El National Trust for Historic Preservation, el principal grupo de preservación histórica de los Estados Unidos, demandó este viernes a la administración de Donald Trump para bloquear la construcción de un nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca, hasta que las juntas de revisión evalúen el proyecto.

La organización sin fines de lucro, creada por el Congreso y encargada de preservar edificios históricos, dijo que presentó la demanda porque su anterior carta instando a una pausa en el proyecto, por el que en octubre ya se demolió la histórica Ala Este, no había sido atendida.

“Ningún presidente está legalmente autorizado a demoler partes de la Casa Blanca sin revisión alguna: ni el presidente Trump, ni el presidente Joe Biden, ni nadie más”, dice el recurso.

En su demanda, el organismo está pidiendo al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito de Columbia, que detenga cualquier actividad hasta que la administración cumpla con los procesos de revisión, incluido un período de comentarios públicos.

“La Casa Blanca es posiblemente el edificio más evocador de nuestro país y un símbolo mundialmente reconocido de nuestros poderosos ideales estadounidenses”, declaró Carol Quillen, la presidenta y directora ejecutiva de National Trust for Historic Preservation.

Para luego agregar, según detalló CNN, que “como organización encargada de proteger los lugares donde se desarrolló nuestra historia, el National Trust se vio obligado a presentar esta demanda”.

En su recurso, el grupo sostiene que la administración Trump violó la ley al iniciar la construcción sin presentar los planos a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, al no solicitar una evaluación ambiental del proyecto y al negarse a solicitar la autorización del Congreso, como informó BBC.

También afirma que Trump está violando la Constitución de Estados Unidos, “que reserva al Congreso el derecho de disponer y establecer todas las normas relativas a la propiedad perteneciente a los Estados Unidos”.

Junto al jefe de Estado norteamericano, también son acusados el Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior y la Administración de Servicios Generales, junto con los funcionarios que trabajan en dichas agencias.

Este mismo viernes el gobierno estadounidense respondió a la demanda con una declaración en que afirma que “el presidente Trump tiene plena autoridad legal para modernizar, renovar y embellecer la Casa Blanca, tal como lo hicieron todos sus predecesores”.