El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes a penas de prisión de ocho a 26 años a cinco de los seis imputados en el segundo de los cinco grupos de acusados por el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, una trama que tuvo lugar entre 2022 y 2023.

Entre los condenados está el general retirado del Ejército Mário Fernandes, quien se desempañaba como secretario ejecutivo de la Presidencia y por su rol en la trama, recibió la pena más alta del grupo: 26 años y seis meses de prisión.

Asimismo, el entonces director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, fue sentenciado a 24 años y seis meses de cárcel, mientras que los exasesores de Bolsonaro, Marcelo Cámara y Filipe Martins -este, de asuntos internacionales-, han recibido sendas condenas de 21 años de prisión.

Sus penas responden a los cargos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daños agravados y deterioro del patrimonio.

Por su parte, la exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Alencar, fue condenada únicamente por intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho y golpe de Estado, por lo que se le ha condenado a ocho años y seis meses de prisión.

Tanto a Alencar como a Vasques se les impuso la pérdida de sus respectivos cargos públicos de delegada de la Policía Federal y secretario municipal de Desarrollo Económico en la ciudad de San José, en el estado de Santa Catarina; respectivamente.

Asimismo, el alto tribunal decidió suspender por ocho años los derechos políticos de todos los acusados, que “no podrán votar ni postularse para ningún cargo público”, reza el comunicado, que también recoge una multa conjunta por valor de 30 millones de reales brasileños (cercano a los $ 5 mil millones de pesos) “por daño moral colectivo”, una sanción a pagar “junto con todos los condenados por su participación en los sucesos del 8 de enero de 2023”.

En cambio, el delegado de la Policía Federal, Fernando Oliveira, fue absuelto por falta de evidencia en su contra, ya que, según el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, “incluso si hubiera tenido conocimiento de los hechos, no existen pruebas suficientes de que se uniera al movimiento golpista”.

El juicio del segundo grupo de acusados fue el último de los cinco en celebrarse, en el marco de un largo proceso judicial que ha aglutinado 1.734 acciones penales, 619 de ellas sobre “crímenes más graves, como organización criminal, intento de golpe de Estado y delitos contra el Estado democrático de derecho”, según señaló el Supremo en otro comunicado.

Como resultado, al final del año judicial, la Primera Sala de la corte ha condenado “a 810 personas, 395 por delitos graves y 415 por delitos menos graves, además de 14 absoluciones”, reza el texto, que apunta también a 346 causas penales aún en fase final de investigación y 98 acusaciones ya presentadas, “en su mayoría relacionadas con quienes financiaron los hechos, lo que requirió investigaciones más complejas”.

En este contexto, la jueza decana de la Sala, Carmen Lúcia, estimó que “es inédito en la historia de Brasil que el Tribunal Supremo haya sido llamado, si no para prevenir, al menos para dejar claro que toda forma de agresión contra la democracia, las instituciones democráticas y el Estado democrático de Derecho tiene hoy una respuesta conforme a la legislación brasileña”.

“Y esta respuesta se dará porque existe un Poder Judicial independiente e imparcial para juzgar todos los casos”, concluyó.