El proceso judicial en contra del exmandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue condenado el viernes pasado a 12 años de prisión domiciliaria, ha estado “plagado de suspicacias políticas”. Así lo calificó la abogada, estratega política y columnista del diario El Colombiano, María Clara Posada, en conversación con La Tercera este martes, quien aseguró que el exjefe de Estado “está más fuerte que nunca” aún cuando, a su juicio, es víctima de lawfare (guerra jurídica).

Las declaraciones de Posada suceden horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de medida cautelar solicitada el lunes por el equipo de defensa legal de Uribe -liderado por Jaime Granados y Diego Cadena- para pedir su libertad inmediata, argumentando irregularidades en la condena que la jueza Sandra Heredia determinó el viernes pasado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Posada también cargó contra el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, del que criticó que “están ejerciendo una presión indebida a los jueces que tienen que resolver el proceso”. Y se refirió a la multitudinaria marcha que se organiza en todo el país para este jueves, en apoyo al líder del conservador Centro Democrático y “en favor de la libertad y de la democracia”, según aseguró.

¿Cuáles son sus reparos al juicio que está enfrentando el expresidente Álvaro Uribe en este momento?

Pues mira, por primera vez, en Colombia la mayoría de los colombianos estamos presenciando que pasa un juicio político. Un juicio en el que se construye una sentencia más allá de las pruebas y de hechos, que de alguna manera indiquen la culpabilidad del procesado y en su defecto se construye alrededor de apreciaciones subjetivas de la juez que sustentan una decisión desproporcionada e injusticia, con una errónea valoración probatoria. Entonces, la percepción que yo tengo es que es un juicio político. Colombia está presenciando un juicio político.

El martes pasado, el abogado Granados dijo que iban a presentar un recurso de apelación al fallo de la jueza. En ese sentido, ¿cómo ve las posibilidades para Uribe en otras futuras instancias judiciales? ¿Estima que este proceso se puede extender mucho, o por el contrario tener un veredicto final ya pronto?

La jueza emitió un fallo de 1.140 páginas que está lleno de calificativos con una errónea valoración probatoria. En virtud de eso, la defensa del presidente encabezada por la defensa material, porque recuerda que el presidente, aunque no le leyeron el fallo, ejerció su derecho a la defensa material y apeló el caso, la defensa decide que va a presentar un recurso ante el tribunal. Pero antes de ese recurso, como se dictó una medida de privación de la libertad, que es también violatoria de los tratados internacionales de la Convención Americana y el derecho nacional, se interpuso un recurso de tutela ante el mismo tribunal. Entonces hoy tenemos dos recursos en paralelo que tienen que conocerse, que tienen que decidirse antes del 16 de octubre de este año, porque de lo contrario, prescribiríamos.

La tutela tiene 10 días y esa tutela lo que diría sería “al presidente le tienen que devolver su derecho a estar en libertad hasta tanto la sentencia no quede firme”. Ahora, tu pregunta es qué posibilidades le veo yo a esto de éxito. En el caso del presidente Uribe no ha operado la lógica ni la línea jurisprudencial. Si lo que se conociera hiciese interpretación respetuosa de la línea jurisprudencial y de la línea de unificación sobre la materia, tendrían que revocar el fallo y revocar la medida de privación de la libertad. Ahora, te repito, el proceso ha estado plagado de suspicacias políticas que le hacen pensar a la ciudadanía que no se ha surtido el derecho. Entonces, si bien confiamos en la justicia y creemos que va a prevalecer, pues tenemos ciertas prevenciones dado que hasta ahora el proceso ha desconocido los derechos del procesado y las garantías procesales que tiene cualquier ciudadano.

Los términos de prescripción, es decir, cuando ya el juicio no puede seguirse procesando, se dan el 16 de octubre de este año. Entonces, de cualquier forma, el Tribunal Superior de Bogotá va a fallar antes de ese 16 de octubre. ¿Por qué? Porque no van a dejar que un proceso tan importante para el país prescriba y se quede sin decidir. De ahí ya se interrumpe la prescripción y de ahí ya vendría la tercera instancia, que es la casación. Esa casación sí puede tardarse años en resolverse.

¿Y cómo evalúa usted el rol que está jugando el gobierno de Gustavo Petro en este juicio?

Pues mira, ahí volvemos a otra de las garantías que se han violado en este proceso. Los funcionarios públicos en Colombia pueden hacer únicamente lo que les está permitido por ley, a diferencia del ciudadano normal que puede hacer todo lo que no esté prohibido. El gobierno de Gustavo Petro y varios de los miembros del Ejecutivo, al manifestar posiciones activas sobre el caso, están ejerciendo una presión indebida a los jueces que tienen que resolver el proceso. Entonces, el gobierno del presidente Petro ha violado las garantías que tiene el ciudadano, cualquiera que sea procesado, y está ejerciendo con su conducta presiones indebidas que, repito, también están proscritas por normativa internacional, no sólo por la normativa colombiana.

Hubo algo que no te mencioné, y es que hubo un grupo, que se llama el Grupo de los 38, que hoy son 70 juristas que son exmagistrados de altas cortes, exdecanos de escuelas de derecho de las facultades más prestigiosas, catedráticos respetados y litigantes de altísimo renombre, que han conceptuado sobre este proceso y que han coincidido, siendo de distintas corrientes ideológicas, que es un caso paradigmático de lawfare, y que la violación a la libertad del presidente Uribe constituye una violación a los derechos humanos.

¿Cómo califica usted el trabajo que han hecho los abogados Granados y Cadena?

Un trabajo juicioso, riguroso, ceñido a los estándares más altos del derecho local e internacional. Un trabajo, además, de unas calidades humanas muy grandes, toda vez que han tenido que soportar muchos agravios durante las audiencias, muchas violaciones reiteradas, muchas acusaciones en falso que cualquiera que haya atendido el proceso las puede identificar. Y yo creo que ellos acá están priorizando dos cosas. Primero, sacar en limpio el nombre del presidente, demostrar -aunque uno no debería tener la carga de hacerlo- la inocencia del presidente, devolverle su libertad y, en paralelo, mostrar que una justicia independiente es la base de un Estado de derecho. Y yo creo que eso es lo que ellos han querido refrendar con cada una de sus actuaciones tan respetuosas del modelo jurisprudencial colombiano.

¿Cómo cree usted que puede afectar este juicio al uribismo y a sus candidatos de cara a las elecciones que Colombia tiene el próximo año?

Mira, yo creo que este proceso con el que la izquierda más radical del país pensó que iba a obtener un trofeo, lo que hizo fue resucitar ese sentimiento uribista que aún yacía por ahí en los corazones de las mayorías de los colombianos, porque la gente ante la injusticia se ha movilizado. Entonces, creo que al final lo que estamos viendo es a un expresidente Uribe más fuerte que nunca, más vivo que nunca y con mayor posibilidad de convocatoria que nunca. Yo, si te pudiera decir, yo me dedico a asesorar campañas políticas, eso es mi oficio, soy abogada, pero me dedico a eso. Y si te pudiera hacer una lectura, digamos, premonitoria, de lo que va a pasar, yo pensaría que el presidente Uribe va a poner una inmensa fuerza en el Congreso y va a ser determinante a la hora de elegir el presidente de la República, que obviamente será de su corriente ideológica. No de su partido necesariamente, pero sí de su corriente ideológica.

Usted está organizando marchas en apoyo a Uribe para este jueves, ¿qué esperan de estas movilizaciones?

Sí. El jueves 7 de agosto, Colombia va a marchar en respaldo al presidente Uribe. Y más allá de eso, en respaldo a la democracia y la libertad, porque acá pasa algo. Esa violación que hoy estamos viendo al Presidente, mucha gente tiende a entenderla como una violación a Álvaro Uribe, pero no. Cuando la justicia empieza a volverse selectiva, esa justicia deja de ser un escudo para volverse un arma con la que van a herir a cualquier persona que no le sea agradable al régimen. Entonces los colombianos vamos a salir a marchar precisamente para reclamar esa majestad de la justicia y para demandar que las garantías no sean selectivas, sino que sean totales y de cumplimiento a raja tabla.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que en Colombia se usó el poder judicial como “arma”. Petro respondió a eso y acusó a Rubio de “intromisión a la soberanía nacional”. ¿Cómo evalúa usted el rol de Estados Unidos en este proceso?

Pues mira, lo primero es que la lectura que hizo el secretario de Estado no es alejada de la realidad. Esto es un caso paradigmático de lawfare, que es el uso del derecho para exterminar a un enemigo político, para sacarlo de la carrera política. Habiendo dicho eso, pues evidentemente Colombia es el mejor socio en el hemisferio del gobierno norteamericano. Razón por la cual todo lo que pase en este país es de interés para el gobierno norteamericano. Entonces yo no creo que sea una interferencia indebida en los asuntos internos, como una preocupación genuina por el orden, las libertades y las garantías procesales que deben regir en el país, que es uno de sus mejores socios.

El propio presidente Donald Trump no se ha referido directamente a este proceso, pero en 2020 él sí definió a Uribe como un “héroe” y como un “aliado” de Estados Unidos. En el entorno del exmandatario, ¿esperan declaraciones similares de Trump en esta ocasión?

Yo creo que el presidente Trump ha tenido un secretario de Estado supremamente activo con las cuestiones que tienen que ver con el hemisferio, entre otras cosas, pues por su origen latino y porque su esposa es de ancestros colombianos. Entonces yo creo que acá lo que logramos entender, es que hay unos pronunciamientos de Estado independientemente de quien los emita. Cualquier pronunciamiento que haga hoy Marco Rubio para nosotros tiene la misma validez y el mismo impacto que si lo hiciera el presidente de Estados Unidos.