Con el fin de evaluar el proceso de nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista (1936-1975) en virtud de la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitó Santiago el viernes y sábado, después de una escala de dos días en Argentina con el mismo objetivo.

Según la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, “todas aquellas personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”.

Para formalizar las solicitudes se estableció un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque posteriormente se aprobó una prórroga de un año, que finaliza el próximo 22 de octubre.

En una entrevista con Radio Mitre, en Argentina, el ministro Torres destacó la importancia de la Ley de Memoria Democrática. “Esto es una buena ley, es una ley justa, hay mucho que reparar: durante muchísimas décadas los españoles tuvimos suerte de que nos acogieron con los brazos abiertos en nuestros países hermanos de América”, mencionó, al cuestionar el recurso elevado por el Partido Popular y Vox para derogarla.

Según datos provisionales ofrecidos por los asesores del ministro, un total de 876.321 personas han pedido a nivel global la nacionalidad española en virtud de esta ley, de las cuales se han aprobado ya 414.652. Argentina acumula el 40% de las solicitudes: 366.579 peticiones y 174.277 autorizadas, lo que convierte a este país en el que más peticiones se han registrado. “Pero ha habido mucho ritmo en agosto y septiembre, así que vamos a actualizar los datos al 31 de diciembre y serán los definitivos”, aclaró Torres en declaraciones al diario Clarín.

En el caso de Chile, el gobierno de España, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, ha concedido la nacionalidad española a 36.041 descendientes de exiliados y exiliadas que tuvieron que emigrar a Chile durante la guerra y la dictadura, indicó Torres durante un encuentro con medios chilenos, entre ellos La Tercera.

Con datos oficiales, al 31 de julio, se han producido 44.181 peticiones, y ya son 9.310 los hijos y nietos de españoles emigrados a Chile que constan como inscritos y cuentan con su pasaporte.

“Chile les salvó. Les proporcionó un hogar. Aquí crecieron sus hijos e hijas. Sus nietos y nietas. El calor del pueblo chileno les permitió rehacer sus vidas. Y ellos y ellas también contribuyeron a hacer más grande este país con su esfuerzo”, señaló el ministro, que estuvo acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la embajadora de España en Chile, Laura Oroz.

Torres destacó que “el gobierno de España ha demostrado una gran sensibilidad” con el reconocimiento a los emigrantes españoles. “Es la quinta ocasión en la que abrimos un plazo excepcional para optar a la nacionalidad. La última, el 9 de julio de 2024, cuando ampliábamos un año, hasta el próximo 22 de octubre, el período para que los descendientes de exiliados puedan acogerse a la Ley de Memoria Democrática”.

En todo caso, en entrevista con Clarín, Torres dijo que “no se cierra la puerta a que esta misma ley pueda ser modificada en el futuro y se amplíe nuevamente el plazo para nuevas solicitudes de ciudadanía”.

El ministro indicó que las peticiones que lleguen antes de esa fecha tope serán “tramitadas y atendidas”, y constató el esfuerzo que se está llevando a cabo el personal del consulado para hacer frente al volumen de solicitudes que se están registrando.

Según informó La Moncloa el 19 de septiembre pasado, más de un 95% de las solicitudes se recibieron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, los cinco consulados en Argentina representan un 40% de las solicitudes totales, y junto con el de La Habana (Cuba), superan el 53% del total.

Por su parte, el Consulado General de España en Cuba recibió 107.338 solicitudes, lo que supone un 12,24%. El siguiente país con más peticiones fue Brasil, con el 10,97%; México, con el 9,71%; Chile, que acumula el 5,04%, y Venezuela, con el 2,45% del total.

Se estima que al final de proceso la Ley de Memoria Democrática otorgará la nacionalidad a dos millones de nuevos ciudadanos españoles en el exterior. Incluso, la periodista española y exdirectora del diario El País Soledad Gallego-Díaz, en una columna publicada en ese medio a fines de junio, extendió esa cifra a “tres millones de nuevos españoles con derecho a voto”.

“La participación en las elecciones de los nietos de emigrantes y exiliados traerá problemas técnicos y tendrá un gran peso político”, advirtió Gallego-Díaz. En ese sentido, recordó que “el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció en su momento que cuando llegara a La Moncloa derogaría la Ley de Memoria Democrática, lo que constituye, además, una gran reivindicación del grupo de extrema derecha Vox, tal y como ha quedado demostrado en las comunidades autónomas donde existen acuerdos PP-Vox”.

“El interés del Partido Popular por el voto exterior siempre ha sido grande, sobre todo en las comunidades autónomas donde gobierna, como Galicia, y donde el peso de ese voto es apreciable”, destacó.