La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que aumenta la protección judicial de diputados y senadores. Se trata de la llamada PEC del Blindaje. En caso de ser aprobada en el Senado podría beneficiar a una serie de parlamentarios que actualmente están siendo investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El proyecto de ley, impulsado principalmente por los partidos políticos agrupados en el llamado Centrão, fue aprobado en dos vueltas: 353 votos a favor y 134 en contra en la primera y 344 en contra y 133 en la segunda.

Sin embargo, la Cámara aún debe votar dos enmiendas antes de enviar la PEC al Senado. Y allí las perspectivas para que el proyecto avance no son positivas.

El texto introduce una serie de cambios en temas como las medidas cautelares y la jurisdicción privilegiada para diputados, senadores y presidentes de partidos. La propuesta cuenta con el apoyo de congresistas de diferentes partidos, especialmente los del Centrão.

Los congresistas a favor de la PEC afirman que esta retoma las normas de la Constitución de 1988. Sin embargo, en realidad, añade nuevas garantías, como el voto secreto para la detención de congresistas, destaca el medio G1 de Globo.

Al final de la sesión, en la madrugada de este miércoles, los diputados aprobaron un punto destacado -una sugerencia de cambio- que retiró de la PEC la previsión de voto secreto para autorizar la apertura de procedimientos contra parlamentarios.

Pero los líderes del Centrão intentarán restablecer el texto original de la PEC este miércoles y reanudar la votación secreta para autorizar la apertura de demandas contra parlamentarios. La intención del grupo es restablecer la medida mediante la votación de una enmienda consolidada, que se espera se someta a votación en la fase de debates este miércoles.

Antes de 2001, la Constitución establecía que se requería la autorización previa de la Asamblea Legislativa para iniciar procesos penales contra diputados y senadores. Una enmienda constitucional anuló este requisito, permitiendo en los últimos años que se iniciaran procesos penales ante el Supremo Tribunal Federal contra parlamentarios acusados ​​de participar en irregularidades.

Ahora, según el texto de la PEC, antes de procesar a un parlamentario, el STF debe solicitar autorización a la Cámara de Diputados y al Senado. Sin embargo, la votación será nominal.

Un sondeo de G1 mostró que, entre 1988 y 2001, el Congreso protegió a sus parlamentarios y solo autorizó un procesamiento. Si un legislador es arrestado en flagrancia por delitos no sujetos a fianza, la propuesta prevé una votación secreta para decidir si se le excarcela o no. La Constitución ya prevé que la detención de un parlamentario en flagrancia debe ser sometida al pleno de la Cámara de Diputados para decidir si la procede o no, destaca el medio brasileño.

La PEC también establece que los parlamentarios solo podrán estar sujetos a medidas cautelares emitidas por el Supremo Tribunal Federal, no por tribunales inferiores. Asimismo, amplía la jurisdicción privilegiada y ahora incluye también a los presidentes de los partidos con representación en el Congreso. En consecuencia, serán juzgados directamente en el Supremo Tribunal Federal, como ya ocurre con el Presidente y el Vicepresidente de la República, los ministros del STF, el Ministerio Público, los diputados y senadores.

La Cámara de Diputados aún necesita votar dos enmiendas antes de que la propuesta pase al Senado.

Pero el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, Otto Alencar, se ha convertido en portavoz de la resistencia que la Enmienda Constitucional de Blindaje encontrará en el Senado.

“Nunca imaginé que los diputados tendrían tanta falta de ceremonia. Esta PEC no se aprobará aquí. No se aprobará bajo ninguna circunstancia. Esto es inimaginable”, afirma el senador en declaraciones citadas por el portal UOL.

Otto va más allá: “¿Vamos a otorgar a nuestros votantes el derecho a no rendir cuentas ante el Poder Judicial? ¿A elegir si responden o no ante la ley?”.

Otro miembro del centro, el senador Renan Calheiros, ha adoptado una postura firme contra el proyecto de ley. También ha indicado a sus aliados que trabajará para bloquear su avance en el Senado. “Reitero lo que dije el 28 de agosto: la PEC del Blindaje es un retroceso inaceptable. Sería un habeas corpus perpetuo para una casta de intocables, transformando la inmunidad en una impunidad amplia, general e irrestricta. Con mi voto y mi silencio, jamás se aprobará. Todos son iguales ante la ley”, escribió Calheiros en su cuenta de Instagram.

Con la división en el Centrão y la oposición de los partidos de izquierda, es probable que la PEC del Blindaje reciba un análisis más crítico en el Senado. Según UOL, el gobierno de Lula ha decidido que, si el proyecto está en la agenda de la Cámara, destituirá a los ministros que fueron elegidos senadores para que ayuden a bloquear el proyecto.

Pero el diario Folha de Sao Paulo destacó que si bien el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se opuso a la PEC del Blindaje, de los 67 diputados de la colectividad, 12 votaron a favor, 51 en contra y cuatro se abstuvieron en la primera vuelta.

El autor de la propuesta es Celso Sabino, actual ministro de Turismo del gobierno de Lula. Es diputado federal licenciado por el estado de Pará. Su partido, Unión Brasil, lo insta a dimitir antes de fin de mes. Presentó la PEC en 2021, cuando la Cámara estaba presidida por su aliado, el expresidente Arthur Lira.

Según el diario O Globo, entre los potenciales beneficiados con la promulgación de la enmienda constitucional se encontrarían desde los investigados por presunta apropiación indebida de enmiendas parlamentarias, como, por ejemplo, el diputado federal Elmar Nascimento, hasta el diputado Eduardo Bolsonaro, quien es blanco de una investigación por sus acciones en Estados Unidos para imponer aranceles económicos a Brasil por parte de la administración de Donald Trump.

La columnista de G1 Andréia Sadi escribió que los jueces del Supremo Tribunal Federal creen que la PEC del Blindaje puede favorecer la entrada de facciones criminales como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando da Capital (PCC) a las asambleas legislativas. Ello, porque la protección ofrecida a los parlamentarios a través de la enmienda constitucional allana el camino para que criminales sean elegidos como diputados.

Uno de los jueces recordó el reciente caso de TH Jóias en Río de Janeiro. A principios de este mes, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal revelaron que la banda de Thiego Raimundo dos Santos Silva, TH Jóias, pretendía aumentar su influencia en la política carioca mediante el nombramiento de policías miembros de la organización criminal en cargos de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro.