Ben Saul, quien es relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, señaló este viernes que Estados Unidos “asesinó extrajudicialmente a 151 civiles en alta mar” justificándolo por una “nueva guerra ficticia contra el narcoterrorismo”, lo cual dijo “es totalmente ilegal según el derecho internacional”.

Según el relator de origen australiano, Estados Unidos “ha matado ilegalmente a supuestos narcotraficantes en ataques militares no provocados”. Según él, sin aportar pruebas que demuestren que la tripulación de estas naves tenía relación con actividades ilícitas.

El último de estos ataques se llevó a cabo el pasado domingo en que EE.UU. abatió una lancha que “estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, según explicó el Comando Sur.

Desde que comenzó la operación llamada Lanza del Sur en septiembre de 2025, Estados Unidos ha atacado a 45 embarcaciones en el océano Pacífico.

En la conferencia llevaba a cabo en Guatemala, el abogado, además, se refirió al conflicto en el Medio Oriente, en que criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por aprobar una resolución que no condenó a EE.UU. e Israel con el derecho internacional pero sí la respuesta “excesiva e ilegal” de Irán.

Igualmente, reconoció que los ataques llevados a cabo por Irán a sus países vecinos como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, “son claramente ilegales según el derecho internacional, no constituyen una agresión contra Irán y no pueden ser atacados en respuesta”.

Por lo anterior, Saul propuso medidas preventivas que los Estados deberían adoptar urgentemente para respetar los derechos humanos en el combate del terrorismo como:

• Que los Estados no reconozcan automáticamente las listas de terroristas extranjeros.
• Que las solicitudes de extradición deban estar sujetas al escrutinio de los cargos de terrorismo extranjero.
• Que se ponga atención a las afirmaciones de que los solicitantes de asilo y los refugiados son “terroristas”
• Que se regule el uso de nuevas tecnologías antiterroristas.
• Que se refuercen y formalicen las salvaguardias sobre el intercambio transfronterizo de información por parte de todas las autoridades.