El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está sustituyendo al Estado de derecho en todo el mundo, lamentando violaciones de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional como el uso ilegal de la fuerza, ataques a infraestructuras civiles, abusos contra los Derechos Humanos y denegaciones de ayuda humanitaria vital en múltiples lugares, como la Franja de Gaza o Ucrania.

“En todo el mundo, el Estado de derecho está siendo reemplazado por la ley de la selva”, advirtió el dirigente portugués, apuntando a “flagrantes violaciones del Derecho Internacional y un descarado desprecio por la Carta de las Naciones Unidas”.

Al hilo, lamentó que “desde Gaza hasta Ucrania, y en todo el mundo, el Estado de derecho se trata como un menú a la carta”, citando “el uso ilegal de la fuerza, los ataques contra infraestructuras civiles, las violaciones y abusos de Derechos Humanos, el desarrollo ilegal de armas nucleares, cambios inconstitucionales de gobierno y la denegación de ayuda humanitaria vital”, violaciones que “sientan precedentes peligrosos”.

En esta línea, Guterres defendió el papel del Derecho Internacional, que definió como “un salvavidas” para los países “más pequeños y menos poderosos” y como “una barrera que define lo que es aceptable y lo que no” para los poderosos “en tiempos de desacuerdo, división y conflicto abierto”.

El representante de la ONU defendió de este modo el rol del Consejo de Seguridad, “el único en ejercer la autoridad que le otorga la Carta para actuar en nombre de todos los Estados miembros en cuestiones de paz y seguridad”, especialmente por su capacidad de tomar decisiones “vinculantes para todos”.

Por ello, sostuvo su propuesta de reforma, que dividió en tres puntos: obligar a los países a “cumplir sus promesas” en torno a la Carta de Naciones Unidas, instar a los Estados miembros “a que aprovechen plenamente los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Carta para prevenir desde el principio el estallido de conflictos” y “el uso de procedimientos judiciales justos e independientes”.

A este último respecto, describió como “alentador” el “creciente recurso a los tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia”, en cuya defensa reiteró su “llamamiento a todos los Estados miembros para que acepten su jurisdicción obligatoria sin reservas”.

Al hilo, también defendió que el Tribunal Penal Internacional, objeto de sanciones de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, “debe poder operar de forma independiente”, argumentando que “no puede haber una paz justa ni sostenible sin rendición de cuentas”.