Este viernes, la Municipalidad de Las Condes concretó el pago de $9.600 millones -cerca de 10 millones de dólares- a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, dando cierre a una larga disputa judicial que se arrastra desde 2016.

La actual alcaldesa Catalina San Martín (ind.), confirmó la transferencia de los fondos y apuntó directamente a la gestión de su antecesor, Joaquín Lavín (UDI), como responsable de la condena que afecta hoy las finanzas municipales.

“Es un daño enorme al patrimonio de los vecinos de Las Condes. Esto va a tener un grave impacto en las finanzas de la comuna y podría condicionar la ejecución de proyectos muy relevantes para nosotros como la construcción del nuevo Cesfam”, sostuvo la alcaldesa tras concretar el desembolso ordenado por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando bajo la administración de Lavín se ordenó la paralización de las obras del proyecto “Vespucio 345”, en el sector de El Golf, pese a que contaba con permisos de edificación. Según argumentó en ese entonces el municipio, existían discrepancias en el metraje del terreno informado por la inmobiliaria, lo que habría afectado el cálculo de la constructibilidad. La decisión fue replicada en al menos tres ocasiones.

Sin embargo, en 2021 la empresa -propiedad de Pablo Letelier y Juan José Gana- presentó una demanda por “falta de servicio”, acusando que el actuar del municipio fue ilegal y arbitrario. En 2023, el tribunal civil falló a su favor, condenando al municipio al pago de una indemnización multimillonaria.

A ello siguieron recursos de casación y apelación por parte del municipio, que fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago debido a errores de procedimiento. Finalmente, a comienzos de este año, la administración de San Martín acudió al Tribunal Constitucional buscando frenar el pago, pero sin éxito.

“El fallo establece con claridad que la administración de la época no tenía atribuciones legales para detener las obras. Esta sentencia nos obliga a pagar por errores cometidos por la administración de Lavín, se trata de una indemnización histórica que afecta duramente el patrimonio municipal y de la que lamentablemente tenemos que hacernos cargo hoy”, enfatizó San Martín.

La alcaldesa agregó que, de no haberse realizado el pago este viernes, existía el riesgo de que la inmobiliaria solicitara un embargo, acción que incluso podría haber comprometido bienes inmuebles del municipio.