Una corte de apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes un fallo de un tribunal inferior que impedía temporalmente al gobierno de Donald Trump revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los más de 600 mil venezolanos que lo poseen para trabajar y residir en ese país.

“Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral. Los demandantes han demostrado que enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida”, sostuvo la jueza Kim Wardlaw, integrante del panel de tres magistrados -todos designados en gobiernos de signo demócrata- que ratificó el fallo.

Según recoge CNN, aún no están claros los efectos de la resolución para la población venezolana beneficiaria. Los abogados de los beneficiarios dijeron al citado medio que algunos de sus clientes han sido despedidos, detenidos, separados de sus hijos de nacionalidad estadounidense o deportados. Alrededor de 350 mil protecciones expiraron en abril y otras 250 mil lo harán el 10 de septiembre.

Se espera, no obstante, que el Ejecutivo apele al fallo del Noveno Circuito ante la Corte Suprema, ente que en su mayoría tiene jueces nombrados por Trump, reportó Deutsche Welle.

El estatus de protección permite que las personas puedan vivir y trabajar por un periodo determinado en Estados Unidos, en caso de que sus países de origen hayan experimentado un desastre natural, un conflicto armado o un acontecimiento extraordinario. La Oficina de Washington para Latinoamérica informa en su sitio web que desde marzo de 2021 que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. otorga a los venezolanos la elegibilidad para estatuto en atención a la “grave emergencia humanitaria” y las “violaciones de derechos humanos” en su país.

Una de las primeras medidas de Trump al asumir la presidencia de EE.UU. a inicios de este año, fue suspender este beneficio debido a que, según documentos clasificados a los que tuvo acceso The New York Times, “ya no servía al interés nacional de Estados Unidos”.

Sin embargo, este intento se vio frustrado cuando a fines de marzo el juez federal Edward Chen la bloqueó argumentando que ésta calificaba erróneamente a los ciudadanos venezolanos como criminales. La administración Trump recurrió a la Corte Suprema y el citado tribunal determinó que se suspenda temporalmente la protección mientras el caso se resuelve legalmente.