poder Judicial tienen que ver con la futura reducción de cargos y juzgados, ya que habrá un traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto implica, entre otra cosa, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que no cuentan con magistrados designados.

Desde el oficialismo aseguran que se trata de una reducción necesaria, para un espacio que desde hace tiempo vienen criticando: la justicia laboral nacional, que acusan de poco parcial, y a la que han llegado a llamar “la industria del juicio”. Desde La Libertad Avanza hay voces que aseguran que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, indicó una fuente “calificada” a Infobae.

Este traspaso de la justicia nacional, de un nivel federal a uno bonaerense, se conoció pocas horas antes del debate de la reforma en el Senado. En cuanto se supo sobre este artículo, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.

El otro frente que preocupa a los abogados de La Libertad Avanza es lo que podrían reclamar en tribunales los gremios, ya que dentro de la reforma laboral se encuentra un artículo que modifica el orden de relevancia de los convenios de trabajo. Así, la nueva ley abre la posibilidad de que un convenio de ámbito menor, como el de un colectivo con una empresa o región, pueda imponerse sobre el convenio nacional de la rama de actividad.

De todos modos, aún si trabajan en los escenarios posibles de “judicialización”, en el círculo más cercano al presidente se priorizan las negociaciones pendientes para asegurar que los diputados aprueben la reforma. La vicepresidenta ya envió el proyecto a la Cámara Baja, donde quieren convocar al plenario de comisiones para el próximo miércoles 18 de febrero, que es fecha tope para elevar leyes.

Teniendo una composición favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo, el plan sería que ese mismo miércoles se discuta como único tema, entre todos los diputados, la Ley de Modernización Laboral. Con este fin, el presidente Javier Milei debe firmar un decreto que extiende el “periodo extraordinario de sesiones”, hasta el 28 de febrero. Esto, porque el reglamento de la Cámara de Diputados establece que los despachos pueden firmarse hasta 10 días antes del cierre de cada período, sea ordinario o extraordinario.

Para el gobierno no hay tiempo que perder: el 1 de marzo, Milei debe dar su discurso ante la Asamblea Legislativa, en la apertura del periodo ordinario. Y el presidente quiere poder contar con la Ley de Modernización Laboral aprobada para ese momento.

Ahora bien, frente a este estrecho calendario, hay obstáculos que podrían aparecer en la misma Cámara Baja. Eso, porque desde el PRO, partido de derecha del expresidente Mauricio Macri, buscan meter un artículo en el que se pueda pagar a través de “billeteras virtuales”, una medida que había sido descartada por el gobierno.

Queda en los macristas decidir si priorizar su posición o reculan para darle la victoria a Milei, ya que, en caso de que se apruebe la idea de hacer una modificación al texto, este tendría que volver al Senado y aprobarse otra vez. Esto, dejando al presidente con su discurso de 1 de marzo “a medias”.

Desde Provincias Unidas, un espacio donde los senadores votaron a favor de la reforma laboral, también ponen sus peros, y piden dar marcha atrás al artículo 44 del texto, que se refiere a las licencias por enfermedad.

El artículo modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, y estipula que en caso de accidente o enfermedad que no estén ligadas a su trabajo, el empleado “tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración” durante tres meses o seis meses si tiene personas a cargo. “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de la remuneración”, agrega el texto, que cambiaría radicalmente lo que es legal hoy por hoy: un periodo de licencias de hasta 12 meses, en el que se cobra el 100% del salario.

El bloque Provincias Unidas tiene 17 diputados, y podría complicar seriamente al oficialismo si sus miembros insistieran en eliminar o modificar ese artículo. Por esto mismo, se espera que el gobierno lance todo tipo de negociaciones para detener al bloque opositor.

Desde el grupo Sitio Andino, por su parte, entrevistaron a distintos abogados laboralistas y gremios, identificando artículos de la reforma que, en sí, podrían llegar a ser objetados judicialmente, aún si la ley entra en vigencia. Uno de los principales focos de conflicto, indica el medio, sería la “redefinición del concepto de salario”, ya que “excluye ítems como auto o celular corporativo para el cálculo indemnizatorio, pese a la doctrina amplia que la Corte sostuvo en fallos anteriores”.

Otro punto que podría generar polémica en el futuro es el tema de las licencias por enfermedad no laboral, ya que podría chocar con tratados internacionales y precedentes del máximo tribunal argentino. Así mismo, la posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas también genera dudas sobre la constitucionalidad de la medida.